El “Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 del Bicentenario” tiene una fecha límite para que el Órgano Ejecutivo envíe al Órgano Legislativa para su tratamiento y aprobación que según la Constitución Política del Estado (CPE) es hasta fines de octubre del 2024 y ser discutido y aprobada en las dos cámaras, hasta sesenta días y enviar al Ejecutivo para su promulgación de la ley.
El PGE es el principal instrumento de política económica que determina y registra numéricamente los ingresos y gastos fiscales, y financiamiento del sector público que afecta a los hogares, empresas privadas, comercio exterior y la cuenta de ahorro e inversión.
El escenario económico, social, económico y medio ambiente externo e interno en que se encuentra el país afecta directa e indirectamente en la elaboración del PGE 2025 por: crecimiento económico mundial bajo y lento; precios internacionales de las materias primas volátil; guerra Rusia-Ucrania e Israel-Palestina; elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos; plan económico libertario del Presidente de la República Argentina; empresas calificadoras internacionales de riesgo califican a Bolivia como el segundo país latinoamericano de alto riesgo para las inversiones; disminución de los yacimientos de hidrocarburos existentes; Argentina suspende la compra de gas desde septiembre; cuotas de exportación; Brecha Cambiaria; Atraso Cambiario; mercado paralelo del dólar; contrabando; Carry Trade; baja en el flujo de divisas y en la acumulación de las reservas internacionales netas; elevado monto del servicio de la deuda externa respecto a los desembolsos; elevado déficit fiscal; déficit de balanza comercial; mora bancaria tendencia creciente; crecimiento económico bajo y lento; tendencia creciente de la tasa de inflación; paros y bloqueos; debilidad institucional; ciclo presupuesto-electoral; quema de tierras indiscriminadamente; resultados del censo de población 2024 cuestionado; ingobernabilidad, debilitada gobernanza gubernamental, etc.
A cuatro años de administración gubernamental la economía declina su crecimiento, aumenta la tasa de inflación reprimida y postergada, disminución del flujo y stock de divisas (dólares), brecha y atraso cambiario incrementándose, elevada deuda pública, déficit fiscal y cuasi fiscal creciente, mora bancaria aumentando, liquidez del TGN insuficiente para otorgar las cuotas de compromiso, devengado de gasto y pago a los acreedores de las entidades públicas que a fin del 2024 resultaría en una elevada deuda flotante, sin embargo, predomina el ciclo presupuesto electoral para las elecciones nacionales de 2025, y necesita al sector privado por interés económico, de que incrementen su producción e inversión que de concretarse mejoraría la recaudación tributaria nacional a favor del Tesoro General de la Nación.
Una ejecución presupuestaria al primer semestre 2024 y un presupuesto reformulado 2024 del sector público son dos documentos presupuestarios importantes como por ejemplo, de que forma se procedió ante la no emisión de los bonos soberanos 2024 para proyectos de inversión pública y la solicitud del Tribunal Supremo Electoral al TGN de un presupuesto de gasto para las elecciones judiciales de diciembre, fue atendida mediante un Decreto Supremo que autoriza la modificación de partidas de gasto intrapartidas, es decir utilizar dentro de su mismo monto de presupuesto una reasignación de gasto no utilizado para asignar a gastos específicos que requiere realizar la actividad eleccionaria. Ambas actividades y la elaboración del proyecto de formulación del proyecto PGE 2025 se realizan simultáneamente.
El Proyecto de Ley del PGE 2025 del Bicentenario de Bolivia principal instrumento de política económica mantendría la estructura general vigente desde el 2006 al 2024 como fue: el incremento del PGE agregado y consolidado; tipo de cambio fijo; expansión del gasto público (corriente y de capital); elevado déficit fiscal, desahorro público, deuda flotante, crédito externo, crédito interno y continuar con una política económica de redistribución del ingreso, creación de empresas públicas y sustitución de importaciones en un marco de capitalismo de Estado modelo de transición hacia un sistema económico socialista, excepto que los ingresos públicos por la exportación de gas serían menores respecto a gestiones anteriores, menor ingreso de divisas y depósitos en las cuentas fiscales, baja recaudación tributaria, coparticipación tributaria y regalías.
Los gastos fiscales corrientes serían cubiertos con los ingresos fiscales corrientes y los ingresos de capital no serían suficientes para financiar la inversión pública, brecha fiscal que serían financiados con crédito público porque ya no se cuenta con un espacio fiscal[1], sin embargo, el PGE para el 2025 continuaría elevándose.
El ratio PGE/PIB para el 2022, 2023, 2024 fue 79%, 80% y 98,97% respectivamente y para la gestión 2025 año del Bicentenario de la República de Bolivia aumentaría, de igual manera, los gastos del TGN también se elevarían porque aproximadamente un 90 por ciento son recurrentes e inflexibles a la baja, como son el pago de salarios, renta vitalicia, servicio de la deuda pública, los programas sociales y transferencias condicionadas y no condicionadas, así como las subvenciones a los hidrocarburos, alimentos y servicios básicos.
Con relación a los presupuestos de las gobernaciones 2025, según los resultados del Censo de población 2024 serán afectadas por la variación de los ingresos por la Coparticipación Tributaria y por la conclusión de contrato de venta de gas a la República Argentina por concepto de regalías, el impuesto directo a los hidrocarburos y sus derivados.
Las cuentas públicas del PGE 2025 esperadas tendría un problema central que es la fuente de financiamiento del gasto, porque no sería con ingresos genuinos, es decir los impuestos, y continuaría recurriendo al crédito público interno y externo afectando a la generación presente y futuro de los bolivianos al asumir el compromiso de utilizar los futuros ingresos públicos, para amortizar el capital y el pago de intereses de la deuda pública, como sucedió en la gestión 2023 utilizando las barras de oro para pagar el servicio de la deuda externa, y el 2024 con una operación de Carry Trade utilizando una transacción de reporto de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, honrando la fe del Estado, otra restricción es la situación del flujo de divisas y el stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia, es decir el elevado déficit fiscal y nivel y tendencia declinante de las RIN.
Los resultados alcanzados en las principales variables macroeconómicas anual durante el trienio 2021-2023 y el primer trimestre y septiembre 2024 que se tiene datos registran cambios en los niveles y tendencias.
Con relación al crecimiento económico del país 2020-2023 hay un cambio de la tendencia de un decrecimiento de 8,7 por ciento el 2020 a un incremento de 6,1 por ciento el 2021 y continua el 2022 con un menor crecimiento de 3,6 por ciento el 2022 y una tasa de incremento de 3,1 por ciento para el 2023, con un promedio en el trienio de 4,3 por ciento por debajo del promedio esperado de 5,1 por ciento en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). Al primer trimestre 2024 el crecimiento de la economía registro 1,31 por ciento que significa que la tendencia mantiene su declinación a la baja. Por lo tanto, en el proyecto de PGE 2025 la tasa de crecimiento esperada sería de 1,5 por ciento.
Respecto al costo de vida medido con la tasa de inflación durante el período 2020 al 2023[2] van de un mínimo de 0,67 por ciento el 2020, un 0,90 por ciento el 2021, a un máximo de 3,12 por ciento el 2022 y una tasa de inflación de 2,12 por ciento el 2023, y un promedio durante el trienio de 2,05 por ciento por debajo del programado de 4,7 por ciento en el PDES que significa que el ingreso fijo de las personas fue afectado de forma moderada según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También la subvención, precios regulados y el ingreso y salida de productos al país vía contrabando repercutió en los precios internos y la tasa de inflación. La tasa de inflación acumulada a septiembre del 2024 registro 5,53 por ciento siguiendo una tendencia creciente, en este sentido, la tasa de inflación esperada 2025 sería más elevada.
Acerca del comportamiento de la inversión pública como porcentaje del PIB ejecutado alcanzo un 51,0 por ciento respecto al promedio esperado de 13,5 por ciento, programado en el PDES.
Por lo tanto, la tasa de crecimiento económico promedio programado del PDES no se concretaría, a pesar de incorporar montos elevados de inversión pública en los presupuestos anuales que la misma ley prevé textualmente: “….Este esfuerzo para la reconstrucción económica y productiva, conlleva elevados niveles de inversión pública, razón por la cual, se estima modificar el resultado fiscal global para el 2025…..”,en consecuencia, no se lograría dinamizar el crecimiento económico.
El déficit fiscal esperado 2025 continuaría elevado financiado con crédito del BCB y desembolsos de deuda externa contratados y aprobados anteriormente al funcionamiento de los pesos y contrapesos al interior del Órgano Legislativo.
El probable contenido general del proyecto del PGE 2025 tendría los aspectos:
En conclusión, la estructura y contenido general del proyecto de PGE 2025 sería similar a las anteriores leyes. Una posible diferencia principal del PGE 2025 del Bicentenario a los anteriores son los proyectos de inversión en ejecución que concluyen el 2024 y la próxima gestión fiscal entrarían en operación con ingresos y gastos (Siderúrgica del Mutún, Yacimientos de Litio Bolivia y otras), como parte de la celebración de los doscientos años de creación de la República de Bolivia.
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[1] El espacio fiscal es la disponibilidad de recursos para financiar un incremento en el gasto público sin comprometer la sustentabilidad de la posición financiera del gobierno o la estabilidad de la economía (Heller 2005).
[2] Utilizando año base 2016, según publicación “Memoria de la economía boliviana 2023”.
El costo de vida medido con la variación del IPC sube moderadamente porque se mantiene una inflación reprimida, gracias a una política fiscal de subvención en las tarifas de hidrocarburos, electricidad y algunos alimentos en la actualidad que permite a los consumidores acceder a precios regulados y su abastecimiento, pero afectando al crecimiento de la producción nacional y la creación de nuevos puestos de trabajo.
El autor es sconomista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
