Nadie pondrá en duda la diabólica eficiencia de los campos de concentración que las ideologías asesinas pusieron al servicio y la barbarie a lo largo del siglo XX, por citar algún ejemplo. Como nadie puede negar su radical inmoralidad y desviaciones sistemáticas de los modernos exmagistrados al servicio del gobierno MAS IPSP que deciden dar el jaque mate a la Constitución.
Los exmagistrados de los órganos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son más o igual que los jueces del horror, porque su pretensión de seguir actuando por encima de los derechos fundamentales, cultura y valores, con un inane y desobligado pragmatismo materialista violentan el Estado de Derecho Democrático Constitucional y desnaturalizan profundamente su dizque legitimación democrática cesada por cumplimiento de mandato.
El imperio de la Constitución no admite auto prórroga de mandato bajo ninguna circunstancia de interpretación sesgada y menos que el guardián e interprete supremo de la justicia determine en beneficio ideológico, político y personal continuar ejerciendo jurisdicción en el ámbito constitucional y ordinario extendiendo de facto las funciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM), faltando que por previsión futura le reserve los efectos de la monumental SCP 049/2023 a favor del Fiscal General, autoridad que se siente cómodo con los archivos y sobreseimientos de procesos cuando se trata de criminalidad azul, pero se dinamiza cuando los denunciados son los enemigos de la oposición. Así el estado de cosas, qué esperanzas se puede tener de que las investigaciones preliminares y el juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del TCP avance, si la justicia está politizada hasta el hastío que provoca repulsa colectiva en la ciudadanía.
Tan profunda es la crisis de la justicia en Bolivia, que según el Informe Mundial de la Human Rights Watch 2024, asegura que al revisar los documentos de la detención del Gobernador de Santa Cruz Luís Fernando Camacho, no halló pruebas que respaldarán la acusación por terrorismo en su contra. Autoridad democrática elegida por el voto popular que fue detenido el 29 de diciembre de 2022 y que actualmente guarda detención preventiva (ampliada por varias veces), en el penal de Chonchocoro por el supuesto delito mencionado dentro del caso golpe de estado de 2019.
La organización internacional protectora de los Derechos Humanos Human Rights Watch en su informe publicado el 11 de enero da cuenta que Jeanine Añez permanece en prisión desde 2021 y que al ser acusada por terrorismo, al revisar los documentos de imputación y proposición acusatoria, halló que la acusación es infundada y manifiestamente desproporcionada. Se recuerda que Jeanine Añez expresidenta interina de Bolivia accedió al cargo ante la renuncia de Evo Morales por fraude electoral y la presión del pueblo que se volcó a las calles para defender la democracia, el 2022 fue condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, proceso que se encuentra con recurso de casación pendiente de decisión ante el TSJ.
El caso de Cesar Apaza se incluye en el informe, quien se encuentra con detención preventiva desde septiembre de 2022 por el solo hecho de defender los intereses de los cocaleros de los Yungas. Durante el tiempo de su detención ha sufrido torturas y malos tratos, y además de sufrir una embolia cerebral en febrero de 2023, sin que se le permita la asistencia médica especializada.
En los tres casos mencionados se colige que los delitos por los que se acusan a los procesados fuera de tener una definición amplia el delito de terrorismo, se ha prestado para la presentación de cargos contra los opositores por el presidente Luís Arce Catacora. Lo que explica con claridad que Luís Fernando Camacho, Jeanine Añez y Cesar Apaza son presos políticos y el gobierno los utiliza como trofeo de gestión y temeridad para quienes intenten cruzar la acera minada. Además, es de enfatizar que en el país hay más de 76 presos políticos con jueces y fiscales del horror que cumplen a pie juntillas las órdenes desde el ejecutivo.
