La Paz, 16 de febrero de 2024 (ANF).- El activista de Derechos Humanos y representante de las víctimas de Senkata, David Inca, denunció que el proyecto de Ley de Reparación Integral no avanza debido a intereses políticos, en medio de una creciente disputa interna en el oficialismo. Según Inca, las víctimas vienen siendo arrastradas a un escenario electoral en el que buscan utilizarlas a favor del presidente Luis Arce.
“El proyecto no avanza por un tema político, así de sencillo, no le puedo encontrar otra explicación. Están entrando a un campo electoral y nos quieren utilizar. Es decir, sencillamente, todas las víctimas quieren que gritemos a favor de Arce, diciendo que es el justiciero, y hemos dicho que no nos interesa el tema electoral”, afirmó el activista a ANF.
El representante de las víctimas de Senkata señaló que el conflicto interno entre los seguidores de Evo Morales y de Luis Arce ha complicado aún más la aprobación de la ley. “Si hay una pelea entre evistas y arcistas, es problema de ellos, no nos interesa, pero nos están jalando a ese terreno”, agregó.
Inca expresó su frustración por la falta de resultados concretos tras dos años de trabajo en el proyecto. Destacó la rapidez con la que se aprueban otras leyes cuando hay presión política, comparando la demora con la celeridad con la que se modificó la normativa sobre el censo.
“Para temas políticos a veces aprueban una ley en menos de una semana. El ejemplo es el censo: porque había presión social, en 72 horas han aprobado las modificaciones que necesitaban”, indicó.
Según el activista, las víctimas de Senkata y Sacaba no cuentan con la capacidad de movilización suficiente para ejercer presión política, por lo que no son tomadas en cuenta como debería ser.
“Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos dos mil, tres mil ciudadanos que puedan presionar. Apenas tenemos 20 fallecidos entre Senkata y Sacaba. Entonces, es un tema político, no es que no pueden hacerlo, no quieren hacerlo”, sostuvo.
El proyecto de Ley de Reparación Integral se encuentra actualmente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, bajo la supervisión de la diputada Betty Yañiquez.
Inca reveló que los ministerios responsables enviaron sus observaciones sobre el proyecto de Ley con considerable retraso, sin embargo, pese a ello, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, “se lo guardó”.
“Nos ha dicho que el 30 de enero los 10 ministerios habían enviado las respuestas de las consultas, consultas que han sido presentadas en julio del año pasado; algunos ministerios habían respondido en agosto y septiembre, y el viceministro Torrico retuvo la información hasta enero de este año”, lamentó Inca.
Indicó que esta situación implica que “otra vez tenemos que leer las observaciones que nos están planteando para adecuarlo al proyecto”.
Según el cronograma inicial, la ley debía aprobarse en octubre de 2024, pero el proceso sigue estancado. “Nos están haciendo alargar, otra vez volver a leer el proyecto. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se ha puesto un plazo hasta el día 12 de febrero, que ya ha pasado, para volver a convocar a todas las asociaciones para trabajar las observaciones que nos han presentado”, manifestó.
Una de las mayores sorpresas para Inca fue la observación del Ministerio de Justicia, que considera que el proyecto de ley es “inviable”. Según él, esta postura busca reducir la reparación a una simple política pública sin respaldo legal suficiente.
“Ellos quieren que se lleve adelante solamente la política pública, pero la política pública es una resolución ministerial, no tiene categoría de Decreto Supremo”, advirtió.
El activista explicó que este enfoque genera conflictos entre los ministerios, ya que algunos no pueden ejecutar las medidas por la falta de un marco normativo sólido.
“Cuando hablamos con los otros ministerios, nos dicen: no podemos cumplir esta resolución ministerial, digamos en el Ministerio de Salud, porque esta resolución política pública ministerial es solamente para el Ministerio de Justicia”, detalló.
Ante este panorama, Inca insistió en la necesidad de que el Gobierno asuma su responsabilidad y deje de dilatar el proceso.
Las investigaciones determinaron que el 19 de noviembre del 2019 en Senkata, hubo una masacre donde resultaron diez víctimas fatales.
/ANF/
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