Las movilizaciones sociales, iniciadas el pasado martes 18 en rechazo al denominado “paquete de leyes” que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) pretende imponer, han mostrado la gran desconfianza que la ciudadanía le tiene al gobierno. Este sentido de desconfianza se fue gestando a partir del 2006, cuando ese partido asumió el gobierno. Desde entonces, el proyecto totalitario delincuencial intentado, ha sembrado, motivo tras motivo, las semillas que alimentaron la desconfianza colectiva.
A lo largo de este tiempo, la orientación antidemocrática del MAS sirvió como manto de encubrimiento a las prácticas corruptas, motivando tanto las protestas sociales como el descrédito del MAS. Así, movilizaciones democráticas y falta de credibilidad en este partido han sido una constante y como tal, se han acumulado hasta alcanzar los extremos evidentes de hoy en día. En este orden, diremos que las movilizaciones sociales en curso no tienen solamente motivaciones coyunturales.
La desconfianza de la población en el gobierno es, pues, resultado de una experiencia histórica acumulada, al vivir por más de una década y media bajo el desgobierno actual. Paralelamente a los permanentes atropellos a la democracia, por parte del MAS -a fin de consolidar el modelo totalitario-, el paso del tiempo ha enseñado a la ciudadanía también la importancia de la preservación de la democracia, como barrera para impedir la consolidación de la lógica delincuencial, como proyecto de gobierno. El que la ciudadanía lo hubiera aprendido por medio de la experiencia, nos dice que ésta posibilitó la adquisición de tal conocimiento colectivo y hoy en día, son cada vez más los sectores sociales que comprenden que con el MAS se trata del esfuerzo por hacer de la lógica delincuencial y totalitaria las ideas reactores de gobierno.
De hecho, esas certezas se sintetizan en el rechazo al proyecto de Ley 280, supuestamente orientado al lavado de dinero y las ganancias ilícitas -aunque en el fondo se constituiría en un mecanismo “legal” para agudizar la persecución política y el chantaje a dirigentes de sectores sociales críticos al gobierno. La certeza que se trata de una administración extremadamente corrupta es también la que moviliza a la población en rechazo a la Gestora; institución ahora a cargo de la administración del dinero de los jubilados. En respuesta, el gobierno señala que se trata del cumplimiento de un mandato constitucional y que, además, hay cinco candados constitucionales que garantizan la honesta administración de los recursos de los jubilados. Respuesta que no pasa de ser una desesperada coartada.
Se supone que también el Fondo Indígena contaba con múltiples mecanismos de control, para la administración de sus recursos económicos. Sin embargo, tales mecanismos no han impedido, en absoluto, al MAS desfalcar esa institución. Debido a la inexistencia de un sistema judicial en Bolivia, los operadores directos del desfalco han sido premiados con sendos curules en el poder legislativo. Pero, como para que no queden dudas del carácter totalitario y corrupto, por medio del ministerio de Educación (una suerte de repartición de plagiadores), el gobierno intenta elevar a calidad de conocimiento, con los que se “educará” a los alumnos de todo el país, una variedad de mentiras, con las que busca legitimarse en el tiempo.
La falta de confianza de la población en este partido se ha cultivado, por tanto, gracias a los constantes atropellos a la democracia. Desde el desconocimiento a la voluntad ciudadana, expresada en el referéndum de febrero del 2016, pasando por el fraude electoral del 2019, la desinstitucionalización del Estado, la ausencia de seguridad jurídica, los constantes avasallamientos a la propiedad privada y un largo etc., todo ello ha cimentado la certeza en la población que resulta absurdo confiar en un gobierno totalitario y corrupto.
En este orden, los supuestos candados constitucionales para proteger el ahorro de los jubilados bajo la administración de la Gestora, no significan nada. No tiene ninguna importancia el listado de “garantías constitucionales”, porque para las manos de una administración orientada por lógicas delincuenciales, no hay control alguno que no pueda ser violentado. En este tipo de administración, dada la falta de transparencia y el control de la información, simplemente no se ejerce control sobre el manejo de las instituciones. Al contrario, los malos manejos y los actos de corrupción son sencillamente encubiertos. Las instituciones públicas, de esa manera, devienen en verdaderos agujeros negros, liberados al manejo discrecional de la militancia del partido de gobierno.
Las movilizaciones en curso han aportado, pues, varias novedades, para el análisis del estado socio-político boliviano. Primero, dejan en claro la gran desconfianza ciudadana en el gobierno. Puede que éste, más preocupado por hacer realidad el proyecto totalitario delincuencial con el que sueña, no preste importancia a la desconfianza colectiva, pero en política, se entiende, se trata de un elemento de central importancia. Por otra parte, no se trata de una desconfianza pasiva, resignada a soportar la implementación de tal despropósito, como en Nicaragua o Venezuela. Al contrario, se trata de una falta de confianza activa, dispuesta a recuperar los principios democráticos básicos y evitar, a la vez, que los recursos de los jubilados sean apropiados por el partido de gobierno.
En segundo término, las movilizaciones muestran que se trata de un aprendizaje (éste, el de la desconfianza en el MAS) adquirido gracias a la experiencia histórica. Este tipo de adquisición de conocimiento tornan inútiles la peregrinas “ideas” masistas, que proponen que por medio de la explicación de los supuestos beneficios, la población terminará apoyándoles. Al mismo tiempo, devela la inutilidad de la persecución política desatada por el gobierno, en contra de opositores políticos, cívicos, sindicales, académicos, etc., debido a que nada de ello apaga el espíritu anti-totalitario de la población. Por último, también ha dejado en claro el estado de agonía en el que se encuentra el modelo de Estado totalitario delincuencial buscado por el MAS; modelo al que las tretas institucionales, con las que una y otra vez se sorprende a la ciudadanía, no logran darle vida.
Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor
