A principios del presente mes de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo conocer varias sentencias contra el Estado plurinacional, por la muerte de tres ciudadanos bolivianos, en lo que va la gestión de Luis Arce Catacora. Se trata de Marco Antonio Aramayo, detenido en la cárcel de San Pedro (La Paz) con 256 procesos en su contra por haber denunciado el desfalco del Fondo Indígena durante la administración del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS); de Erwin Chávez, muerto por fuerza letal en la protesta social de Santa Cruz en enero pasado y del exdirigente cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel Huallpa, obligado a declararse en la clandestinidad para evadir su detención ilegal. Según familiares de Huallpa, el gobierno le perseguía por haber roto dos vidrios de las oficinas del Tribunal electoral en Potosí, durante la protesta nacional de octubre del 2019 en rechazo al megafraude electoral organizado por el MAS.
Aunque tímida la acción de la CIDH, al menos ha tenido el valor de evidenciar las características que toma la dictadura en ciernes de Luis Arce, a la cabeza del MAS. Debido a la tibieza de la acción, esas sentencias apenas aluden a la punta del iceberg, en materia de violación a los derechos que vive Bolivia.
Basados en una mentira -el supuesto golpe de octubre del 2019- para encubrir el fraude y sin importarle al gobierno que la ciudadanía democrática del país (que constituye, por lo menos, la mitad de la población) y varios organismos internacionales de Derechos Humanos no la crean, propagandizan con esmera esa grosera mentira. La torpe intención de ello es no frenar la fluidez de las órdenes de arresto a cuanto opositor político, cívico, social se les ocurra. Así, simples misivas salen a manos llenas de las oficinas del partido, para que sus allegados en el poder “judicial” las hagan realidad.
En este marco, las tres sentencias de la CIDH casi podrían considerarse una minucia, de ese gran fondo que constituye la violación sistemática, permanente y planificada a los derechos de la ciudadanía democrática. Se trata de una estrategia cuyo objetivo final no es sino el descabezamiento político de la oposición democrática, tal cual dictaduras, igualmente delincuenciales como las de Venezuela y Nicaragua, desarrollan. No puede, por ese motivo, separarse las muertes de Aramayo, Chávez y Huallpa de los más de 180 presos políticos, entre los que sobresalen la expresidenta constitucional Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
No contentos con esta cacería humana y extraviados en los extremos del delirio al que les ha llevado la pretensión de transformar una mentira en verdad, ahora se les ha dado en arremeter en contra de la iglesia católica. La infantil pretensión no es otra que la de involucrar a esta institución en aquél fantaseado golpe.
Aclaremos que el descabezamiento de la oposición no es un fin en sí mismo, sino un medio con el cual el MAS pretende afianzar el proyecto totalitario delincuencial, impulsado desde el 2006, bajo Evo Morales. La menuda disputa interna en este partido, entre Arce y Morales no gira, pues, sino en torno a quién retoma el irrealizable proyecto original del partido; además, claro, se adjudica la paternidad de la cacería de brujas, como carta de presentación en el club de dictadores del área.
Lo cierto, por tanto, es que la razón masista que se encuentra tras las tres muertes (motivo de las sentencias de la CIDH), en la persecución política y en todos los atropellos a los derechos humanos y a los derechos constitucionales, no es otra que la de hacer posible el despeje del tan anhelado proyecto “político”. Debido a ello, a los actuales administradores del Estado, principalmente en el nivel central, no les causa mayor inquietud el tibio reclamo de la CIDH. El atropello a tales derechos ha sido, por lo demás, la tónica durante los gobiernos de este partido, sin que, en muchas ocasiones, la CIDH no se hubiera dado por enterada.
Pero, claro, el Estado no se reduce a sus eventuales administradores. Conforman el Estado, además de los administradores de todos los niveles (nacional, departamental y municipal) toda la institucionalidad pública y, principalmente, la sociedad. La amplitud estatal le viene dada, en última instancia, por la sociedad, en tanto elemento humano del Estado. Se ha insistido hasta el cansancio en torno a la importancia de la sociedad como el elemento determinante, que condiciona al Estado.
Lo que ocurre en la sociedad, principalmente respecto a la correlación social y política de fuerzas, se expresa en el Estado y en todas sus instituciones. En las circunstancias actuales, de persecución y amedrentamiento político a opositores, dirigentes cívicos, iglesia católica, parlamentarios demócratas, la división de la sociedad entre la tendencia totalitaria (expresada por el MAS) y la tendencia de la ciudadanía democrática, acentúa el carácter dictatorial del MAS. La inexistencia de un sistema judicial, la sujeción prebendal (con el beneplácito de sus dirigentes, claro) de las organizaciones sindicales y la impunidad con la que se gratifica a todo grupo social que comete actos de corrupción (avasallamientos de propiedad privada, contrabando de metales preciosos, tráfico de droga, etc.), no son sino los extremos a los que recurre el partido de gobierno, para mantener respaldo político.
Todos estos, no son hechos aislados, inconexos; al contrario, adquieren sentido si se los considera como componentes del proyecto masista. Proyecto, en el que la corrupción actúa como mecanismo mediador entre sus componentes sociales e institucionales.
Una primera conclusión general a formularse es que, en un contexto de desinstitucionalización estatal, sin mediaciones democráticas, la política se expresa de forma desnuda. Desde el lado del gobernante MAS, cuando ya ni siquiera se toman la molestia de cuidar las formas y se dice cualquier cosa para justificar el atropello a los derechos de la ciudadanía, se está confesando que se ha dejado de creer en el poder, en estos tiempos de modernidad. Por ello, el accionar de este partido supone, para el país, un retroceso a las prácticas del absolutismo medieval.
Este fenómeno diacrónico, de triunfar, sin embargo, tiene un denominativo y se llama “Estado fallido”; tal cual observamos en Cuba, Venezuela o Nicaragua. De ninguna sociedad y de ningún Estado puede esperarse que asista resignada a semejante futuro y en tal sentido resulta inútil la cacería de brujas. En las pequeñas ideas de este partido se “piensa” que de esa manera se podrá revertir la acumulación democrática de la ciudadanía. Al contrario, a partir de lo inmediato, el proceso se desarrolla hacia el fortalecimiento de la defensa de la democracia y ese sentimiento atraviesa a todas las regiones, clases sociales e instituciones públicas.
Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor
