La Paz, 7 de febrero de 2025 (ANF). - Con el fin de promover el voto informado en la población, al menos 100 organizaciones e instituciones de la sociedad civil piden a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de Ley de Debate Electoral y se aplique en las elecciones generales de agosto.
“Hacemos un llamado a las y los asambleístas a actuar con responsabilidad, dar una respuesta comprometida, efectiva y a considerar el impacto altamente positivo que esta legislación tendría en el bienestar de la vida democrática del país. Bolivia se los agradecerá”, dice el pronunciamiento.
En noviembre del 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Obligatoriedad de Debate entre Candidatos Presidenciales; sin embargo, recién esta semana fue remitida al comité de Democracia de la Cámara de Diputados para su consideración.
A la vez, advirtieron que, en caso de no viabilizar su aprobación, se corre el riesgo de que quede obsoleta y que la población acuda a las urnas sin la información correspondiente para elegir al próximo gobernante del país.
“De no abordar y hacer efectiva esta iniciativa, se correrá el riesgo de que esta importante propuesta quede inútil y estéril, defraudando la expectativa y la confianza de la ciudadanía en nuestros representantes que tienen la posibilidad y oportunidad de dar curso al efectivo ejercicio del derecho al voto informado, y un mayor y mejor nivel de circulación de ideas e información respecto a las y los candidatos, sus aptitudes, capacidades, opiniones y propuestas frente a distintas problemáticas de interés público”, advierte el comunicado.
Asimismo, destacaron la propuesta del Órgano Electoral que permita incorporar en la Ley 026 del Órgano Electoral Plurinacional para incorporar el debate obligatorio entre aquellos que se postulen al cargo de presidente de Bolivia.
Por otra parte, recordaron que desde hace tiempo la sociedad civil exigió la implementación de esos espacios con el objetivo de que exista una mayor información sobre los candidatos, las propuestas de gobierno y los temas de interés de la población.
“Es necesaria la promoción de espacios democráticos de confrontación ideológica de las y los candidatos y de sus programas de gobierno, así como la exposición de posturas frente a diversas temáticas de interés nacional, especialmente en aquellas relacionadas a los derechos humanos de grupos prioritarios. Consecuentemente, fortaleciendo el ejercicio de un derecho ciudadano como el voto informado y la profundización del ejercicio de la democracia”, señala.
También consideran que la norma debe permitir la participación de los candidatos a la presidencia en espacios de debate que sean organizados por la sociedad civil.
“Las instituciones y personas defensoras firmantes, consideramos altamente plausible la iniciativa propuesta por el OEP, y percibimos que el debate también debe darse de cara a la población, incluyendo en la norma disposiciones que fomenten la participación de las y los candidatos(as) en los espacios convocados y organizados por la sociedad civil organizada”, propuso.
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