El pretender saltarse el resultado vinculante y vigente del 21F del 2016 donde bolivianas y bolivianos le dijimos “no” a ese lamentable empeño de eternizarse en el poder no tiene revisión posible, y es a ese desconocimiento que responde la actual pérdida de legitimidad del gobierno y de la figura presidencial, incluida la desconfianza. Desde luego, no es la primera vez que incumple acuerdos políticos públicos, y en particular lo referido a la reelección. Como es conocido, hay en la actual Constitución la Disposición Transitoria Primera que ya contiene la prevención para evitar este tercer periodo, que, ignorando el valor que tiene el empeñar la palabra públicamente, el TCP lo habilitó para las elecciones del 2015. La discusión jurídica presentada por eminentes juristas del país, niega el supuesto “derecho preferente” de manera muy clara (a favor del ciudadano no del máximo representante estatal en funciones), pero lo que entiende el ciudadano común –y eso no tiene ambages- es que el pueblo en tanto soberano ya decidió ese tema en específico, y en una república democrática es la última palabra, y ese es nuestro tipo de Estado, aunque con rimbombante etiqueta de “Estado Plurinacional”.
También sabemos que ese es un tema crucial en el diseño de pesos y contrapesos en un régimen presidencialista. Hace poco Gonzalo Flores ha mostrado (en el suplemento dominical de Página 7) la apabullante cantidad de disposiciones en nuestra historia constitucional que se decanta por la no reelección continua. También recordamos que Paz Estensoro perdió la 3ra. fugaz presidencia por ese intento en 1964, fue el mismo asunto el que detonó el largo proceso de la Revolución Mexicana en 1910 (de donde proviene el lema oficial allí de “sufragio efectivo no reelección”) y finalmente, la enmienda constitucional estadounidense que limita a una única reelección continua y definitiva en 1951. No es, pues, menor el asunto de pretender que un fallo de un cuestionadísimo tribunal de seis individuos en retirada quiera cambiar la voluntad popular expresada oficialmente.
Es este el contexto donde aflora con fuerza la desconfianza ante la promulgación del Código Penal. En menos de un mes, a finales de año, se conoce el irritante fallo del TCP, las peculiares elecciones judiciales y la sanción del nuevo código, precisamente en materia penal, que es donde se coarta libertades civiles y ciudadanas y es el recurso con el que se ha enjuiciado a todo opositor visible, y nada indica que se dejará de hacerlo. Seguramente un examen desapasionado de ese compendio de leyes podría mostrar algunos méritos, incluso ser considerados evidentes avances en ciertas materias en relación al vigente desde 1972, pero ya grandes sectores sospechan de que se trata de un instrumento para acallar voces y doblegar la voluntad ciudadana en función del grosero fin de la eternización de Morales Ayma en la presidencia. Con este mismo gobierno, en sus primeros años, conocimos proyectos de ley publicados en separatas de periódicos de circulación nacional, las denominadas leyes marco. Algo así debiera haber ocurrido para tan importante temática, y aun puede hacerse, abrogando el mentado Código, pero queda pendiente el origen del escepticismo respecto al oficialismo, la inaceptable habilitación para un cuarto periodo de un régimen inescrupuloso a la hora de respetar límites legales, ese que “le mete no más”.
Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo, Prof. del posgrado de la universidad pública boliviana.
