La Paz, 15 de noviembre de 2023 (ANF).- A Rogelio Mayta se lo conoció por ser el abogado de los familiares de las víctimas de la Guerra del Gas en 2003, aunque el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada no prosperó. Ingresó en política en 2019, fue designado Canciller en 2020 y ahora será magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
Estudio en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde se tituló como abogado. De 52 años, nació en la ciudad de La Paz.
De acuerdo al portal de la Cancillería del Estado, Mayta a lo largo de su carrera asesoró a entidades públicas, privadas, aunque no detalla a cuáles.
También a organizaciones sociales como la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia y la Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM).
Tras la Guerra del Gas, fue uno de los impulsores del juicio al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por los casi 60 muertos de los sucesos violentos. Asumió como abogado defensor de las familias de las víctimas hasta el 2018.
Esta es una de las representaciones legales que destaca en su trayectoria, aunque es un proceso contra el exmandatario que no ha prosperado a casi 20 años de esos hechos. Sánchez de Lozada ni siquiera ha podido ser extraditado de Estados Unidos.
“Realizó investigaciones sobre justicia, arbitraje internacional inversionista – Estado, derecho procesal civil”, se lee en el portal web de la Cancillería.
En 2019, incursionó a la política, al ser candidato al Senado por el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque fue electo por el departamento de La Paz, no asumió sus funciones porque esos comicios fueron anulados. En 2020, ya no ingresó en las listas de ese partido para los comicios.
Pero en noviembre de 2020, Mayta fue posesionado -junto a otras autoridades- como ministro de Relaciones Exteriores del Estado, desde ese tiempo se mantuvo al frente de la diplomacia boliviana. En su gestión, se conoció la derrota de Bolivia frente a Chile por las aguas del Silala.
El gobierno boliviano nominó a Mayta ante la Comunidad Andina para que asuma la magistratura en el Tribunal de Justicia, lo anunció en agosto el propio presidente del Estado, Luis Arce, en esa oportunidad afirmó que lo hacía reconociendo su “mérito” y su “trayectoria” en su carrera.
“Nosotros hemos propuesto a los países de la Comunidad Andina que nuestro actual canciller, el doctor Rogelio Mayta, pueda asumir por el mérito que tiene, la carrera, la trayectoria (…) pueda irse de magistrado, hemos propuesto eso”, manifestó el mandatario.
Mayta asume el nuevo cargo en el TJ-CAN, después que el Gobierno inició acciones legales contra el exmagistrado Gustavo García Brito, quien fue electo el 14 de enero de 2020 de una terna que se presentó ante el organismo multilateral. Su postulación fue propuesta por la UMSA.
García fue uno de los tres magistrados del Tribunal de la CAN que votó en contra del Estado boliviano, en el fallo que ganó Perú en una demanda por la venta diferenciada de hidrocarburos a los transportistas de ese país, Ecuador y Colombia.
A raíz de esta decisión, el Gobierno le inició un proceso penal supuestamente porque cuestionamiento a la asunción a su cargo. No obstante, su designación fue definida por unanimidad, además de los otros que fueron parte de la terna.
“Se presenta la terna de ese país, conformada por el doctor Gustavo García Brito, para el cargo de Magistrado Titular y, los doctores Rodrigo Javier Garrón Bozo y Eufemia Sánchez Borja, como Primer y Segunda Magistrados Suplentes. El señor Javier Loayza Barea, Representante Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia ratifica las citadas postulaciones”, señala el acta de reunión de los representantes plenipotenciarios a la que accedió la ANF, una publicación de agosto de 2023.
El antecesor de Rogelio Mayta, es decir García, es especialista en derecho de las tecnologías de la información y de las comunicaciones de la UMSA, magister en derecho internacional económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, y candidato a doctor en Estudios Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Flacso, de ese mismo país.
Fue secretario del TJCA, abogado asistente del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina. En Bolivia se desempeñó como consultor en el proyecto “Para vivir en democracia” de la Corte Nacional Electoral, abogado capacitador en la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca y abogado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia.
Profesor de estado de Derecho, Democracia y Democratización en la Especialización en Derechos Humanos y Ciudadanía, en la Universidad del Estado de Bahía (UNEB), Brasil; Derecho Mercantil Internacional en la Universidad de Nariño, Colombia; Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Teoría Constitucional e Introducción al Estudio del Derecho en las Universidades Ruy Barbosa y São Salvador, en Salvador de Bahía.
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