La Paz, 13 de marzo de 2024 (ANF).- Activistas y trabajadoras sexuales denunciaron que policías, fiscales y funcionarios del Centro Regional de Vigilancia y Referencia de VIH-SIDA El Alto (CRVIR) son los que más vulneran sus derechos, y tras presentar las quejas en las distintas instituciones, no existe ninguna respuesta por el estigma que existe hacia este sector.
“Todas las instituciones vulneran nuestros derechos, ya sea por acción o por omisión”, aseveró Sara, trabajadora sexual de la ciudad de El Alto.
“La Policía y la Fiscalía nos tratan peor que a animales, vulnerando todos nuestros derechos como mujeres, como seres humanos, como trabajadoras sexuales”, refirió.
Según los testimonios registrados por ANF, en los operativos los policías ingresan a los locales gritando ¡libreta sanitaria, carnet de identidad!, y luego las reúnen a todas en un rincón y les enfocan con las cámaras. Dicen que el uso de cámaras filmadoras es muy común.
“Al ingresar a los locales ya están con cámaras, si una chica está saliendo directamente la enfocan, si estamos adentro, la Policía golpea las puertas como queriendo sacarlas, y una tiene que salir rápido a abrir, así esté con poca ropa, la Policía ingresa y te grita ¡qué estás ocultando!”, refirió Viviana.
Dijo que el trato que reciben es como a delincuentes en flagrancia, con palabras soeces y desprecio total, y además las extorsionan, les exigen dinero o favores sexuales.
“Cuando no tienes tu carnet de identidad o tu libreta sanitaria, te piden 40 a 50 bolivianos, y si te llevan detenida te piden más para dejarte, 200, 300 bolivianos, te piden favores sexuales, es increíble, ellos dicen: ‘¡Eres puti…, cómo no vas a tener plata, tienes pues plata!’, y si no tienes te dicen: ‘préstate, llama a tu familia, llama a tus amigas’, esa es la manera como la Policía se dirige a nosotras como trabajadoras sexuales”, contó Viviana.
Agregó que incluso algunas veces los mismos dueños de locales se confabulan con los policías, y a cambio de protección les dan dinero y favores sexuales, pero sometiendo a las trabajadoras por ningún pago.
“El dueño del local nos sabe decir ‘tienes que estar con éste’; pero que me pague; ‘no, no te va a pagar, si quieres seguir trabajando, si quieres seguir conservando tu cuarto, depende de vos’”, denunció Viviana.
Laura Álvarez, activista y exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo, contó que cuando trabajaba en la institución fue encomendada a hacer una verificación de rutina a un operativo policial a locales por un posible caso de trata.
“Eran las ocho o nueve de la noche, estaban personeros de Felcc (fuerza anticrimen), de Trata y Tráfico y una fiscal, Roxana Carrizales; entró la policía brutalmente, con ese famoso ariete para abrir las puertas por la fuerza, rociaron gas pimienta sin contemplación, hasta a mí me llegó, y comenzaron a invadir cuarto por cuarto, violentamente, la mayoría era mujeres policías, y detrás de mí llegó la fiscal Carrizales, empujando a todos, era la que más vulneraba los derechos de las chicas, ni siquiera las policías mujeres eran así, la fiscal comenzó a gritarles una por una, y eran palabras de alta degradación y humillación, la fiscal Roxana Carrizales era una de esas prepotentes y abusivas, protegida en su cargo”, dijo Álvarez.
Es por eso, agregó Viviana, que ha nacido la organización ASMI (Asociación Integral de Mujeres Las Rosas de El Alto), “para defender los derechos de las compañeras, debido a que las organizaciones que hay no las defienden”. Una de las más visibles representantes de ASMI, Alejandra Gutiérrez, fue acusada y sentenciada por proxenetismo sin ninguna prueba suficiente en su contra, de acuerdo a la revisión de la acusación fiscal y el argumento de los jueces. Gutiérrez aboga por el trabajo independiente para dejar el yugo de los proxenetas.
El CRVIR, dependiente del Servicio Departamental de Salud (Sedes), es la otra institución que vulnera los derechos de las trabajadoras sexuales. “Sufrimos maltrato por las licenciadas, por los médicos, por el trato que nos dan, por la falta de medicamentos, además vulneran el derecho a la confidencialidad, hay quienes por unos cuantos pesos entregan información sobre nosotras para demostrar que somos trabajadoras sexuales”, denunció Sara.
La rivalidad en el gremio es manifiesta entre quienes defienden los intereses de las trabajadoras y entre quienes cuidan los intereses de los proxenetas y dueños de locales. En ese escenario, una conocida dirigente expuso los documentos del CRVIR de Sara en las redes sociales.
“Solo el CRVIR tiene la información, eso no puede salir de otro lugar”, remarcó.
A fines de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo realizó una visita sorpresa en el CRVIR debido a quejas y denuncias recibidas sobre la atención y dotación de medicamentos para pacientes que viven con el VIH.
“Conversamos con el personal, además se visitó la farmacia para verificar la situación actual del programa VIH/SIDA y ver qué medidas se pueden tomar para que el personal en salud mejore la atención a esta población”, señaló Ronald Céspedes, delegado Adjunto para la Vigencia y Ejercicio de los Derechos Humanos de Niña, Niño, Adolescencia, Mujeres y Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad.
Sin derecho a ser defendidas
Viviana dijo que el estigma a la trabajadora sexual es tan fuerte en Bolivia que “todas las instituciones prefieren mirar para otro lado”. Las denuncias por la vulneración a sus derechos fueron presentadas a diferentes instituciones, incluso a medios de comunicación, sin recibir ninguna atención.
“Nosotras hemos recurrido como organización (ASMI) al Ministerio de Gobierno, hemos recurrido a la Fiscalía General, a la Fiscalía Departamental de La Paz, hemos recurrido a la Defensoría del Pueblo, hasta al Órgano Judicial, hemos llegado a todas las instancias, pero ninguna ha hecho algo para defender a las trabajadoras”, señaló Viviana.
Álvarez dijo que incluso al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “le ha valido” las denuncias que presentaron, “a la unidad de Trata y Tráfico les han atado las manos, el mismo personal me ha dicho ‘no nos han dado ninguna herramienta de hacer seguimiento, no nos han comisionado nada’”.
Similar situación ocurrió con Trata y Tráfico de la FELCC, agregó, “le hemos presentado las denuncias y solicitado las investigaciones y al encargado le ha valido, hemos enviado los documentos a los medios de comunicación y tampoco, nadie ha querido hacer siquiera alguna mención por el estigma del trabajo sexual”.
Indicó que siempre van a tener en cuenta y acudir a estas instituciones para presentar las denuncias, pero como entes protectores de los derechos humanos no tienen esperanza, por la forma en que las tratan. “Qué fiscal te va a proteger si te está tratando de mujer a mujer como lo peor”, señaló en referencia a la fiscal Carrizales.
Las denuncias sobre el abuso y la explotación que cometen en contra de ellas los proxenetas y dueños de los locales, que las obligan a trabajar en las peores condiciones y sin ningún tipo de derechos, a quienes ven como sujetos desechables y no personas, no son investigados.
“Nosotros hemos contabilizado 12 dueños de más de 500 locales, con pisos, con seguridad, con administradores, con servicio de cámaras, con expendio de bebidas alcohólicas de forma abierta, que tienen convenios y tratos con autoridades y con tratantes extranjeros”, señalaron.
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