La Paz, 14 de noviembre de 2022 (ANF).- El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sostuvo esta mañana que no aceptó nada en relación a la propuesta del Gobierno sobre la fecha de ejecución del Censo de Población y Vivienda; sin embargo, la pasada jornada en el cabildo celebró que se consiguió que la encuesta nacional sea en marzo de 2024.
“El gobierno nacional había decidido realizar un censo en junio de 2024, entregar datos en 2025 y aplicar sus resultados en 2026. Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre de ese mismo año. Tenemos que ir por más, porque el decreto mezquino aprobado ayer omite lo imprescindible, y con ello relega su aplicación electoral. Ya se obtuvieron importantes logros, hoy nos toca continuar la lucha. Son 23 días de sacrificio que ya dieron sus resultados, pero su concreción ahora depende de las acciones que vamos a asumir”, sostuvo la pasada jornada el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz en su discurso del cabildo.
Sin embargo, en contacto con Unitel, Calvo esta mañana sostuvo que no aceptó nada respecto a las fechas que planteó el Gobierno para la redistribución de recursos económicos y el reordenamiento de los escaños parlamentarios con la ejecución del Censo el 23 de marzo del 2024.
“Yo no estoy aceptando nada, que quede claro, mucha gente se confundió, se equivocó y tuvo reacciones. En ninguna parte se dice que el paro terminaba en 72 horas. Nosotros no creemos en decretos supremos (…). Nosotros queremos censo 2023, que quede claro, pero usted tiene que fijarse los resultados al fin y al cabo. El censo 2023 es la lucha de los bolivianos, pero queremos los resultados, que es lo más importante, en el 2024 para que estos resultados puedan ser implementados en las elecciones del 2025 y el 2024 podamos recibir los recursos”, explicó el líder cívico.
El presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo 4824 el sábado para estipular la ejecución del empadronamiento el 23 de marzo de 2024 y con la garantía de que sus resultados se aplicarán ese año para la redistribución de recursos económicos.
La pasada jornada, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró que el Gobierno entregará los datos del Censo de Población y Vivienda hasta diciembre del 2024 para que el Tribunal Supremo Electoral pueda planificar la redistribución de escaños para las elecciones del 2025.
Los cívicos exigen que todas las promesas del Gobierno se materialicen en una ley que garantice la redistribución de recursos económicos en 2024 y la entrega de datos oficiales para la nueva asignación de escaños en el mismo año para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a las elecciones generales con la nueva distribución de representación legislativa.
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