La Paz, 14 de marzo de 2024 (ANF).- Iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, que incluya participación plural y que tome en cuenta las demandas estructurales, sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recomendó que la reforma debe incluir ocho temas.
Señaló que las demandas estructurales han venido siendo advertidas desde 2006 y que deben ser incluidas en la reforma integral del sistema de justicia en Bolivia, en relación a la justicia la población siente una “profunda desconfianza”.
La CIDH ha difundido este jueves su informe denominado: “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, en el que hace un análisis de la situación de los derechos humanos en el país, con base en lo observado durante la visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023; los desafíos estructurales, así como los principales avances y retos pendientes desde la anterior visita, realizada en 2006.
¿Cuáles son estos ocho temas que plantea la CIDH que deben estar incluidos en la reforma integral de justicia?
I) el fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía, por medio de la asignación de recursos suficientes para atender la situación de transitoriedad en las plazas judiciales y fiscales, en un plazo razonable; así como robustecimiento de las garantías de debido proceso en los procesos disciplinarios contra personas operadoras de justicia;
II) la optimización de la asignación y la ejecución presupuestaria al órgano judicial que tome en cuenta parámetros de inversión anual, necesidades de equipamiento, infraestructura y personal, rendición de cuentas transparente y atención a las deficiencias de ejecución.
III) la revisión de los programas en ejecución para la reducción de la mora procesal con el fin de comprender deficiencias, optimizarlos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
IV) la implementación efectiva de una política integral que involucre al órgano judicial y el ejecutivo para reducir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, según estándares internacionales, así como garantizar el acceso y la aplicación efectiva de los beneficios penitenciarios e indultos, con atención a la situación de personas mayores privadas de la libertad que puedan optar a dichas figuras legales.
V) la garantía de recursos judiciales efectivos, con el apoyo de un mecanismo internacional independiente que garantice la aplicación de estándares internacionales contra la detención arbitraria y la aplicación del debido proceso en cada una de las persecuciones penales que tuvieran posibles motivaciones políticas.
VI) el fortalecimiento de la jurisdicción indígena originario campesino por medio de una reforma a la Ley de Deslinde Jurisdiccional -previa consulta y consentimiento a los pueblos-; la asignación suficiente de presupuesto para su funcionamiento; la implementación efectiva de la perspectiva de interculturalidad en todos los juzgados ordinarios.
VII) a mitigación de las barreras de acceso a la justicia, incluso las barreras físicas, lingüísticas, de conocimiento y culturales.
VIII) la creación o reforma de leyes para la optimización del sistema de justicia, incluyendo la adopción de una ley de procedimientos de la jurisdicción agroambiental y la adecuación, a criterios objetivos, de los delitos de terrorismo; financiamiento del terrorismo y tortura, según estándares internacionales de las tipificaciones.
En relación al proceso de preselección y elección de candidatos en el proceso de elecciones judiciales, planteó “robustecer” el marco normativo para incluir criterios objetivos para el nombramiento de las autoridades de los máximos tribunales de justicia y del Consejo de la Magistratura, que tomen en cuenta la participación ciudadana y transparencia; así como auditorías externas independientes.
“El Estado debe garantizar que los procesos de selección se realicen en los tiempos y modalidades constitucionalmente previstas, con el fin de evitar las prórrogas de mandatos. Esto es esencial para la construcción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y la institucionalidad democrática, así como para el resguardo los proceso políticos institucionales democráticos”, precisó en el bloque de recomendaciones.
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