La Paz, 2 de enero (ANF).- El diputado José Carlos Gutiérrez (Movimiento Demócrata Social) lamentó que a seis días de realizada una denuncia formal contra el MAS por la difusión ilegal de una encuesta electoral que favorece a Evo Morales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) siga guardando un “silencio cómplice” con el oficialismo, por lo que volvió a exigir la cancelación de la personalidad jurídica y la inhabilitación de sus candidatos presidenciales.
Además, el legislador de oposición complementó su denuncia mostrando que la encuesta de la denuncia también fue publicada en los diarios Correo del Sur, de Chuquisaca, y El Potosí, de la capital minera del país, en fecha 16 de diciembre de 2018.
“Esto demuestra que el partido de gobierno está haciendo campaña ilegal en todo el país, con la complicidad del TSE. A seis días de la denuncia contra el MAS, no hay respuesta de los vocales electorales, pese a que la Ley es clara en este aspecto y ordena la inmediata cancelación de la personalidad jurídica del partido que cometa este delito electoral”, manifestó el parlamentario.
Por otro lado, Gutiérrez solicitó información adicional a los diarios que publicaron el estudio para confirmar su denuncia y establecer si hay otros delitos concurrentes en su difusión, ya que de confirmarse el uso de recursos del Estado en su pago se podría establecer otros delitos de índole penal, como malversación o mal uso de fondos públicos.
“Exigimos el pronunciamiento inmediato del TSE y el cese de su silencio cómplice, creo que el pueblo boliviano también merece una explicación del principal favorecido con la publicación de la encuesta ilegal: el señor Evo Morales, quien insistimos debe ser inhabilitado para participar en las elecciones de este año”, sostuvo.
Según el artículo 135 de la Ley del Régimen Electoral, la difusión de estudios de opinión en materia electoral está prohibida cuando estos sean encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas o por entidades estatales, o financiados con fondos públicos.
En caso de transgresión, el artículo 136 de la norma citada establece que la sanción para la organización política responsable es “la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”, además de multa.
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