Tras un complejo proceso de reelaboración del texto constitucional boliviano iniciado en 2006, la aprobación de la nueva carta fundamental en 2009 supuso la necesidad de una reinstitucionalización general.
Ello derivó en una intensa actividad normativa inicial, aunque el gobierno de ese entonces no consiguió completar su idea de formular alrededor de un centenar de leyes para hacer operativa la flamante Constitución –incluso pretendía lograrlo en apenas seis meses– y contrariamente, en los hechos, terminó alentando un acelerado debilitamiento de las instituciones motivado por su creciente ansia de poder y supremacía.
El rediseño estatal, en tal sentido, quedó frustrado y desfigurado. Basta con pensar en cuánto de realidad llegó a tener la característica de “plurinacionalidad” que se atribuyó en el discurso al experimento de “refundar” el país. Lo que se produjo, además de retórica vacía, fue una evidente, perniciosa y peligrosa desinstitucionalización.
Esa situación de fuerte ilegitimidad que afecta hoy a las estructuras de la nación es examinada por once autores que reflexionan sobre la información aportada desde 1998 por la serie de estudios de opinión que llevó a cabo el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) coordinado por el politólogo Mitchell A. Seligson, de la Universidad de Vanderbilt, quien falleció el pasado año.
Esos análisis están contenidos en el libro La democracia en los ojos de la gente - 25 años de cultura política en Bolivia, editado en 2024 por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y la Fundación Konrad Adenauer.
En términos globales, como señala Daniel Moreno en la sinopsis introductoria de esa publicación, Bolivia enfrenta una “crisis institucional” que da cuenta de una “importante fragilidad de la democracia” y de una “erosión efectiva de la independencia de poderes”, a la par del hecho de que “la confianza promedio de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones presenta niveles muy bajos”. Esto afecta claramente a los ámbitos electoral, de la administración de justicia y de la seguridad. Para 2023, según los datos de LAPOP, la confianza en el Órgano Electoral no alcanzaba al 14%, la otorgada a la Policía era del 19,3% y la población que creía que los tribunales garantizan juicios justos comprendía nada más al 20,7%.
En conjunto, ese panorama traduce una “crisis de legitimidad de la democracia boliviana”. En uno de sus momentos de mayor declive en los últimos veinte años, solo el 51,4% de la población percibía a la democracia como la mejor forma de gobierno, a diferencia de lo que había sucedido en 2004 (61,5%). Mientras el año 2000 un 51,5% se declaraba satisfecho con la democracia, en 2023 solamente lo hizo el 28,2%. Ambos elementos soportan tendencias preocupantes que respaldan fórmulas populistas (41,2%) y muestran acuerdo con limitar las voces opositoras (29,5%); es decir, que aceptan y pueden alentar el autoritarismo.
El análisis de las trayectorias de la opinión ciudadana boliviana del cuarto de siglo más reciente refleja también que “la confianza interpersonal ha descendido a sus niveles más bajos” (40.4%), problema vinculado a la sensación de inseguridad en aumento y que expresa el peor índice de la región latinoamericana y caribeña para 2023.
Y otro factor que debe ser considerado es el de que la pertenencia de los ciudadanos al gobierno o su afiliación a él condicionan el compromiso de la gente con la democracia, lo que significa que, antes que haber una cultura política democrática, en el país se tiene un respaldo utilitario y, por ende, circunstancial al régimen político.
Por último, de las conclusiones obtenidas por Moreno conviene destacar la que afirma que “La reconstrucción del vínculo de confianza entre instituciones democráticas y los ciudadanos se manifiesta hoy como una necesidad urgente para salvar la democracia en Bolivia”. Así de grave es la circunstancia actual.
Pero afrontar ese quiebre no depende de que las personas mejoren motu proprio sus percepciones y criterios, sino de que la por ahora perdida institucionalidad sea verdaderamente recuperada y recompuesta. Tal es uno de los desafíos centrales que debe ser asumido en este año del bicentenario.
El autor es especialista en comunicación y análisis político
