El presidente y su gabinete ministerial tienen las atribuciones del diseño y aprobación de una política económica que además está señalado en la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia.
La política económica es poner en práctica los principios y leyes económicas o las decisiones que tomen los gobiernos sobre un tema económico en particular, mediante la utilización de una serie de estrategias y herramientas como la política fiscal, política cambiaria y política monetaria, con la finalidad de ajustar algunos aspectos, comportamientos y resultados económicos.
Utilizando los estudios y análisis de una realidad de situación y perspectivas económicas de un país se decide utilizar la política económica para buscar unos resultados determinados, es decir, es la ejecución de una serie de medidas para lograr un efecto o resultado esperado según los planes o expectativas del gobierno, como crear empleo, controlar inflación, lograr crecimiento económico, etc., lo que se supone debe lograr utilizando una caja de herramientas económicas.
Los principales objetivos de política económica son: crecimiento económico, estabilidad de precios, balanza de pagos favorable y empleo.
Para alcanzar los objetivos de política económica se cuenta con instrumentos económicos, como la política fiscal, política cambiaria, política monetaria y cambios en la estructura de organización del Estado.
Cada país cuenta con organismos o instituciones que dictan la política económica y es responsabilidad del gobierno en cuestión que se encargue de liderar el país de acuerdo a la legislatura cumpliendo el principio de los “Pesos y Contrapesos” que según Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes (1748)”[1] propone el sistema tripartito de división de funciones: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuya finalidad radica en no concentrar el poder en una sola persona sino distribuirlo o separarlo en funciones y, a su vez, limitar el ejercicio del poder mediante el mecanismo de los “pesos y contrapesos” con la finalidad de respetar los derechos de los individuos.
Por lo tanto, son los responsables del gobierno los encargados de llevar a cabo la toma de decisiones y de reorientar todos los recursos en pro de la consecución de una eficiente política en términos económicos.
En Bolivia, donde el Estado es el principal protagonista del desarrollo económico mediante la política fiscal y el resto de políticas se acomodan como: la política monetaria, cambiaria, crediticia, sectorial, regional, etc., y son incorporadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), Presupuesto Plurianual, ambos por un período de cinco años y un presupuesto anual en cifras de carácter financiero y físico, que tiene que contar necesariamente con un respaldo político, para que todos los involucrados en el contrato social respeten las leyes, para lograr el crecimiento económico robusto y sostenido del país y mejorar el bienestar social de la población.
En la actual administración gubernamental hay diferencias entre "agentes económicos" y "agentes políticos", que se concreta en comportamientos que obedecen a una lógica "política" y a una lógica “económica”. Por ejemplo, cuando el agente económico “Gobierno” busca el apoyo de la mayoría de los electores o el de segmentos concretos del electorado, motivado por el afán de ser reelegidos o por el deseo de representar a los electores que les son leales deja de lado la restricción presupuestaria (ingresos genuinos) y oferta bienes y servicios públicos, predominando el factor político sobre los principios y fundamentos económicos.
Un caso concreto y de actualidad es el mensaje presidencial del 6 de agosto del 2024 en donde se anunció y oficializó el 21 de agosto del año en curso sobre cuatro preguntas para un referéndum a ser respondido por los bolivianos, que serían incorporadas en la boleta para las elecciones judiciales en diciembre, siendo las preguntas segunda y tercera referidas a levantar la subvención del diésel y la gasolina corriente, decisión que corresponde a tomar medidas económicas y que es de exclusiva responsabilidad de la administración gubernamental del presidente de la República y su gabinete ministerial.
Mediante la política económica se asumen decisiones difíciles, con poca información, el tiempo en contra y una población descontenta exigiendo soluciones inmediatas, como vivimos actualmente en nuestro país por la escasez de dólares, diésel, gasolina corriente y la elevación de los precios de los productos y servicios, y los responsables definidos en la CPE no se pueden dar el lujo de ignorar lo urgente que afecta la vida de las personas.
La cuestión es cómo enfrentan el problema económico, qué recursos tienen, cómo lograrán que llegue oportunamente la solución a los ciudadanos, qué pasará después (Día después). La política económica depende del escenario en el cual la población está siendo afectada por problemas sobre la cual se aplica. Es difícil encontrar una medida de política económica que mejore la situación de todos, o al menos que mejore la de algunos sin comprometer la de otros.
La disyuntiva de ortodoxia económica versus heterodoxia económica[2], para resolver los problemas económicos que afectan a todos los ciudadanos tiene que ser sustituida por basar la política económica en la realidad económica, social, política, cultural y psicológica utilizando el cajón de herramientas económicas que disponemos los economistas.
Por lo tanto, en el presente siglo XXI en el que vivimos la cuarta revolución industrial de la robotización y economía digital, a los economistas no sólo nos preocupa el aumento de precios, o la declinación de la producción industrial de corto plazo, sino la perspectiva de la economía en el largo plazo; en este sentido, la subvención del diésel y gasolina corriente no es el único problema económico actual de la economía boliviana, que además los gobernantes buscan que aprueben los bolivianos y no asumen su responsabilidad, sino que son varios los problemas: déficit de balanza comercial, déficit fiscal, brecha cambiaría, declinación del flujo y stock de divisas, decremento de la producción, disminución de la inversión, migración de empresas a otros países, deuda pública, riesgo país, etc., que tiene que resolverse (poner en orden la casa), con un ajuste económico y no con preguntas mediante un referéndum.
___________________________________________________________________________
[1] Fueron varios mentores entre los principales fueron: John Locke, Charles Louis de Secondat o Barón de Montesquieu, Jean-Jackes Rousseau; David Hume, Francois-Marie Arouet conocido como Voltaire.
[2] Como decía Keynes, según Skidelsky “El gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Debe ser matemático, historiador, estadista y filosofo (en cierto grado). Debe comprender los símbolos y hablar en palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con la vista al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario: tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo en ocasiones, tan cerca de la tierra como político”
El autor es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.
