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Opinión

Solidaridad internacional, ¿sin declaratoria de desastre nacional?

30 de Septiembre, 2024
PEDRO GARECA PERALES
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Aunque la temporada de incendios aún no se ha acabado al marcar tres meses, la superficie devastada está próxima a alcanzar los 7,5 millones de hectáreas, siendo la más siniestrada la Chiquitania. El alcance del calentamiento global ha afectado a los departamentos de Beni y Pando.

Se conoce que los factores más comunes para que se registren estas catástrofes son el aumento de las temperaturas combinadas con los vientos del norte que llegan a la Chiquitania cálida y seca en tiempo prolongado, esto hace que la humedad relativa baje y el riesgo de incendios forestales suba en términos dramáticos y, esto a su vez, tiene que ver mucho con la emergencia climática que enfrentan los países tecnológicamente desarrollados y del planeta.

En desarrollo de esta realidad global, más allá de los incendios provocados, acorazadas, apadrinados e impunes, propios de -terroristas ambientales-, las condiciones climáticas adversas también tienen que ver con la proliferación extensiva de las catástrofes del planeta tierra, que algunas veces se ven reducidas por precipitaciones metereológicas focalizadas como de menor dimensión respecto a la magnitud de los daños ecológicos.

Es advertible que las regiones con su riqueza natural exuberante están cambiando cada vez más que el promedio mundial, con altos índices de contaminación de CO, debido fundamentalmente al cambio climático causado por la liberación de gases de efecto invernadero,  sin que los Acuerdos de París tengan al presente los efectos humanitarios deseables para asegurar el disfrute de una vida saludable.

Desafortunadamente, en orden de gestión forestal y preservación del medio ambiente (agua, ríos, lagos, glaciares, bosques, pastizales, áreas protegidas, parques nacionales, etc.), poco se ve los avances en concienciación social, en las tareas de equipos de prevención y extinción amplios, más tiempo de reacción de bomberos o más medios tecnológicos (aviones cisternas), personal de expertos a nivel de ministerios (ministerio de Medio Ambiente y Agua, ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, Defensa Civil, ABT, INRA, etc.), que todos contribuyan a prevenir y contener el avance de las llamas más rápidamente. Un médico en Defensa civil y catástrofes nos muestra cómo estamos ante incendios simultáneos, por ejemplo.

De acuerdo a datos recientes los daños son severos en la Chiquitania. Las áreas naturales afectadas por los incendios alcanzan al Área Natural de San Matías, Parque Nacional de Reserva de vida silvestre y Manejo Integrado (ANMI) Noel Kempff Mercado y Amazonia Manuripi del Departamento de Pando.

Conmueve que poblaciones de 12 comunidades pertenecientes a la TCO Monte Verde (Makaneté, Puerto San Pedro, Sagrado Corazón y El Regreso), asolado por los incendios y la proximidad del fuego a sus viviendas y tierras, no sólo que decidieron marchar para pedir al gobierno Declare estado de catástrofe nacional, sino que sus niños en edad escolar fueron evacuados a la Casa Comunal de Concepción, desde Palestina. Episodio que el gobierno debió prevenir reaccionando preventivamente, porque marchar 7 kilómetros por la vida y salud de sus niños y adolescentes en niveles de contaminación atmosférica muy mala, es inhumano y cruel.

Son comunidades que ahora transitan entre tierras quemadas, bosques y pastizales convertidos en cenizas, animales que han sido calcinados, tierras descertificadas, y lo peor sin derecho humano al agua potable y condiciones mínimas de saneamiento básico. ¿Qué pecado capital han cometido las comunidades y los valerosos pueblos de Santa Cruz, Beni y Pando para ser víctimas de las leyes incendiarias?

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, en su participación en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas (22-03-23) convocó a todos los Estados a trabajar para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento a todas las personas del mundo. Señaló que la crisis del agua además de ser un problema ambiental se constituye en un problema económico social, debido a que el acceso a los recursos hídricos de gestión de los mismos, tienen directa relación con los problemas de pobreza, desigualdad e injusticia, como causas estructurales de la crisis sistemática y multidimensional del capitalismo que pone en peligro el acceso. Reafirmó el derecho al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute.

La gran paradoja del dolor que pasan las comunidades indígenas en la Chiquitania con los incendios y los pobladores de San Ignacio de Velasco que denuncian -asentamientos en la Reserva Forestal Bajo Paraguá- emboscada y bloqueos por dirigentes interculturales de la Colonia San Martin a la Comisión de autoridades, legislativa, municipal, juez agroambiental, policía (27-09-24), que desde el 2021 han deforestado 1.000 hectáreas, las autoridades del ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, INRA y la fiscalía omiten sus responsabilidades para conservar la Reserva Forestal; mientras que la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa Lunda, en el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizó que el Estado está haciendo todos los esfuerzos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y la no contaminación de los ríos. 

Asimismo, en la Cumbre del futuro Sosa Lunda dejó sentado como principio, que es justo garantizar la justicia climática y el desarrollo sostenible, además de construir un modelo de desarrollo basado en el respeto de la Madre Tierra y a los derechos de todos los pueblos. Sin embargo, sus hermanos de la Chiquitanía luchan frente a la intoxicación atmosférica, a consecuencia de la política del gobierno de expansión agrícola controlada, al punto que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori Nina, sin ruborizarse declaró que las tierras afectadas por incendios no serán revertidas, se refiere a las superficies de 20 has o más que fueron dotadas desde 2014 hasta septiembre 2024 con fines políticos y tráfico a favor de los afines y militantes del MAS IPSP (colonos interculturales y palos blancos del sistema) o, a  los grupos armados violentos que están asentados sobre un millón de Tierras de la Reserva Forestal Bajo Paragua, que  se han resistido a la inspección judicial (viernes 27-09-24), siendo detenidos 4 personas, haciendo huir a la comitiva, fortaleciendo su fortín armado sin dejar a las brigadas de bomberos que pasen por la zona para apagar los incendios, ¿segundo estado sin ley?

Juli Pausas especialista en Ecología del fuego dice: "Sabemos desde hace mucho tiempo que el clima está cambiando, y sabemos que esto tendría consecuencias, incluidos más incendios forestales, pero no hemos hecho lo suficiente para detenerlo".

El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH

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