La Paz, 27 de noviembre de 2024 (ANF). - Los gobernadores del país decidieron este miércoles rechazar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, porque no fue elaborado con base en el acuerdo que se arribó en la última reunión del Consejo Nacional de Autonomías, además no refleja la realidad económica de las regiones.
“Respecto al Presupuesto General del Estado para el 2025, rechazamos el anteproyecto de ley del presupuesto 2025 toda vez que no se ha cumplido lo acordado e instruido por el presidente del Estado en el último Consejo Nacional de Autonomías y las reuniones técnicas con los diferentes ministerios”, informó el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera.
En el encuentro participaron los gobernadores de Santa Cruz, Mario Aguilera; de Chuquisaca, Damián Condori; de Tarija, Oscar Montes; y de Cochabamba, Humberto Sánchez, además de los equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí, cita en la que acordando lo siguiente. Mientras que estaban ausentes los gobernadores de Pando, Regis Richter y, de La Paz, Santos Quispe.
En ese contexto, la autoridad departamental de Tarija, Oscar Montes, consideró que el PGE no contempla la realidad económica de las gobernaciones que deben solventar gastos impuestos por el nivel central.
“Es por eso que rechazamos el Presupuesto General del Estado, no contempla la realidad de los gobiernos departamentales que somos el dique de contención política, social y administrativa del país. Los alcaldes nos vienen a hacer huelga y, cada vez con menos recursos, tenemos que apoyar financieramente a los gobiernos municipales”, añadió.
Asimismo, afirmó que existe una disminución de las regalías por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en un 18% anualmente. Estiman que en los próximos cuatro años la producción de gas no alcanzará ni para el consumo interno y obligará al gobierno importar gas natural.
“De acuerdo a las estadísticas que tenemos de todos los campos gasíferos de las regiones productoras, la proyección que tenemos es que entre 3 o 4 años la producción de gas no va a alcanzar ni siquiera para solventar el mercado interno. Significa que, si Bolivia sigue importando y no se reponen las reservas, vamos a importar no solo diésel y gasolina, sino también gas natural y eso será una debacle para la economía del país”, manifestó.
Otras de las conclusiones que emitieron fue celebrar la sentencia constitucional 040/2024 que rompió el candado establecido en la Ley Madre Tierra y se abre la posibilidad para que Bolivia proteja sus bosques y reciba ingresos.
“Se contempla que en Bolivia existen al menos 55 millones de hectáreas de cuerpos boscosos que pueden generar al menos $us 5.000 millones de ingresos anuales por conceptos de servicios medioambientales”, dice otra determinación.
A la vez, rechazan que no se tome en cuenta a municipios, gobiernos indígenas, gobernaciones, y población en general que habita, gestiona y protege los bosques en el país en el Decreto Supremo 5264 que establece los lineamientos para la gestión y el acceso al financiamiento por cambio climático.
Solicitan un marco legal que garantice una protección, administración de bosques y una distribución equitativa, democrática de los recursos que generan para los bolivianos, exigen que se hagan partícipes a los diferentes niveles del Estado.
A la vez, trabajarán en una propuesta por tiempo y materia para analizar los aspectos técnicos, ambientales, jurídicos, políticos y sociales que permita la participación de las entidades territoriales autónomas en la distribución de los recursos por mercado de carbonos.
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