GONZALO ROJAS ORTUSTE
El año empezó con la acostumbrada fiesta del Dakar, que aunque deja algo de
promoción al país en términos de imagen turística, tiene costos ecológicos y le sirve
al régimen para promocionar la figura de Morales Ayma con la pretensión –cada vez
más decaída- de mostrarlo como líder más allá de nuestras fronteras.
La novedad vino en febrero con impresionantes movilizaciones ciudadanas el 21F,
recordando con firmeza el rechazo en referéndum al intento de prórroga de los dos
mandatarios principales del país. Desde allí el MAS ha estado jugando bajo una
presión que no tenía desde sus primeros años en el gobierno, en la década pasada.
Anunciado como estaba, esto de rehuir del mandato popular, con alguna “vía” legal
para habilitar al caudillo, esa movilización de proporciones en las más pobladas
ciudades del país les recordó que la política nadie tiene la última palabra. Más aun,
la iniciativa dejó de estar del lado del oficialismo. En verdad ello pasó desde que se
conoció el resultado del 21F en 2016, contra lo que esperaban los masistas.
Este año, cuando la movilización ciudadana venezolana arreciaba, en esos heroicos cien días, que no consiguieron cambios en la patria boliviariana, ya con
comportamiento de dictadura, el MAS y sus voceros se alinearon con el poder
coercitivo, apoyando a Maduro y advirtiendo a los bolivianos de manera inequívoca.
Y en medio de millonarios escándalos de corrupción como el del Banco Unión y
otros como relativos a fondos administrados por las Fuerzas Armadas, que se
suman a los del FONDIOC que es emblemático pos sus características, se concretó
una de esas vías para habilitar a Morales Ayma y su acompañante García Linera
para postularse de manera indefinida a los altos cargos que ostentan. Los juristas
más importantes del país, y voces calificadas de la región latinoamericana, han
coincidido en criticar la forzada interpretación que hicieron los oficialistas para
sustentar semejante propósito.
Y confirmando lo de la pérdida de iniciativa, o peor, los gruesos errores que ahora
comete el oficialismo, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional se dio a
conocer en la misma semana que culminaba el domingo de las elecciones judiciales.
El voto “nulo” se expresó en toda su contundencia dejando cerca a un tercio de votos
válidos para tan estrambóticas elecciones. Pero he aquí que ni el principal gobernante
ni otros oficiosos voceros tuvieron ningún balance auto crítico, en una ceguera
política que ratifica su decisión irrevisable de “meterle nomás” hacia la candidatura
que será proclamada a mediados de este último mes del año, en olor de multitudes
y con ¡dos años de anticipación! a la fecha prevista para las presidenciales.
Como ha recordado la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, recientemente,
este camino de forzar la candidatura de Morales Ayma, contra expresa disposición
constitucional (Art. 168) y lo decidido ciudadanamente también de obligatorio
cumplimiento en virtud del resultado del 21F, está poniendo al borde de la ruptura del
Estado de Derecho a Bolivia con este inédito golpe a la institucionalidad que con
tantas dificultades sorteamos en los 35 últimos años. Pero animados por la
constatación de que el MAS ya es minoría electoral, una ola de indignación ha
movido a jóvenes en particular, en Santa Cruz, La Paz y Tarija a movilizarse, en un
caso acudiendo a la huelga de hambre –tradicional recurso de lucha política en el
país- que por lo pronto consiguieron el anuncio de paro cívico del más poderoso
comité cívico del país, el de Santa Cruz. El centro del pedido es que se cumpla el
mandato del 21F y por tanto el caudillo se retire de la escena política, ese del que fue
indudable protagonista incluso con pretensiones míticas.
El régimen también cuida mucho menos las formas, algo que nunca fue su
preocupación central. En efecto, ya se ha modificado la ley que una movilización
indígena en las carreteras- represión incluida- y apoyo ciudadano en las ciudades a
los marchistas del Tipnis (en 2011) para dejar sin efecto la “intangibilidad” del territorio
indígena y reserva nacional. También se ha conocido recientemente la instrucción
NOTAS 3
del fiscal general de iniciar el cierre de las investigaciones del Fondioc, con las dos
exministras que guardaban reclusión con detención preventiva en sus domicilios. De
esto, llamamos la atención sobre el alto rango que detentaron las mencionadas, que
empero no aplica para otro inculpado opositor que, sin embargo, devolvió el monto
recibido y no ejecutado. La impunidad siempre asechando empieza a concretarse
de manera obvia.
Tenemos, pues, un conjunto de datos que apuntan a una confrontación entre un
amplio arco ciudadano que abiertamente expresa su malestar con el régimen político,
convencida de sus buenas razones –verificables en las urnas, 21F y 3D- que
encuentran al oficialismo parapetado en consignas cada vez más débiles en su
poder de convencimiento, sean los artilugios leguleyos o las consignas ideológicas
“anti”. Es que no se precisa gran formación intelectual para percibir la estafa moral
de hacer valer un pretendido derecho humano que favorece a un par de individuos
por encima de los millones que ratificaron la vigencia del artículo constitucional con
la prohibición de más de dos periodos continuas y se insiste en un cuarto. De la
misma índole es el discurso, anticapitalista, descolonizador, antiextractivista que se
desdice cada día con las acciones del ejecutivo que cree que la política es espectáculo
de cumbres y encuentros que solo satisfacen las expectativas de sus acólitos e
incluso allí hay descontento.
No se avizora, pues, un cercano futuro que abone esperanzas de entendimiento
más amplio de las fuerzas políticas. La voluntad electoralista ya en despliegue del
oficialismo, con el creciente malestar ciudadano que abandonó su apatía e
indiferencia, junto a signos de que se acabó la época de holgura económica fiscal,
sólo puede perfilar enfrentamientos y un cauce de desorden peligroso. Acaba de
conocerse una entrevista a Morales Ayma de la prestigiosa BBC y allí no asoma la
menor reflexión sobre el reclamo ciudadano al gobernante que se siente predestinado
al cargo, casi para no alentar ningún optimismo en lo venidero. Empero, como
dirigente sindical mostró gran pragmatismo y hoy la movilización ciudadana es
inmensamente pacífica, pero también existen rasgos que en pasado cercano
adoptaron formas violentas.
Es verdad que la política contiene siempre posibilidades de innovación. Algunas de
ellas pueden provenir del plano internacional, pero necesitarán rimar con los actores
políticos nacionales, y es allí donde hay las dificultades mayores para que haya ese
eco sinérgico que reconduzca a cierto manejo institucional del conflicto.
Gonzalo Rojas Ortuste, es politólogo, profesor e investigador de postgrado
de la universidad pública boliviana.
