Incoherencias en torno a la libertad de expresión

Incoherencias de diverso tipo afloraron en el país en días recientes a propósito de que al gobierno transitorio se le ocurrió querer limitar la libertad de expresión más allá de lo que puede admitirse en términos legales.

Y tal vez esa fue la principal incongruencia, pues resulta harto incomprensible que, en una situación crítica como la que enfrentan, las autoridades nacionales, aceptadas para recomponer la democracia, hubiesen decidido contravenirla y abrir, por propia voluntad, un complejo frente de conflicto.

La otra, casi equivalente y cínica, estuvo representada por el oportunismo de aquellos que por más de 10 años maniobraron para controlar los medios informativos y las corrientes de opinión ciudadana, pero que de repente aparecieron como sus defensores. Se suma, en este caso, el absurdo ideológico de que supuestos “anticapitalistas comunitarios” pretendan abanderar un fundamento principal del “liberalismo individualista” y su forma democrática “burguesa”.

En una línea parecida –paradojas de la vida–, podría catalogarse como incoherente el resultado de la legítima protesta de organizaciones periodísticas y otras afines (la derogación de las disposiciones cuestionadas en los decretos 4199, 4200 y 4231) que acabó beneficiando a algunos que quieren suplantar, aun desde el anonimato y sobre todo en el espacio virtual, a los trabajadores de la información y la opinión.

Mas ahí no se cierra la lista de incoherencias. Confundir información con opinión y, por tanto, a los que propalan noticias (esto es, novedades sobre hechos o dichos comprobados) con los que emiten juicios de valor incontrastables; hablar de “noticias falsas” sin entender que si hay falsedad no puede tratarse de noticias, pretender aplicar el Código Penal en lugar de la Ley de Imprenta que se declara defender, rasgarse las vestiduras frente a la regulación ignorando la necesaria autorregulación que la equilibra, reducir la desinformación a la sola distorsión aislada o tener a agitadores de la zozobra protegidos legalmente, son otras de esas incoherencias.

Sin embargo, de lo acontecido se debiera extraer algunas lecciones, no sólo para evitar que en cualquier momento algunos caigan en la reincidencia, sino ante todo para lograr avanzar en el horizonte de los derechos.

En esa dirección, puede ser útil recordar que la libertad de expresión es una prerrogativa de todas las personas, que no es ni puede ser ilimitada, absoluta, y que está profundamente relacionada con las libertades de conciencia, de pensamiento, de publicación, de asociación, de reunión y de disidencia, entre otras. Todo este sistema es el que se debe articular en el Derecho a la Información y la Comunicación, constitucionalizado en Bolivia (Art. 106 de la Carta Fundamental), aunque carente de normativa específica.

Lo dicho lleva a reflotar la polémica acerca de la necesidad de perfeccionar la legislación dispersa existente, algo en lo que se tendría que trabajar porque en estos días se vio, por ejemplo, que no se cuenta con una definición clara sobre lo que implica la “protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas”  recomendada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13, numeral 2, inciso b) ante el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Lo más cercano a ello, todavía impreciso, es el señalamiento de los “delitos contra la sociedad” en la Ley de Imprenta (Arts. 10 y 11).

Pero, igualmente, en su momento tienen que ser puestas en la agenda del análisis, la discusión y la decisión otras cuestiones cardinales: el acceso y la transparencia de la información pública, los mecanismos de autorregulación, la asignación de publicidad estatal, la democratización del espectro electromagnético, la digitalización mediática, la ética de la comunicación en general, la protección de los públicos, la educación crítica para los medios viejos o nuevos, el uso social de las tecnologías informativo-comunicacionales, los derechos digitales y las responsabilidades ciudadanas en materia de libre expresión.

Sin duda, que las incoherencias en este ámbito dejen de reproducirse debía ser interés de todos.