Al Cnel. (r ) Angel Ortuste Oporto
Varios episodios de nuestra historia contemporánea tuvieron en octubre hitos en la construcción de la democracia en sus varias acepciones, que revisamos aquí, así sea solo para no desmayar en ese empeño; colectivo y ciudadano.
En octubre de 1969, cuando la Revolución Nacional se resistía a morir, se decretó la nacionalización del petróleo, intentando retomar las banderas nacionalistas con el Estado soberano de sus materias primas estratégicas, ese gabinete de notables con Marcelo Quiroga y el momentáneo liderazgo del Gral. Ovando, en un gesto para definir una correlación difícil. Después de los años de la ”restauración”, como sin ambages la denominó el Gral. Barrientos, también pasajero líder de la reacción, ante la ya languideciente revolución social. Aquí estaba primando la idea de que una de nuestras principales riquezas sociales debía tener un uso y beneficio también social: dimensión socioeconómica de la democracia, si se quiere abreviar.
La otra es la recuperación de las libertades políticas, la de octubre de 1982, también luego de varios intentos por desplazar a los uniformados a sus tareas constitucionales, no pretorianas. Aquí, de nuevo, la movilización social empujaba un proyecto que tenía claro, sobre todo, lo que no quería, que rechazaba la dictadura, ese monopolio minúsculo de miembros habilitados para hacer política negando a los demás su condición ciudadana. Vendría después la azarosa conducción de política económica que hubiera dado con el trasto de ese esfuerzo de no haber tenido nuestro entonces presidente, el Dr. Hernán Siles Zuazo, la generosidad para acortar su mandato y retirarse de la vida política como el digno patricio que fue. Pasarían dos periodos constitucionales para que la ciudadanía nacional popular recupera algún protagonismo, merced al contexto reformista de los 90s, luego de la “década perdida”, como la CEPAL denominó para la región las dificultades económicas que la población enfrentó y conspiraban contra el régimen democrático. Con derechos ciudadanos, era preciso avanzar en respuestas socioeconómicas que, desmantelado lo poco que había del Estado “benefactor”, debía movilizar voluntad social.
El otro octubre, el del 2003, era de rechazo a unos actores políticos que habiendo realizado reformas sociales fueron incapaces de reformarse a sí mismos y decidieron que los negocios nacionales debían ser tratados como asunto de cúpulas, para entonces muy desgastadas y casi asustadas por el empoderamiento social y también ciudadano. Como aquí faltó la grandeza del Dr. Siles, se los expulsó y se empezó a postular un recambio de élites, de decisores políticos de lo público. Y esos negocios nacionales tenían que ver con el destino del gas; de nuevo, con esos bienes que nacionalismo revolucionario de por medio, sentimos como patrimonio nacional irrenunciable.
Podemos hacer la cuenta de los aniversarios involucrados, pero lo que importa es lo que podemos aprender de cada episodio. Está claro que, crecientemente, se ha afincado colectivamente la convicción de que para asuntos públicos de importancia como el destino de nuestras materias primas, en uno y otro caso; o la manera de gestionar nuestro destino compartido (arreglos institucionales de la democracia), no toleramos que unos cuantos, así sea a nombre de los ángeles (“seguridad nacional”, globalización o “estado plurinacional”) se arroguen la facultad de decidir sin involucramientos ciudadanos en lo público. No es arbitraria la inclusión del Estado “pluri-multi”, Chaparina se adelantó en el almanaque una semana, pero el arribo de la VIII marcha del TIPNIS llegó puntual y con olor de multitudes y solidaridad en octubre del 2011. Porque también estamos densificando el sentido de los bienes públicos estratégico, no sólo son commodities, también es el modo de vida de los pueblos indígenas (en este caso de tierras bajas), y el cuidado ambiental que será un legado para nuestros hijos y nietos.
Esta idea de bienes públicos está ya indisociada del ámbito público para definirlos, tiene que ver con la discusión plural que los reconozca como tales, primero; y que siga el proceso opinión- convicción (pública, otra vez) sobre su destino. Eso se conoce como pluralismo, hoy condición sin la cual no se puede sostener como democracia un orden social y político. Y aunque incomode a los y las ungidos/as del momento, sí, buena parte de los bolivianos y las bolivianas hoy podemos decir que democracia no es sólo mayoría electoral –ineluctablemente transitoria, por lo demás- sino, principalmente, discusión ciudadana que requiere de vigencia de derechos, no del amedrentamiento y la descalificación para anularla. Este país sigue siendo más grande que sus eventuales dirigentes.
