El principio de los “Pesos y Contrapesos” según Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes (1748)”[1] propone el sistema tripartito de división de funciones: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuya finalidad radica en no concentrar el poder en una sola persona sino distribuirlo o separarlo en funciones y a su vez, limitar el ejercicio del poder mediante el mecanismo de los “pesos y contrapesos” con la finalidad de respetar los derechos de los individuos.
Según principios económicos una persona cuando asume el rol de político deja de ser ese hombre altruista que lucha por elevar el nivel de bienestar de sus conciudadanos y se convierte en algo mucho más real: un maximizador de su propia función de utilidad muy distinto de la función de utilidad de cada uno de los ciudadanos, es decir, cuando se presenta ante sus votantes no les dice: “Elígeme, que quiero el poder”. O: “Tengo muchas ganas de ser presidente”. O: “Quiero colocar en buenos puestos a mis amigos”. Por el contrario, trata de ocultar tales objetivos y se presenta a sí mismo como una persona que se sacrifica por la búsqueda del bien común, utilizando todos los medios a su alcance y principalmente utilizando el presupuesto público.
Un candidato necesariamente transita tres etapas para conseguir la presidencia: primero la campaña electoral con una oferta para satisfacer una demanda de la sociedad con un equipo de personas especializados en campaña electoral; segundo si gana las elecciones trabaja con otras personas para trabajar en la transición de reunirse con las autoridades gubernamentales para recibir informes y datos esenciales sobre el estado del estado de la economía y la tercera la gestión gubernamental con la conformación de sus ministros y autoridades de las entidades públicas, para iniciar su gestión.
El economista James Buchanan[2] señalo que: “la política sin romance, anclada en el presupuesto de que los funcionarios y tomadores de decisiones políticas tenderán a satisfacer su interés propio antes que a asegurar el bien común o el servicio público, razón por la cual es necesario introducir límites constitucionales y fiscales, para proteger los derechos individuales de las acciones y las decisiones colectivas”. Es decir, recomendó, normas que moderen las ambiciones de los políticos y su búsqueda del propio interés en su accionar, cuando se concentra el poder como sucedía en la época antigua de las monarquías.
Otro economista Douglas North premio nobel junto a Robert Fogel en 1993 por su aporte en la investigación en historia económica utilizando técnicas cuantitativas para explicar los cambios económicos e institucionales conocido también como la nueva historia económica y Cliometría. El estudio estuvo centrado en el rol de las instituciones, las normas y convenciones de una sociedad, como las leyes, derechos de propiedad, los seguros, la política y las costumbres en el largo plazo del desarrollo económico. Es decir, su aporte es que el pasado, el presente y el futuro están conectados por obra de la continuidad de las instituciones de la sociedad en el tiempo y la evolución de los marcos institucionales inducen al declive o al fracaso económico.
Los marcos teóricos de política y economía planteados por Montesquieu, James Buchanan y Douglas North son valiosos que permiten describir lo que acontece en la realidad política, económica en nuestro país y prescribir las acciones según el mecanismo de los Pesos y Contrapesos.
Pesos, contrapesos y presupuesto en Bolivia.
En 198 años transcurridos de la creación de la República de Bolivia se tuvo períodos gubernamentales que mantuvieron los pesos y contrapesos con la independencia de los poderes y otros que optaron por no respetar y concentrar todo el poder.
Durante el período 1970-2023, se distingue tres subperíodos: el primero 1970-1981 gobiernos militares que concentraron todo el poder; el segundo 1982-2005 retorno de la democracia, economía de mercado y Estado regulador prevaleció los pesos y contrapesos y el tercero 2006-2023 Estado Plurinacional y Economía Plural dejo a un lado los pesos y contrapesos debilitando la institucionalidad y la justicia, no obstante que la Constitución Política del Estado de febrero de 2009 en el artículo 12.I.señala que: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.
Una evidencia sobre el tercer período es el primer Plan de Desarrollo Económico y Social del MAS-IPSP junio 2006 en su capítulo 2, Construyendo el desarrollo, 2.1 Concepción del desarrollo que señala: “La propuesta de la nueva institucionalidad del Estado boliviano es que este asuma su descolonización desde sus mismas estructuras, prácticas y discursos como parte del proceso de descolonización definitivo. La composición “colonial” del aparato estatal y la urgencia de desmontar todos los mecanismos explícitos e implícitos que connotan y denotan esta colonialidad es porque está impregnada en la estructura del Estado y en su funcionamiento cotidiano. ….”.
La institucionalidad fue debilitada y las autoridades fueron designadas de forma interina por largos períodos, que recientemente se hizo público que la finalidad fue para que sean eficientes, para tener la posibilidad de consolidarse en su puesto y ser titulares que probablemente por un tiempo y al comienzo de una gestión resulte favorable y luego no, más aún la realidad nos muestra que es todo lo contrario.
Cuando el Órgano Ejecutivo (OE) enviaba proyectos de ley al Órgano Legislativo (OL) desde el 2006-2022, para su tratamiento y aprobación fue considerado sin contratiempos por la mayoría de los parlamentarios oficialistas y por instrucciones precisas a cumplir.
En la gestión 2023 el OL cambio radicalmente y ejerció sus funciones de legislación, fiscalización y gestión porque hay una división de la bancada parlamentaria oficialista en dos: unos denominados los Arcistas que tienen la presidencia de la Cámara de Diputados y otros los Evistas que presiden la Cámara de Senadores, situación que favorece el funcionamiento del principio de pesos y contrapesos que reestablece la función principal del legislativo de legislar, fiscalizar y gestionar
Una de las principales normas que recibe el OL del OE, para su tratamiento y aprobación es el Presupuesto General del Estado (PGE) que es un instrumento de política económica que registra numéricamente ingresos, gastos y financiamiento previstos para la ejecución de las políticas públicas programadas para la gestión de un año fiscal, que tiempo atrás previamente se realizaba mediante las audiencias públicas con la participación de la sociedad civil y las instituciones públicas que podían manifestar sus observaciones, antes de convertirse en ley del Estado, que es fundamental reestablecer.
También un proyecto de ley de Modificaciones a un Presupuesto General del Estado (MPGE) como el del 2023, es considerado en el OL para inscribir ingresos, gastos y financiamiento adicionales a nivel de las entidades públicas, que fue aprobada después de varias sesiones y con modificaciones al original recibido, porque funciono los pesos y contrapesos.
El proyecto de ley del PGE 2024 fue tratado en el plenario de la Cámara de Diputados en sesión continua, pero dejando sin efecto el artículo 8 que aprobaba un crédito con organismos internacionales por $US700 millones, de libre disponibilidad para el Ministerio de Planificación del Desarrollo, y aprobado el sábado 9 de noviembre y remitido a la Cámara de Senadores, para su revisión, porque funciono los pesos y contrapesos.
Por lo mencionado, el resultado sobre el tratamiento de los dos proyectos de ley de: MPGE 2023 y PGE 2024, son resultados de que está funcionando el mecanismo de los “pesos y contrapesos” limitando el ejercicio de la concentración del poder en un solo Órgano con la finalidad de respetar los derechos de los individuos que es fundamental que se preserve y defienda.
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[1] Fueron varios mentores entre los principales fueron: John Locke, Charles Louis de Secondat o Barón de Montesquieu, Jean-Jackes Rousseau; David Hume, Francois-Marie Arouet conocido como Voltaire.
[2] Premio nobel de economía en 1986.
El autor es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
