Según la Real Academia Española el terrorismo son bandas criminales organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. A partir de esta descripción conceptual el terrorismo desencadena una serie de actos que producen violencia por grupos u órganos que causan inseguridad e intimidación en la población.
El fenómeno del terrorismo al ser organizaciones que actúan al margen de la Constitución y los instrumentos internacionales sobre protección de derechos humanos, en su estructura cuenta con niveles de decisión intelectual, financiamiento del narcotráfico y tráfico de armas y los ejecutores que amparados por esa estructura de visibles estrategas intelectuales desde los gobernantes del Estado y extra gobierno, bloquean carreteras desplomando cerros, sembrando pánico en los transeúntes y transportistas de carga internacional, nacional e interprovincial, extorsionan a los propietarios de vehículos y obligan a sus células sindicales a integrarse al indiscriminado bloqueo con amenazas de perder sus parcelas de coca con la consiguiente multa económica.
Toda esta espiral de violencia y tremendo daño económico en ocho días que lleva la trama terrorista, con su líder huido ahora en Brasil por supuesto tratamiento de próstata, mantienen escépticos y anestesiados al gobierno de Arce Catacora, ministro de gobierno, ministro de justicia, ministro de Obras Públicas y Transporte, y ni que decir de la inexistente policía nacional y la subordinada fiscalía general encrucijada entre defender al gobierno o a los bloqueadores, en cualquiera de los supuestos incumple con el rol de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y el ejercicio de la función penal pública de oficio, tal como le manda el artículo 225.I y II de la Constitución Política del Estado. Sensiblemente, ante el talente y vocación de los exfiscales generales, Gómez Reyes y Ángel Baldivieso Echazú (+) no existe ni la mínima finura y prolijidad con relación a estas celebridades que dignificaron la institución fundada el 27 de abril de 1825.
El terrorismo tiene sus variantes en su ejecución sistemática, pues se sabe que la organización política que ha hecho terrorismo desde octubre de 2003 con la caída del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (octubre de 2023) con muertos de ambos lados, fue un esquema preparado por el naciente populismo que ahora tiene intacta e impecable la personería jurídica registrada y custodiada en el Tribunal Supremo Electoral con la sigla (MAS IPSP), y que bien conocen que esa organización política si se la puede llamar así, que desde mi visión académica acumula un prontuario de violaciones a la Constitución, por citar algunos ejemplos: su líder el expresidente Evo Morales impulsó ante el TCP la DOP 003/2013 de 25 de abril, Tribunal que decidió sin ningún apego a la Constitución “que por tratarse de una refundación del Estado el primer mandato de Evo Morales (2006 a 2009) no se contaba, sino a partir de la vigencia de la Nueva Constitución de 9 de febrero de 2009”; optó por incumplir el referéndum 21 f que le dijo no a la modificación del artículo 168 de la Constitución y, finalmente, se habilitó al cuarto mandato de 20 de octubre de 2019 cometiendo el fraude electoral más vergonzoso que el pueblo boliviano rechazó y por esa causa tuvo que renunciar y huir el país, camino que tomó el actual presidente del país con la ayuda de algunos políticos que negociaron la no pérdida la personería jurídica del MAS IPSP.
Como la historia tiene sus registros, ahora que están crispados con el gobierno, el ministro de justicia ha destapado la olla de presión y ha saltado la tapa para hacer conocer que Evo Morales fue el causante de la crisis que vivió el país en octubre y hasta el 10 de noviembre de 2029, como que el escenario de muertos los puso el expresidente Morales Ayma, dando a entender que no hubo golpe de estado, sino “fraude electoral” comprobado por los auditores de la OEA. Si esa fue la realidad de la trama: ¿Por qué el gobierno de Arce Catacora sigue persiguiendo e inventando procesos penales a los opositores políticos, acciones que se encuban desde los ministerios de justicia y gobierno, violando el derecho a la “presunción de inocencia” con fiscales y jueces que no cesan con la cacería de brujas para cumplir con el poder?, y ¿Cuál la razón para que Evo Morales siga gozando de inmunidad cuando ya debería ser juzgado y estar en Chonchocoro por el rosario de delitos penales por violación sistemática a la Constitución y las leyes; perpetuidad en el poder; daño económicos (500 millones de dólares); violación a menores de edad, dejar sin alimento a la población y sus supuestos vínculos con carteles del narcotráfico?. Y, desde luego, no solamente él y el exvicepresidente tendrían que purgar sus atrocidades, sino todo su equipo de asesores que ahora fungen como diplomáticos y continúan en la gestión de gobierno. Asimismo, el pueblo boliviano tiene derecho a saber quiénes destruyeron con procesos penales al primer Tribunal Constitucional de Bolivia, como que está atento al proceso de juicio de responsabilidad contra los Ángeles jurisdiccionales del Tribunal Constitucional Plurinacional que por unanimidad se auto prorrogaron en sus funciones, “no cambiando la Constitución sino volteándola”, en conexión on line con ministerio de justicia, Tribunal Supremo de Justicia y comisión de constitución de la Cámara de Diputados
En consecuencia, si el gobierno ya destapó la olla de presión y salto la tapa de semejante trama descalificadora y destructora de la Constitución y el Estado de Derecho y no hace nada por despejar los cuestionamientos serios por la que pone en vilo a la población boliviana, frente a los personajes más oscuro de la historia de Bolivia y los exmagistrados del TCP y TSJ también causantes de esta debacle; quiere decir, que el populismo de Arce Catacora y sus ministros no buscan integrar al constitucionalismo en el sistema democrático, sino poner en marcha una dinámica agonista de todo el aparato institucional y productivo de Bolivia y, en especial, residenciar todos los males del desastre económico e institucional en la derecha y las élites y productores, que con sacrificio invalorable sobreviven para cubrir la demanda alimentaria de la población boliviana, ante la falta de Estado.
De este modo, no es bueno acostumbrarse al terror desde el Estado ni a los actos y hechos extra constitucionales de los grupos irregulares que activan el pánico y que justifican su desaparición como partido político. Por ello, es importante que la decisión deben tomar las instituciones civiles democráticas vivas de los departamentos, los transportistas, Colegios de Abogados, Universidades, gremiales y los que viven el día a día buscando el sustento familiar, para encontrar una solución al laberinto engendrado y desarrollado por el partido de gobierno de los 15 años y del que busca con su sigla MAS IPSP retomar el control del poder ante la traición de su discípulo, que parece estar dispuesto a dar los santos óleos al Movimiento al Socialismo con el mismo tribunal que en forma procaz tiene su culpa y responsabilidad, quizás no será tan fácil inquirir su responsabilidad en la jurisdicción nacional, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la ONU, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica dan curso para recurrir al plano de la Comisión y Corte IDH.
Bien dice el profesor de Derecho Constitucional y Estudios de derecho comparado Carlos Flores Juberías en su libro “La guerra por mi cuenta”, en circunstancias caóticas del país, él no es un pacífico combatiente, sino un guerrero singular que dispara palabras; porque las palabras cuando van acompañadas de la lógica y del sentido común (dos elementos que abundan por fortuna) son los proyectiles de la razón y acción”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
