Éste es un momento en el que hay que vigilar más de cerca las elecciones judiciales y anticiparnos a la manipulación electoral. Para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional hay 139 candidatos y candidatas sobre quienes pesa la sospecha de falta de transparencia y autenticidad; parte de este proceso es el anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que están habilitados para votar en las elecciones judiciales 7.333.933 personas cuyos votos en contra de esas candidaturas no tendrán ningún valor. Esto no se trata de una elección sino de una imposición de coaliciones políticas mínimas que desde el poder eligen a los que la gente debe elegir, o más exactamente, se trata del objetivo oficialista de prorrogar la impunidad sin legitimidad mediante elecciones defectuosas que deben validar los aparatos clandestinos de campaña. En este escenario antidemocrático y de elevados niveles de manipulación intraestatal y de aparataje extraestatal, los electores bolivianos necesitan con urgencia una guía contra la manipulación electoral que está en curso para una tercera imposición de magistraturas en el Órgano Judicial con consecuencias deletéreas para la justicia que es impotente para enfrentar los vicios impuestos como ese por el cual la ley se aplica a los enemigos y para los amigos se las interpreta, además del cínico tráfico de fallos judiciales. Aunque el Estado Plurinacional se presente inconscientemente como un híbrido entre república y democracia sostenido por el Estado de Derecho Constitucional, éste ha empeorado la situación de la justicia y de los derechos humanos y colectivos dada su impronta autoritaria, ubicándose Bolivia a nivel internacional como un país con una justicia de escaso o nulo nivel de independencia frente a los otros poderes del Estado.
Jamie Raskin, figura influyente del Partido Demócrata en Estados Unidos, dice de las prácticas partidistas en beneficio propio "Es como si los políticos escogieran a sus votantes, y no al revés". Esto aplicado a las elecciones judiciales implica que los políticos han elegido lo que la gente debe elegir, es decir, que los políticos oficialistas desde las alturas del Estado ya han escogido a sus candidatos ganadores y también han escogido y organizado a sus votantes en perspectiva ganadora para que sus candidatos electos reproduzcan la sumisión de la justicia a los poderosos y les garanticen impunidad a sus corruptelas y arbitrariedades; para ese fin inventan una narrativa electoral (según los artículos 178 y 182 de la Constitución el pueblo “elige” a los magistrados que impartirán justicia) por la cual los bolivianos irán a las urnas a “elegir” una justicia “renovada”, manipulan perfiles y candidaturas y organizan aparatos de campaña para que direccionen el voto de unos cuantos clientes políticos en el marco de lo que ya ha elegido la clase política, no al revés, ¡no! la gente no elige. En esta diversidad de juegos estratégicos, está empíricamente demostrado que el sistema de elecciones de autoridades judiciales no está pensado para que la gente elija; se aprende de la experiencia que las elecciones judiciales no son más que una metáfora donde hay un único ganador: el factor gobierno; bajo el principio de mayoría simple no hay posibilidad de que el pueblo gane e imparta justicia como reza la Constitución. El notable politólogo William H. Riker define la herestética como un modo de estructurar el mundo para ganar y, se gana dependiendo de las estrategias que tengan los actores, lo cual depende de los métodos de votación que se utilicen y su sujeción a la manipulación política y electoral, o sea, los resultados que obtienen las coaliciones mínimas ganadoras depende de la habilidad política y del arte de la manipulación electoral y de la agenda pública para beneficio propio; los políticos ganadores eligen o seleccionan cuestiones o asuntos públicos de manera tal que los otros actores se les unan de manera voluntaria o forzada.
