La Paz, 9 de marzo de 2025 (ANF).- Tras una extensa audiencia de más de ocho horas, el juez Fernando Mejía, del Juzgado de Instrucción Penal 12 de Santa Cruz, determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de Palmasola para Miguel Ángel G. C., gerente de la constructora MAGC, acusado de estafa múltiple en perjuicio de más de un centenar de personas.
El empresario había prometido la construcción de viviendas a través de un crédito directo con una cuota inicial del 35%; sin embargo, la empresa incumplió los contratos, dejando muchas obras inconclusas o ni siquiera iniciándolas.
Además, el juez valoró los contratos y evidenció que todos están fuera de norma debido a que no tienen respaldo de un abogado; “la Notaría nunca debió avalarlos porque las cláusulas beneficiaban exclusivamente a la empresa y perjudicaban a las víctimas”, declaró un afectado a ANF.
Las víctimas han exigido que las autoridades tomen cartas en el asunto y criticaron la falta de acción de la Oficina de Defensa del Consumidor de Santa Cruz, que se excusó de intervenir argumentando que se trata de un problema entre privados.
Durante la audiencia, la fiscalía reveló que, aunque MAGC estaba legalmente constituida, no contaba con los recursos necesarios para llevar a cabo las construcciones. La empresa carecía de maquinaria, obreros y logística; su estructura operativa se basaba en vendedores, y los contratos eran más bien de deuda que de servicio.
La constructora captaba clientes mediante redes sociales y ferias, promoviendo la adquisición de vivienda con un crédito directo. Como estrategia comercial, se ofrecían incentivos como muebles gratuitos para habitaciones y cocinas, así como la exoneración de la primera cuota.
“Nos decían que los precios iban a subir el año siguiente y que era mejor aprovechar la oferta y firmar de inmediato”, relató una de las víctimas.
Entre los denunciantes hay personas que pagaron entre Bs 30.000 y Bs 160.000 de cuota inicial sin que sus viviendas fueran construidas. Otros apenas vieron cimientos abandonados o estructuras de hierro oxidándose.
Un afectado relató que entregó su terreno para la construcción de su casa y se vio obligado a construir una casita de madera y calamina para guardar sus pertenencias mientras la construían; sin embargo, con el tiempo, la empresa dejó la obra a medias y desapareció con los materiales.
En otro caso, una familia que había vendido su vehículo para pagar la cuota inicial terminó sin auto y sin vivienda, debiendo ahora alquilar un lugar donde vivir.
La ausencia de control por parte de la constructora también afectó a los obreros. Algunos, al no recibir su pago, optaron por sustraer materiales y abandonar las obras.
La situación golpeó especialmente a jóvenes entre 20 y 30 años, quienes invirtieron sus ahorros en la promesa de una vivienda propia y hoy se ven sin recursos y endeudados.
Según el Sistema Integrado de Registro Judicial (Sirej), Miguel Ángel G. C. enfrenta al menos 18 procesos judiciales, entre los que se encuentran estafa, falsedad material, ejecución coactiva de sumas de dinero y resolución de contratos por incumplimiento.
Las víctimas han solicitado que se investigue también a la notaría que avaló los contratos fraudulentos, así como a los vendedores que convencieron a cientos de personas a invertir en un proyecto que nunca se concretó.
Para muchos afectados, la detención del gerente de MAGC es solo un primer paso y esperan que la justicia garantice la devolución del dinero perdido.
Mientras tanto, las viviendas inconclusas siguen siendo testigos del fraude, con estructuras abandonadas que reflejan la desesperanza de quienes confiaron en la promesa de tener un hogar propio.
El caso sigue en investigación y las autoridades han llamado a más afectados a presentar sus denuncias para fortalecer el proceso judicial.
Entretanto, los afectados han organizado un grupo de apoyo para exigir una solución efectiva y evitar que otras personas caigan en fraudes similares.
El juicio contra Miguel Ángel G. C. continuará en los próximos meses, mientras las víctimas mantienen la esperanza de obtener justicia y recuperar el dinero entregado.
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