El 28 de octubre, un grupo de periodistas, policías y trabajadores de la propiedad Las Londras, en Guarayos, Santa Cruz fueron al predio. Se prestaban a realizar su trabajo y dialogar con quienes se habían asentado allí de manera ilegal. La comitiva pretendía dialogar con los asentados, la prensa debía obtener registro y la versión de éstos. Pero alrededor de 70 encapuchados armados dispararon a las llantas de los vehículos, secuestraron a los integrantes de la comitiva, los golpearon, los amenazaron y retuvieron a la fuerza e incomunicados durante siete horas.
Antes de liberarlos, obligaron a los secuestrados a firmar un documento de compromiso en el que se indicaba que no volverían al lugar.
El hecho fue mencionado por una autoridad policial como un simple “altercado”, y no un secuestro. Los agresores sostuvieron que solo trataban de “darles un susto”. Lo que resulta alarmante es la existencia de grupos armados que actúan de forma delincuencial. ¿cómo se armaron? ¿De qué protección gozan? De acuerdo con lo que sostiene la Fundación Tierra, el caso de la propiedad las Londras, y seguro de muchas más, es un enredo de derechos territoriales.
Por un lado, están los empresarios que se presentan como legítimos dueños de dicha propiedad y que en realidad la obtuvieron mediante la falsificación de documentos, por tanto, son ocupantes ilegales.
Por otro lado, están los encapuchados que se hacen pasar por campesinos pobres de la zona andina con el objetivo de beneficiarse de tierras fiscales. Del mismo modo que los primeros, éstos son ocupantes ilegales que lograron crear tres nuevas comunidades. Son colonos soyeros que quieren adueñarse y ocupar las tierras por la fuerza. Por tanto, no son gente sin tierra, ni son parte de la gente más pobre del país a la que se le está dotando de tierras. Se respaldan en su militancia en el partido de gobierno. Así lo reveló el cabecilla del secuestro quien fue recientemente arrestado. Por cierto, el operativo policial y fiscal, en San Julián, para proceder a la detención de los responsables del secuestro fue violento, pues una turba enardecida atacó a balazos a la fuerza pública, oponiéndose a las aprehensiones.
Y finalmente, el predio Las Londras forma parte de la Reserva Forestal Guarayos. Surge la interrogante ¿no correspondía al INRA desalojar a todos los que se pretenden dueños de dicha tierra, y recuperar esas áreas de bosque que cumplen funciones ambientales? ¿Qué hace el Estado?, ¿qué hace el INRA? Mafiosos de guante blanco, por un lado, o delincuentes con armas de fuego, por otro, pugnan por la tierra. Tiene que ser un medio institucional el que finalmente lidere la resolución de estos conflictos, sin avalar y proteger a nadie, sin permitir asentamiento ilegal alguno, lo que, como en el caso que nos ocupa, ha suscitado el surgimiento de grupos armados.
Tal parece que lo sucedido en Las Londras muestra la punta del iceberg de una problemática estructural en el país, en la que grupos de poder disputan la tierra. En el contexto del oriente, se añade un actor vital olvidado que queda en medio del fuego y las balas: los pueblos indígenas, que se llevan la peor parte del conflicto. Para ellos lo que está en juego es el territorio, la casa donde moran y desarrollan su vida, una concepción lejana de la visión mercantilista que tienen los agroindustriales y colonos sobre el aprovechamiento y explotación de la tierra.
El caso Las Londras es una muestra de cómo se instala la violencia en una sociedad, tal como sucedió en países como Colombia, México o Haití y que en la actualidad, son lugares donde la violencia es incontrolable. Por ejemplo, en México se han formado comités de autodefensa, es decir la sociedad civil se ha armado, ante la imposibilidad del Estado de llegar a controlar determinadas zonas que se han convertido en tierra de nadie y donde los carteles hacen de las suyas.
En Bolivia, actualmente la pugna es por la tierra, pero si se permite que grupos irregulares armados funcionen impunemente, mañana estaremos hablando de enfrentamientos y tiroteos entre carteles por el control del narcotráfico, del contrabando, de las redes de trata de personas o prostitución. Todas estas son problemáticas irregulares, escabrosas, criminales que minan la sociedad, deshaciendo su tejido, corroyendo la convivencia, rebajando o pisoteando la condición y dignidad humanas. Estas situaciones emergen, se desarrollan y crecen en un contexto de ausencia o ineficiencia del Estado, lo que provoca el agravamiento de la violencia, el atropello a los derechos humanos y la resolución a bala y mano propia.
Gabriela Canedo Vásquez es socióloga y antropóloga