La Fundación Internacional señala entre otras fragilidades que: el sistema judicial en Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años, no se cuenta con una ley de acceso a la información, el 50% de los jueces son transitorios, el 80% de fiscales son transitorios situación que afecta a la estabilidad y la arbitrariedad, la detención preventiva de presos sin condena firme asciende al 66% a diciembre de 2022, la violencia de género y la violación de los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo problemas más graves y el Gobierno no defiende el derecho de las víctimas, los derechos de las mujeres y niñas siguen estando expuestas a altos riesgos de violencia, la fiscalía registró más de 51.000 denuncias de violencia, entre enero a septiembre de 2023 hubo 65 feminicidios, según el Gobierno de Arce Catacora 724.000 Niñas, Niños y Adolescentes de 5 a 17 años trabajan (2019), el 2021 alrededor del 36% de la población están por debajo del umbral de pobreza y el 11% estaba en situación de pobreza extrema, de tres cuartas partes de los miembros de 36 comunidades indígenas de la Amazonía presentaban niveles de mercurio, el doble del límite máximo exigido por la OMS, no obstante que Bolivia en 2016 ratificó el Minamata sobre el mercurio, las cárceles están hacinadas con atención sanitaria precaria, la población carcelaria ascendió a 24.824 entre 2021 y 2022 creció en un 19%.
En los temas de Actores internacionales y la posición de Bolivia en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Human Rights Watch subraya que, en enero de 2024 Bolivia decidió no renovar el mandato de la Oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde diciembre de 2020 había funcionado como una importante entidad independiente de monitoreo de los derechos humanos en el país. Bajo esta tesitura, Bolivia se ha opuesto en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: al Grupo de Expertos que investiga violaciones sistemáticas de DDHH en Nicaragua, votó en contra para renovar el mandato de un grupo similar para Siria, se opuso sobre los relatores especiales sobre la situación de Derechos Humanos en Rusia, en Burundí, en Irán y en Bielorrusia. También votó en contra del establecimiento de una Misión Internacional de determinación de los hechos de Sudán.
En conclusión, la Fundación Internacional para la protección de los Derechos Humanos, señala que el presidente Luís Arce Catacora no ha cumplido su promesa de reformar la justicia, para garantizar la independencia y sustraerla de la política.
El informe precedente puede variar en el tema acefalías de vocales y jueces, si se conoce que en Sala Plena Conjunta los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia entre el 10 y 11 de enero de 2024 designaron 45 vocales ordinarios y 13 vocales constitucionales para los Tribunales Departamentales de Justicia, se entiende que los vocales han pasado por pruebas de méritos y de conocimientos previas convocatorias públicas y cumplimiento de requisitos formales y procedimentales. Se estima que entre 8 a 10 vocales quedan por designarse. Asimismo, se conoce que en la jurisdicción ordinaria de 1.073 jueces existen 83 acefalías (77 jueces y 6 vocales) lo que constituye que aún existe un 8% de acefalías, siendo los distritos de La Paz, Cochabamba y Tarija los que presentan esta falta de institucionalización.
El grave problema se presenta al provenir esas designaciones meteóricas nada menos de exmagistrados cuya función jurisdiccional constitucional y ordinaria fenecieron en su mandato de seis años el 31 de diciembre de 2023, por lo que no se precisa investigar mucho para identificar los problemas que pudieran generarse en el futuro, obviamente si se consuma la posesión de los designados. Recordemos por la salud de la justicia y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho que el artículo 122 de la Constitución Política del Estado dice: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Por lo tanto, como el respeto por la ley y el imperio de la Constitución no admite cesiones espurias, su capacidad para decir no frente al abuso, su vocación por la libertad y la justicia son innegociables.
Frente a esta tormentosa sumisión, dejó bien dicho Abraham Lincoln, tan aficionado a usar su experiencia en los bosques para iluminar sus afirmaciones, “que si no se aúlla con los lobos se corre el riesgo de ser devorados por la manada”. Cierto, pero es el deber moral de los juristas denunciar al mundo.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
