La Paz, 14 de junio de 2026 (ANF).- En medio de un escenario de alta tensión social marcado por bloqueos de carreteras, enfrentamientos y demandas contra las medidas del gobierno de Rodrigo Paz, abogados y activistas de derechos humanos denunciaron presuntas irregularidades en los procedimientos policiales y fiscales desplegados durante los conflictos.
Las críticas apuntan al uso de la fuerza, las detenciones por encapuchados sin identificación y la aplicación de figuras penales contra personas movilizadas, mientras desde sectores oficiales se sostiene que las acciones buscan contener hechos violentos y garantizar el orden público.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, cuestionó la actuación de la Policía y de las fuerzas públicas, a las que calificó como poco profesionales, desbordadas y alejadas del respeto al Estado de derecho.
Herrera señaló que existe una falta de transparencia en los procedimientos utilizados para detener a dirigentes y personas vinculadas a las protestas, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de las garantías legales.
“Las acciones policiales que se realizan fuera de las leyes, reglamentos y protocolos establecidos no pueden ser justificadas”, sostuvo en contacto con ANF, al advertir que un Estado democrático debe garantizar que toda intervención de la fuerza pública esté sometida a normas claras.
La representante de derechos humanos también cuestionó el llamado del presidente a que la población “coadyuve” en los desbloqueos, al considerar que esa medida abrió espacio para la actuación de grupos civiles organizados para tomar la “justicia por mano propia”.
Fabiola Quispe, representante de la organización de Profesionales por los Derechos Humanos contra la Represión Estatal (Prodhcre), denunció una presunta actuación policial marcada por la arbitrariedad y la vulneración de garantías constitucionales.
Quispe denunció además la existencia de posibles prácticas de perfilamiento discriminatorio durante los operativos policiales. “Algunas personas habrían sido detenidas por elementos asociados a su apariencia, como el uso de pollera o abarcas, o por su lugar de procedencia”, dijo a ANF.
Otro de los cuestionamientos planteados por la abogada está relacionado con la utilización de agentes encapuchados y vehículos sin identificación visible durante algunas aprehensiones. Mencionó testimonios de detenidos que pasaron entre 6 y 8 horas encerrados en vehículos sin matrícula, dando vueltas por la ciudad sin que se conociera su paradero, antes de ser finalmente remitidos a una dependencia oficial.
Quispe sostuvo que estas prácticas podrían vulnerar estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y advirtió que, bajo determinadas circunstancias, podrían constituir graves afectaciones al debido proceso.
También cuestionó la forma en que se estarían formulando algunas imputaciones fiscales, señalando que se aplican delitos como terrorismo, narcotráfico o asociación delictuosa sin una adecuada individualización de responsabilidades.
El abogado penalista Eusebio Vera, aunque reconoció que la Policía tiene la obligación constitucional de intervenir frente a hechos vandálicos o delitos que afecten a terceros, también observó irregularidades en la ejecución de algunos procedimientos. Explicó que el restablecimiento del orden público no puede desligarse del respeto a la legalidad y al debido proceso.
Vera cuestionó la falta de coordinación entre la Policía y el Ministerio Público en determinados casos de aprehensión, señalando que se habrían ejecutado acciones pese a observaciones judiciales o cambios en la situación jurídica de algunos investigados. “Estas actuaciones pueden afectar el derecho fundamental a la libertad y reflejan problemas institucionales”, señaló a ANF.
El jurista también criticó el uso generalizado de agentes encapuchados o sin identificación durante conflictos sociales. Explicó que la figura de agentes encubiertos está regulada para investigaciones específicas, como casos de narcotráfico o situaciones excepcionales de alta peligrosidad, pero no debería aplicarse de manera abierta en protestas sociales.
Las denuncias surgen mientras Bolivia atraviesa una etapa de conflictividad vinculada a la crisis económica, problemas de abastecimiento de combustibles, incremento del costo de vida y demandas de distintos sectores sociales. En 45 días de conflicto derivados de bloqueos y enfrentamientos se reportaron al menos 13 personas fallecidas, unos 365 detenidos, de los cuales 220 fueron liberados.
Por el bloqueo de carreteras los movilizados han impedido el paso de alimentos, ambulancias, combustible, lo que ha provocado la intervención de la policía en algunos puntos o la ejecución de corredores humanitarios. Hay motorizados parados en las carreteras a la espera de la solución del conflicto o en su caso que los manifestantes suspendan los bloqueos por algunas horas para el paso de los vehículos.
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