La Paz, 27 de marzo de 2025 (ANF). - La Procuraduría General del Estado está a la espera que la disolución de la Dirección Nacional de Reivindicación Marítima (Diremar) se oficialice, a través de un decreto supremo, y no descartan iniciar una auditoría a los juicios que se sustanciaron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Esperaremos que se efectivice mediante la norma jurídica, es decir, mediante un decreto supremo que se realice la disolución de esta entidad y en el marco de nuestra competencia, si así es prudente, se realizará lo que se tenga que realizar (ya sea) auditorías, se realizará seguramente una revisión y un análisis de los procesos”, afirmó el procurador, Ricardo Condori.
Durante los actos de celebración del Día del Mar, el presidente Luis Arce anunció la disolución de Diremar porque los objetivos para los que fue creada llegaron a su final. A la vez, indicó que se analizará los dos pleitos internacionales sobre la demanda marítima y las aguas del Silala.
Diremar fue creada el 5 de abril de 2011 mediante Decreto Supremo 834 promulgado por el gobierno de Evo Morales, con el objetivo de representar al Estado boliviano en los organismos internacionales y planificar estrategias con relación a la reivindicación marítima.
Al respecto, el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, cuestionó que el gobierno de Luis Arce después de cuatro años recién haya decidido evaluar los juicios y cerrar Diremar. Consideró que ese tema será usado como distracción ante la crisis económica que atraviesa el país.
“Es una improvisación y falta de planificación, cómo es posible que después de cuatro años Luis Arce, de la forma más sinvergüenza, nos diga que recién va a evaluar los dos procesos que se han llevado en La Haya. Lo que dijo el tribunal cuando emitió el fallo es que el proceso continuaba, que Chile y Bolivia debían sentarse a hablar para la resolución de este tema”, declaró.
Rendición de cuentas sin detalles
Por otra parte, en la rendición pública de cuentas final hubo personas que llegaron con pancartas y lanzaron vítores con el objetivo de alagar la gestión, sin embargo, la Procuraduría en el evento no proporcionó información detallada, por ejemplo, de los procesos que se encuentran en los tribunales internacionales, tal como solía realizarse.
El subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales, se limitó a informar que el Estado boliviano ganó dos arbitrajes: el caso Jindall Steel Bolivia que solicitó una compensación de $us 84.515.887 y el caso Duron LLC contra Emapa que pidió una indemnización de $us 8.085.098.
Sin embargo, no mencionó la cantidad de procesos que se encuentran pendientes de resolución o aquellos que se perdieron en estrados internacionales. Tampoco se refirió a la cantidad de demandas contra el Estado en instancias internacionales de defensa de derechos humanos, sólo mencionaron que se llegó a una solución amistosa en varios casos y se pagó $us 1.167.070.
“En todo ello hemos logrado la firma de varios acuerdos de solución amistosa que abarca a 1.167.070 de dólares, es un gran avance, antes no se había firmado acuerdos de solución amistosa”, indicó.
Entre tanto, la subprocuradora de Supervisión e Intervención, Jimena Sánchez, indicó que esa instancia realiza seguimiento a 360 procesos penales, civiles y contenciosos, de los cuales se obtuvo 38 sentencias entre los que destacó el caso Petrocontratos, Misiles chinos, el Pedregal y otros.
“La procuraduría no solo interviene en procesos penales, sino también interviene en procesos civiles, coactivos fiscales, contenciosos administrativos y agroambientales. A nivel nacional se cuenta con un total de 360 procesos en los que intervenimos, 257 causas penales, 33 procesos civiles, 27 procesos coactivos, 37 contenciosos, 4 procesos contenciosos administrativos y 2 procesos agroambientales”, explicó.
/EUA/nvg/
Articulo sin comentarios