Pero la burla del ganador ex ante no se anida únicamente en el modelo de elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; la burla de las instituciones y la manipulación electoral están extendidas a la inexistente democracia intercultural y a los principios deliberativos que le son inherentes a la democracia participativa y comunitaria reconocidas en el artículo 11 de la Constitución cuyo sistema de gobierno es la columna vertebral de este nuevo régimen político que en tanto totalidad se reconoce como Estado Plurinacional. La diferencia entre democracias y repúblicas en occidente consiste no solo en la elección directa o indirecta de gobierno, sino también en que las primeras deciden mayoritariamente y las segundas deliberan indefinidamente (de ahí que Jürgen Habermas sea partidario del republicanismo, por considerar que la decisión colectiva debe fundamentarse en la argumentación, en el mejor argumento, o al menos el más razonable de entre los existentes). Pero la praxis de la democracia y la república inconscientemente imbricadas en la Constitución boliviana están fracturadas e instrumentalizadas para reducir a simples medios a los sujetos colectivos y a la ciudadanía; se puede afirmar que los electores contemporáneos no son más que medios para el logro de los fines de los elegidos (a pesar de la máxima kantiana del trato entre los hombres como fines, no como medios) y, la palabra es la programadora de instrucciones bien definidas desde arriba hacia abajo a los fines de que unos pocos hagan lo que quieran. En síntesis, democracia y república en el constitucionalismo boliviano han sido reducidas a lugares donde los políticos eligen lo que la gente debe elegir.
Una Constitución es el resultado de singulares planes de ingeniería política de pocos para el control de muchos (aunque los fundamentos de un Estado no necesariamente tengan una Constitución, como es el caso de Inglaterra e Israel). Entonces, cuando se habla de una Constitución Política, ésta no es otra cosa que constituir políticamente el poder delimitándolo jurídicamente mediante el principio legislativo de cómo debe constituirse y decidirse el presente y el futuro de una sociedad, es decir, decidir mediante el principio democrático de la mayoría (que implica decisión de pocos e incubación de la tiranía de las minorías) o, decidir mediante el principio de la deliberación republicana (que implica decisión dialógica libre de imposición) hacen la constitución de una sociedad; la primera llena de reglas pragmáticas, la segunda con demasiadas ilusiones sobre el poder persuasivo de la palabra. La Constitución es pues un darle forma y sentido al mundo humano. Pero todo esto ha dejado de ser verdad, todo lo que sabíamos de teoría política y de constitucionalismo ya no sirve para entender este tiempo de democracias defectuosas, de indiferencia moral, de irrespeto a la ley, de puro presentismo nihilista y ausente de esperanza en el futuro.
La elección de magistrados es un sistema pensado no para que la gente elija sino para imponer desde arriba el arbitrio de pocos a los fines de proteger los usos discrecionales del poder y para brindar impunidad a la corrupción patológica una vez dejado el gobierno. En este país como en otros de baja o ninguna institucionalidad, repito, la ley se aplica a los enemigos y se la interpreta para los amigos. Si de algo se puede jactar la democracia y la economía libidinal es el de la democratización de la manipulación electoral y del deseo desmedido: no sólo los de arriba, los de abajo también pueden imponer sus decisiones y deseos por más antidemocráticos que lleguen a ser o por imposibles de satisfacer que puedan parecer (ambos, decisiones impuestas y deseos sin cumplir, alimentan el descontento y el rencor de la gente), los autoritarismos se han percatado de este descontento y rencor y lo han instrumentalizado en favor de gobiernos autocráticos cuyo poder llega a ser total. La deriva autoritaria y/o juridictadura es una experiencia antidemocrática que pasa por alto el deseo de las mayorías y las voces y los argumentos de la gente y, ha urdido un plan para copar las instituciones del Estado de manera torpe y cínica, este cínico realismo de que el poder se conserva desinstitucionalizando los Órganos del Estado y sus aparatos represivos ha provocado la crisis de confianza en la democracia y la república. El problema del giro autoritario o antidemocrático radica en que no se obedece a la Constitución, sino que la obediencia ciega se debe a las órdenes de los jefes partidarios quienes eligen lo que la gente debe elegir, esta anomalía se ha evidenciado con indiferencia en los últimos tres procesos para elegir altas magistraturas del Estado Plurinacional.
