La Paz, 18 de febrero de 2024 (ANF).- La deforestación en el área protegida y reserva forestal Bajo Paraguá en Santa Cruz va de la mano de los asentamiento ilegales, el Comité Cívico de San Ignacio de Velasco denuncia que estas comunidades buscan su legalización a través del Censo de Población y Vivienda que se realizará en marzo de este año.
Dino Franco, presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, dijo a la ANF que están en “alerta” y “emergencia”, no solo por la deforestación en Bajo Paraguá, sino por la ocupación ilegal de “avasalladores” que se están asentando en tierras que no son disponibles de acuerdo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Bajo Paraguá es un área protegida de Bolivia, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco de la provincia Velasco, en el norte del departamento de Santa Cruz. Tiene una superficie de más de 9.800 km. Hasta enero de 2024 se tienen registradas aproximadamente 256 especies de árboles; más de 1.000 especies de vertebrados, entre peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
La situación de esa área protegida es cada vez más crítica, los reportes de deforestación lo muestran. El Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) devela el crecimiento de la deforestación, según las “imágenes de satélite Sentinel-2, se evidenció el inicio de la deforestación a partir de noviembre de 2019 y que posteriormente alcanzó una superficie de 67 hectáreas en 2020”.
Pero el problema sigue, en los próximos años “se evidenciaron las aperturas de otras cinco brechas de hasta 7 km de longitud, principalmente entre enero de 2021 y septiembre de 2022, alcanzando una pérdida de área boscosa de 231.8 hectáreas. Hasta enero de 2024, las imágenes de satélite han permitido detectar la ampliación de las áreas deforestadas hacia la región este y la apertura de nuevas áreas en el borde del camino principal (…). Hasta la realización de este reporte, la superficie total es de 329,4 hectáreas”, se lee en el informe.
Dinámica de los procesos de deforestación en el Bajo Paraguá. Foto: Observatorio
“Cada año ha ido aumentando la deforestación, dentro del área protegida son más de 800 hectáreas las deforestadas. Ahora hay gente que está en el lugar construyendo casas precarias con la idea de ser censadas y poder legalizar estos asentamientos ilegales”, denunció Franco.
Presentaron sus denuncias ante el INRA y la ABT porque en inspecciones identificaron asentamientos en “tierras fiscales no disponibles”, pero que ninguna de las dos instituciones hasta la fecha hizo nada para frenar esa situación.
Para evitar que los “avasalladores” sean censados solicitaron al Instituto Nacional de Estadística la cartografía, pero les negaron por ser información reservada. “Cuando fuimos a dejar las cartas pudimos ver un plano censal y en el que estaba el nombre de una comunidad avasalladora dentro del área protegida”.
Por esta razón “nos hace mantener en alerta y alarmados”, declaró el dirigente cívico a esta agencia, exigió al alcalde de San Ignacio de Velasco cumplir la acción de cumplimiento que concedió la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz para frenar los avasallamientos en el área protegida del Bajo Paraguá.
La justicia constitucional ordenó en esa oportunidad l alcalde a tomar las acciones positivas para proteger el medio ambiente en la reserva forestal Bajo Paraguá, para evitar asentamientos y que asuma las acciones legales frente a cualquier acto de avasallamiento o adherirse a la denuncia que ya tiene instaurada el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”.
Pese a esta acción de cumplimiento, la incursión hacia esa zona chiquitana es de proporciones comenta Franco, porque gente ajena construye viviendas precarias para disimular que habitan, pero en realidad no es así; asimismo, ingresan maquinaria para el desmonte. “Ha crecido la construcción de estas casas y lamentablemente no respetan el área de reserva y protección”, dijo.
A medida que se acerca el censo, en la región de la Chuquitania crece la preocupación porque hay “movimientos grandes de gente con la intención de hacerse censar dentro de estos lugares”, reiteró el cívico, quien asegura que este aspecto dará reconocimiento a esas personas para quedarse en el lugar.
En su criterio, en 2021, cuando hicieron la primera inspección a la zona se advirtió de al menos seis a siete comunidades ilegales, actualmente no tienen un dato preciso, aunque Franco cree que “se ha multiplicado por mucho más la cantidad de personas que están ingresando”.
Cobertura de vegetación y deforestación en Bajo Paraguá. Foto: Observatorio
Insistió que, si se aplicaría la ley, esas personas no podrían ingresar al área protegida, porque –insistió- hay informes del INRA que establecen que son tierras fiscales no disponibles, “nadie puede asentarse, pero hacen caso omiso. El INRA ahí nomás se queda”, sostuvo.
En la misma línea criticó a la ABT, comentó que todos saben cómo se están “tumbando árboles, pero no actúa y no hace nada”. De todas maneras, el cívico señaló que conjuntamente la diputada María René Álvarez, que interpuso la acción de cumplimiento, se analizará de dar seguimiento a la situación del Bajo Paragúa.
El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano considera que el Bajo Paraguá es un área de alto interés para la conservación en el país debido a que confluyen tres ecorregiones únicas como son el Bosque Amazónico con la mayor extensión (82,5%) seguido por el Bosque Seco Chiquitano (9,9%) y la formación del Cerrado (7,6%).
Asimismo, precisa que en esa región se encuentra uno de los bosques productivos más importantes de Bolivia por su su alto potencial forestal y por la experiencia en el manejo forestal.
El Observatorio es una plataforma informativa que realiza monitoreo remoto y en campo sobre el estado de conservación y restauración del Bosque Seco Chuquitano y, sobre las amenazas que acechan a su integridad.
En ese marco y a la luz de su reporte sugirió al Comité de Gestión del área protegida Bajo Paraguá, a las autoridades municipales, departamentales y nacionales pertinentes conformar comisión interinstitucional y con control social, para verificar el estado de los bosques.
Recomendó informar a las comunidades legalmente establecidas dentro del Bajo Paraguá sobre la situación del área, identificando y haciendo conocer quiénes son los actores responsables de la deforestación en las zonas internas al área protegida.
Este fin de semana los caciques de la Central Indígena de Bajo Paraguá se reunieron en una confraternización de los indígenas donde además iban a analizar los avasallamientos que se están registrando en los últimos tiempos.
/NVG/
