La Paz, 26 de septiembre de 2022 (ANF).- La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) denunció que tras 11 años del caso Chaparina, donde la Policía reprimió a indígenas que marchaban hacia La Paz, no se hizo justicia ni se juzgó a las autoridades quienes eran verdaderos autores del operativo y que ahora gozan de impunidad.
El 2011, cientos de pobladores de tierras bajas protagonizaron la octava marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con destino a la Sede de Gobierno; sin embargo, en la región de Chaparina fueron brutalmente reprimidos por efectivos de la Policía.
Los principales señalados por liderar el operativo fueron Sacha Llorenti, ministro de Gobierno en ese entonces; Patricia Ballivián, expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras; Óscar Muñoz Colodro, exsubcomandante de la Policía; Edwin Foronda Franco, exinspector general de la Policía; Jorge Santiesteban Claure, excomandante de la Policía Boliviana; y los exjefes policiales Luis Zapata y Carlos Flores.
En julio de este año, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a Colodro, Zapata y Flores con dos años y ocho meses de cárcel por incumplimiento de deberes, allanamiento, vejaciones y torturas, y privación de libertad.
“En la memoria del pueblo boliviano se encuentra uno de los más aberrantes y humillantes hechos para los pueblos indigenas: la brutal represión articulada con todo el poder del Estado a la Octava Marcha Indígena, donde familias indígenas pertenecientes a tierras bajas y a tierras altas fueron reprimidas y amordazadas; fueron objeto de un trato humillante y cruel en una demostración absurda de poder e intolerancia por el gobierno y la policía. Por ello, nuestra mayor indignación ante el teatral proceso penal realizado, que no brinda justicia a las familias indígenas ni satisface la memoria del pueblo boliviano altamente respetuoso de los Derechos Humanos. La ridícula sentencia del caso Chaparina es otra vulneración más a los pueblos y marchistas de la octava marcha indígena”, indica el manifiesto de la Contiocap.
La organización exige justicia y que los principales responsables sean juzgados y castigados por los vejámenes que sufrieron los indígenas hace 11 años. Además, en su comunicado alerta de un constante avasallamiento de los territorios indígenas por normas atentatorias como la Ley de Minería y Metalurgia que cada vez empuja a los habitantes a involucrarse en la minería atentando contra el habitad de todas las reservas naturales.
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