Hay varios sospechosos de colaborar con la impunidad judicial y la farsa electoral, entre ellos están la COB y las organizaciones sociales afines al gobierno, así como la Universidad Pública y ciertas facultades de Derecho y Ciencias Políticas coludidas con los gobiernos del MAS hace varios años. Es un desastre que la Universidad Pública no tenga el coraje de decir la verdad (peor aún que se preste la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA a validar una farsa de elección judicial, que no es tal, que en realidad es la imposición de unos cuantos canallas), aunque comprensible los intereses que tienen las autoridades de esta Facultad con el poder político y con sus candidatos que apuntalan de manera solapada, es repudiable, porque no tiene nada que ver con un Estado próximo a la justicia como solía decir John Rawls. Respecto de los aparatos que se organiza desde el poder, es una catástrofe para las luchas sociales que la COB y las "organizaciones sociales" hayan cerrado acuerdos con el gobierno para votar por candidaturas corruptas e indignas, a cambio de favores y privilegios grupusculares. En pocas palabras, los históricamente insubordinados y cierto “academicismo” han dado su aprobación a nuevas formas de autoritarismo disimulado y elogian una justicia represiva modelada para penalizar la diferencia y la disidencia.
Por último, y algo relativamente nuevo, son las campañas en las redes sociales, donde mediante silogismos y algoritmos (reglas e instrucciones bien definidas) se persigue objetivos determinados, cual es el que se imponga como magistrados lacayos insignificantes del poder de turno ¿O es que ya se olvidaron de los silogismos prácticos de Aristóteles que consisten en elegir los medios en función de los fines? O, ¿No saben que la designación que hizo el Presidente John Adams como Supremo de la Justicia de los Estados Unidos a su hombre de confianza John Marshall fue para garantizarse impunidad una vez dejado el gobierno? ¿Por qué el Órgano Electoral no se pronuncia sobre las campañas disfrazadas que circulan en las redes sociales?.
Que no se entienda mal mis observaciones sobre el principio mayoritario de la democracia y el deliberativo de la república, porque no es culpa de su diseño institucional que el secretismo y el autoritarismo de unos pocos hayan producido democracias defectuosas. La democracia es la mejor porque es subversiva, subvierte el hostes para hacerla hospes; la democracia es subversiva porque rechaza y combate el poder opresivo de pocos sobre muchos y, la república no admite el secreto ni el poder en la sombra cualquiera fuere su fuerza oculta (sea que fuere de camarillas o, fuesen algoritmos secretos) es transparencia dialógica porque combate el secreto del poder invisible y de las minorías organizadas que solo permiten ver a los ciudadanos en blanco y negro. Ya lo decía el filósofo italiano Norberto Bobbio “La democracia es subversiva. Y lo es en el sentido más radical de la palabra, porque, allí donde llega, subvierte la concepción tradicional del poder, tan tradicional como para ser considerada natural, según la cual el poder -político, económico, paterno o sacerdotal- va de arriba abajo”.
Las elecciones judiciales son el acto más antidemocrático y el más manipulador de todos porque bajo la fórmula de la mayoría simple se oculta la dictadura de una minoría corrupta y prepotente; insisto en este pensamiento afirmativo: esto no es una elección es una imposición autoritaria. Mi propuesta de voto estratégico en las elecciones judiciales (urgente.bo 13 de septiembre de 2024 y ANF noticiasfides.com 13 de septiembre de 2024) no solo busca elegir a los candidatos menos desagradables o a los menos dañinos; es ante todo un acontecimiento democrático-subversivo en perspectiva de que las elecciones judiciales de diciembre de 2024 es un momento donde la democracia se rebela contra los abusos del bloque en el poder y le declara la guerra a la patológica corrupción judicial.
Debo reconocer que los críticos del poder son como las abejas, una vez que han picado, mueren. Defender la democracia y la república supone depositar nuestra confianza en sus virtudes para que ellas metabolicen nuestras pasiones e intereses mediante la discusión pública de todos y la libre decisión mayoritaria. Para recuperar los valores democráticos (voluntad real de la mayoría) y republicanos (elogio de la deliberación respetuosa con el otro) es valiosa la praxis de la democracia subversiva, porque implica rebelarse contra quienes se saltan y transgreden la Constitución y las leyes con total impunidad. Por eso hay que defender la Democracia, porque es subversiva, porque se rebela siempre contra los abusos de las tiranías y contra los vicios de la corrupción.
El autor es politólogo y abogado, Docente UMSA.