La Paz, 22 de Julio de 2023 (ANF).- Internos de la sección Palmar del penal San Pedro de La Paz mediante una carta pública denunciaron que el director del recinto carcelario teniente coronel Sergio Natalio Sillerico Blatnik y la trabajadora social Jeanneth Condori Castillo encubren los abusos y extorsiones que cometen los delegados. Señalan que pese a las constantes denuncias que les hacen llegar por escrito a estos funcionarios, nunca reciben respuesta y por el contrario las arbitrariedades continúan y sospechosamente existe una purga selectiva de la sección a todo aquel que denuncia. Los internos los implican en beneficiarios de estos cobros.
La carta -de la que se reserva la identidad de los firmantes- dirigida a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y autoridades como el viceministro de Justicia, César Siles, da cuenta del sufrimiento a que son sometidos los internos, principalmente nuevos, con cobros coactivos de dinero bajo amenaza de ser castigados físicamente. Los maltratos llegan hasta a los familiares.
No es la primera vez que las denuncias por extorsión y tratos crueles salen desde San Pedro, sin embargo, no hay respuesta de Régimen Penitenciario. Las autoridades carcelarias tampoco responden solicitudes de información a ANF que sigue esperando las respuestas desde hace más de tres meses. Las políticas de transparencia en la información no funcionan cuando cuestionan a las autoridades.
Los internos identifican a los delegados como el expolicía Bruno Macías Coyo, coordinador del consejo de delegados; José Luis Condori Mamani, delegado de la sección Palmar; Ramiro Mamani Choque, secretario de Hacienda; y, Javier Quisbert, secretario de la Oficina de la sección como los responsables de los abusos y los cobros de hasta 6.800 bolivianos por persona, cuando lo acordado era de 2.500, en el consejo de delegados, para dar mantenimiento a las secciones ante el abandono del Estado.
“Dichas personas están cometiendo abusos en contra principalmente de los Internos nuevos que llegan a la sección Palmar, a quienes exigen montos altos de: 5.800 Bs hasta 6.800 bolivianos a nombre de la gobernación dirigida por el director teniente coronel Sergio Natalio Sillerico Blatnik”, se lee en parte de la carta.
Y si no cumplen con lo exigido, “a los nuevos nos castigan y torturan, andamos asustados, preocupados porque no tenemos ni donde pasar la noche por falta de dinero”.
Los abusos son recurrentes, y cual dueños de las secciones, los delegados tienen la potestad de expulsar a quienes no tienen dinero para pagar por su permanencia o a quienes no terminan de pagar la cuota exigida. San Pedro es una cárcel pública pero donde prima el capital y la propiedad privada.
Los familiares de los internos también son afectados de forma directa. En muchos de los casos son los que reciben la llamada de celular de los delegados para exigirles el pago, sino sus hijos o esposos serán “castigados”.
“Incluso les gritan a las mamás, a las esposas que tienen que rogar para que les rebajen los montos”, se lee en otra parte de la denuncia.
Pese a que las denuncias son constantes, remarcan, “el coronel del penal y la trabajadora social no hacen nada al respecto y ven el abuso de los internos sobre todo a los nuevos”.
Los internos afectados piden a las organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y autoridades acudir en su ayuda para sacarlos de “esta triste vida que amenaza nuestra salud, integridad física y la de nuestras familias, mientras Régimen Penitenciario no hace nada”.
“Tenemos temor de represalias al hacer esta denuncia, pero nos vemos obligados a hacerlo para parar este abuso, confiamos en que puedan obrar por nosotros para cambiar esta situación”.
Pero las represalias ya empezaron. Internos de Palmar dijeron a ANF que dos privados de libertad fueron acusados por los delegados de ser “buzos” (informantes) luego de la denuncia presentada y con facilidad lograron que los castiguen, en coordinación de la policía y Régimen Penitenciario, para que sean enviados a Muralla, un lugar donde se vive el encierro riguroso dentro de la cárcel en condiciones infrahumanas y de vulneración flagrante de derechos humanos, normalizada por las autoridades.
El expolicía Bruno Macías Coyo y sus secuaces, según la reciente información de los internos, cursó planillas de apoyo a su gestión y advirtió que quien no firme es porque “es un buzo” y se pedirá su traslado. Bajo esa amenaza obligó a que los internos firmen su petición.
Régimen Penitenciario prefiere mirar para otro lado e ignorar el problema para mostrar gestión, con parches a la crisis carcelaria.
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