En medio de la semana santa la justicia boliviana ha dictaminado prisión preventiva para dos sacerdotes jesuitas involucrados en un escandaloso caso de pederastia. A primera vista, y para algunos, o muchos esto puede parecer un detalle menor, o inclusive una muestra de que se está tratando de hacer justicia. El periódico El País, de la lejana Madrid, que con pésimo criterio periodístico y enorme deshonestidad tildó al caso como el “holocausto de la pederastia”, debe estar batiendo palmas. El periodista que hizo las notas sobre el sacerdote Pedrajas debe hasta sentirse un poco héroe.
El problema sin embargo, es que esta detención poco tiene que ver con un efectivo combate contra ese mal que es la pederastia dentro de instituciones educativas y religiosas, más allá de que este relacionada a un caso tan bullado como el del sacerdote Pedrajas.
El escándalo que produjo la publicación mutilada de un diario autoincriminatorio del mencionado cura, tuvo sus puntos álgidos hace casi un año, el gobierno, enemistado con la iglesia porque esta tuvo una clara posición respecto a la caída de Evo, no considerando ese proceso un golpe, ( sino una anomia inducida por el gobierno saliente), se portó altisonante, y los más exaltados clamaron por la expulsión de la “Santa Madre”, o por lo menos de la Compañia de Jesús.
La realidad permitió acabar con esas propuestas descabelladas, y unos meses después las aguas se calmaron. En el camino, aparecieron denunciantes de carne y hueso, víctimas del Padre Pedrasa, que han iniciado un juicio, que obviamente no podía progresar siendo que el autor del delito ya había muerto, por lo que y usando el diario de marras, se decidió enjuiciar a los provinciales de la época, que supuestamente hubieran sabido de estos comportamientos, por boca del mismo autor, y que no hubieran hecho nada.
Es posible que hubiera habido un cierto nivel de encubrimiento, o mínimamente un “pecado de omisión”, y los denunciantes estarían en su derecho de iniciar un juicio contra los sacerdotes. Quien se siente perjudicado por alguna acción de un tercero, tiene derecho a que la justicia lo oiga.
No pretendo en estas líneas ilustrar a mis lectores con los alcances de los delitos del infelizmente famoso Pedrajas, ni de la responsabilidad de los implicados como encubridores. Mas allá de que creo que este caso más que un proceso judicial merece estudios tanto históricos como psicológicos y sociológicos, para verdaderamente combatir esa lacra que es la pederastia.
Pero lo cierto es que ante lo que nos estamos enfrentando ahora, es a una privación de libertad a dos personas de más de ochenta años, que no tienen ningún antecedente criminal, y que además tienen una hoja de vida y de servicio encomiable.
Se puede entender que se haga un juicio, aunque si la prueba es una referencia, escrita por una persona que ciertamente tenía perturbaciones mentales, e incapacidad para asumir sus propios actos, tratando de culpar a otros de las atrocidades que él solito cometía, en un sistema de justicia mínimamente coherente este difícilmente progresaría.
Lo indignante es la detención, la restricción de libertad a la que han sido sometidos los dos ancianos, porque aclaremos, una detención, por más domiciliaria que esta sea, es una privación de libertad, y este extremo no debe darse, bajo la premisa constitucional de la presunción de inocencia.
Los padres Alaix y Recolons, en primera instancia como personas, merecen el respeto a sus derechos constitucionales, y si se les hace un juicio, deberían poderse defender en absoluta libertad. No se puede castigar, antes de juzgar, más allá de que verse involucrado en un juicio, y peor todavía en Bolivia, es ya un tormento brutal.
Los sacerdotes privados de su libertad, se me antojan como chivos expiatorios, y como víctimas de las taras de nuestra justicia. Imagino que están tomando esta situación con enorme templanza, pero la decisión de la jueza va más allá, la detención preventiva en Bolivia es usada y abusada en exceso, y es un acto de injusticia que el estado comete contra las personas.
