Sorpresivamente, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral y quien dice serlo del Constitucional; han presentado en sociedad un muy sospechoso acuerdo mediante un comunicado conjunto suscrito por ambos, relativo a -dijeron en conferencia de prensa conjunta- garantizar las elecciones generales 2025 que se avecinan. Acaece que la vista de los dislates cometidos por los prorrogados del TCP y los lloriqueos -justificados en mayor parte- del TSE, muchos olemos qué así como han torpedeado maliciosamente las elecciones judiciales, podrían también meterle no más algo similar en las justas que vienen. Es que ya nos probaron y más allá de toda duda razonable, que son capaces de absolutamente todo.
Si bien elegantemente algunos ingenuos podrían entender que ese acuerdo se cocinó en el marco del art. 12 de la CPE (coordinación y cooperación entre órganos y otras linduritas); me temo que se trata de un intento de tomarle el pelo al soberano. Ofrezco mis pruebas y argumentos:
Para empezar llama la atención que haya suscrito nada más ni nada menos por un lado, por el Presidente del Tribunal Supremo Electoral cuando en diciembre pasado -si hace poco más de un mes- en entrevista a Brújula Digital (disponible en https://www.brujuladigital.net/politica/2024/12/12/hassenteufel-creo-que-hay-que-eliminar-el-tribunal-constitucional-40814) sostuvo: “Yo creo que hay que eliminar el Tribunal Constitucional”, porque se convirtió en un supra poder, matizando luego que debía convertirse estilo Costa Rica, en una Sala más del Supremo. Por otro y ahí lo peor, es que aparece como la otra parte suscribiente, nada más ni nada menos que el CEO de los auto prorrogados y principal autor (Sala 4ª) de la mayor parte de los lloriqueos -insisto, en gran parte justificados- con los que el TSE acudió plañideramente ante los medios. ¿Qué le habrá pasado al Presidente del TSE para sentarse con su victimario? ¿Cuál será el tremendo motivo para tan rotundo cambio? ¿Su pleno le respaldará? El Vocal parlanchín se lució ante sus amados medios, señalando precisamente que víctima y victimario se sentaron; y haciendo empanaditas, yaparía por mi parte.
Pero, más allá de ese pequeño gran detalle; cuando se analiza el contenido del acuerdo, cualquier ciudadano medianamente ubicado y peor algún Abogado que chalpaquea en su Ciencia, encuentra que se refiere una serie de obviedades que hacen a la naturaleza de cada órgano y no necesitan ser re escritas. Están en sus leyes respectivas. Por ejemplo, que el TSE velará por el principio de legalidad (faltaba más); resolverá con eficiencia, eficacia, celeridad y probidad los asuntos sometidos a su jurisdicción (obvio pues, es su obligación legal y constitucional). Y tratándose del TCP, el acuerdo jura que en el ámbito de su jurisdicción y competencia (o sea, por fin se acordaron del art. 122 de la CPE), resolverá con celeridad y oportunidad las causas que tengan que ver con las próximas elecciones (en realidad, eso también esta en su Ley como principios de la justicia constitucional) y, así sucesivamente, declaraciones bien bonitas que están ya en la CPE o en sus Leyes respectivas y hacen a la esencia de sus funciones.
Así el estado del arte de la estrategia envolvente, la pregunta se cae de madura: ¿Entonces para que hicieron ese showcito? Como en la Bolivia “plurinashonal” hay que sospechar “in malam partem” de toda actuación de parte del poder, el koñichi acuerdo por lo recalentado de sus cláusulas que repiten obviedades constitucionales y legales huele a otro intento más por parte del oficialismo y sus subordinados, para -misión imposible- tratar de lavar la muy pero muy deteriorada imagen del Constitucional completamente afeada por sus auto prorrogados. Ya lo intentó sin disimulo el MinJusticia ensayando luego un burdo pretexto que sólo generó hilaridad con motivo de su entusiasta presencia en la inauguración a puerta cerrada del año trucho por los prorrogados (con walkover de los flamans legítimos) y luego con la reunión de la Comisión de la Ley No. 898.
Con todo, se trata de una misión imposible. Las aventuras de los auto prorrogados que siguen cumpliendo la “doctrina morales” para meterle no más, ya han pasado a las páginas más funestas de la no muy limpia historia de la justicia boliviana. Triste el rol del Presidente del TSE, seguramente su Sala Plena le jalará por lo menos de sus patillas o su equivalente.
Aunque probablemente, el ocioso acuerdo esté denotando el avanzadísimo deterioro de la imagen de ambos órganos y de la institucionalidad boliviana, al extremo que tienen que repetir por escrito lo obvio: es pues, su principal obligación garantizar la renovación del ejecutivo y legislativo 2025. Para eso les pagamos y no necesitan ponerlo otra vez por escrito. CASTAN lo sentenció así: “Es obvio que no basta que se proclame en una Constitución escrita el principio de separación de poderes o la autonomía del Poder judicial para que un país tenga auténticas libertades y para que sus jueces gocen de efectiva independencia. Se necesita para su garantía eficaz, de hombres y mujeres valientes, indoblegables ante intereses, entidades o propósitos que resulten extraños al fin mismo de la Justicia, y que tengan capacidad de acción. Se necesita, al fin y a la postre, de jueces y juezas que sepan encontrar en la Constitución, las leyes y los postulados fundamentales de Justicia, la respuesta a cualquier controversia o asunto ante su consideración y no, en el vaivén de las olas”.
Arturo Yañez Cortes
