GONZALO ROJAS ORTUSTE
A menudo escuchamos calificar como de “interés político” o “acción política” principalmente a autoridades del gobierno nacional, y también de otros niveles de gobierno y de servicios públicos, que ante demandas de sectores de la ciudadanía, rápidamente usan esas maneras en tono descalificatorio. Resulta curioso, en principio, que sujetos políticos por excelencia se refieran así a sus eventuales críticos o demandantes. Sostengo que eso esconde una concepción de la política muy estrecha y perversa.
Quienes así se refieren a esos otros que les enrostran sus responsabilidades o simplemente les critican, cuando responden con el manido “interés político” nos están diciendo que ellos y solo ellos tiene las prerrogativas para hacer política. Y eso está reñido con la idea ciudadana que hoy es tendencialmente universal, al menos como formalidad. Y desde luego predica mucho de la intolerancia y sentido de exclusividad y privilegio (ley privada) que tiene quienes así intentan descalificar a los otros.
Sé que algunos de los aludidos argumentarían que en realidad ellos quieren decir que se trata de “intereses político-partidarios”, que es a una particular manera de ver las cosas, a una mezquindad de grupo o parcialidad a la que se invalida. Aunque aquí se estaría ganando algo más en precisión, no deja de ser una arbitrariedad tal descalificación, pues de todas formas las autoridades y personeros tienen atribuciones muy específicas entre las cuales no se encuentra el de “clasificador universal de demandas”, y que debiera en muchos caso, requerir la argumentación técnica y política de su (in)conveniencia o (in)vialidad; es decir, debate público sobre temas públicos en cuanto concierne a ciudadanos y ciudadanas, no vasallos ni administrados.
Dijimos también argumentación política, porque muchos temas no tienen respuesta “técnica” ni menos científica, sino que responden a dinámicas que en una sociedad abierta y democrática no tiene criterio único de validez. Es en el ámbito público donde se dirime qué rumbo o decisión es la más pertinente. Pongamos por ejemplo las opciones de construir un teleférico o definir una vía de transporte masivo a la manera de un metro en la superficie. En una ciudad como La Paz, la tentación puede ser “ambas” dado lo caótico del transporte; pero usualmente hay recurso limitados y urgencia de soluciones y hay que priorizar una. Con la vieja fórmula del burócrata que se siente iluminado por el transitorio puesto dependemos del arbitrio de este o de un puñado de (fugaces) “especialistas”, mientras que con la discusión pública se opta por la mejor opción o la que mejor cubre la demanda o prioridad. Además se crea un necesario efecto de apropiación social para que lo público deje de ser considerado como ajeno. Esa es la política que vindicamos, la que permite ejercicio de ciudadanía, no la descalificación fácil y autoritaria.
Así que cada vez que escuchemos que no se atiende o se subestima demanda o crítica por ser “política” tendremos un buen indicador de dónde se sitúa el declarante en relación a nosotros, el resto, los que no estamos en puestos políticos pero tenemos derechos y obligaciones; y ojalá nuestra dignidad ciudadana encuentre maneras para modificar tan odiosa autopercepción de superioridad, sin mayor mérito que el haber sido “nombrado” y sin nosotros recurrir al bloqueo o formas de interferencia con los derechos de nuestros conciudadanos.
