La autonomía judicial en el país ha sido históricamente un desafío arraigado en un legado colonial de abuso por parte de quienes detentan el poder. A menos de dos años para que Bolivia celebre sus 200 años de existencia, persiste la problemática centenaria del sistema judicial, caracterizado por la falta de independencia y la presencia constante de injusticias a lo largo de estos dos siglos. A pesar de los 19 cambios constitucionales que reflejaron las transformaciones políticas, sociales y económicas del país a lo largo de su extensa historia, la simulación en el sistema judicial ha perdurado.
El 12 de diciembre del año pasado, las autoridades judiciales propusieron auto prorrogarse, buscando extender sus funciones más allá del término de su mandato de seis años el 2 de enero de 2024. Lamentablemente, lograron su cometido y continúan en sus roles, abandonando cualquier vestigio de legalidad y dejando claro que su elección carece de fundamentos en méritos de idoneidad, así como en principios morales, éticos y en el respeto a la constitución y a la población boliviana, ya que están más alineados con los intereses políticos del momento.
El argumento legal que utilizaron fue la alusión al término "prórroga de mandato" se limita al texto de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Política del Estado de 2009. En dicho documento, se establece de manera excepcional la extensión del mandato de alcaldes, concejales municipales y prefectos de departamento hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades electas, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior. Sin embargo, las “ex autoridades judiciales” que se mantienen en el poder no indican que esta prolongación se deba a una situación excepcional derivada de la aprobación de la nueva constitución, la cual introducía modificaciones en el proceso de elección de autoridades subnacionales.
También intentaron justificar las prórrogas fuera del marco constitucional que se materializaron en la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 del 15 de enero de 2020, referente a la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. Esta situación se suscitó debido a dos circunstancias excepcionales: la pandemia de Covid-19 y la necesidad de asegurar la gobernabilidad ante la renuncia del expresidente Morales.
El argumento de apoyarse en disposiciones lejanas a la coyuntura actual, especialmente aquellas que determinan la prórroga, carece de fundamento al no hacer referencia al artículo 183 de la actual constitución, el cual establece un periodo de seis años para las autoridades. La situación actual, donde las autoridades en funciones autorizan su propia extensión de mandato, contradice los principios democráticos y constitucionales. La esencia detrás de la limitación de mandatos y las elecciones periódicas radica en asegurar la rotación en el poder y prevenir la acumulación excesiva de poder en manos de un grupo o individuo.
En días recientes, la fiscalía ha iniciado una investigación sobre la prórroga ilegal de las “ex autoridades judiciales”. Se espera que este proceso se desarrolle rigurosamente en conformidad con la Constitución y el Estado de Derecho, y que se impongan las correspondientes sanciones a aquellos que crean estar por encima de la ley fundamental del país. Es imperativo que la investigación no sea simplemente una cortina de humo, sino que verdaderamente busque esclarecer los hechos, evitando convertirse en un pretexto para justificar la permanencia ilegal de las ex autoridades en sus cargos.
Parece que a las “ex autoridades judiciales” que se están prorrogando y a muchos políticos que no quieren que se mantengan las ex autoridades judiciales no les interesa considerar que los informes de organismos internacionales sobre la situación institucional y de justicia en Bolivia durante la gestión 2023 muestran preocupantes indicadores. El Proyecto Mundial de Justicia posicionó a Bolivia en el puesto 131 de 140 en su Índice de Estado de Derecho. Asimismo, en el ranking de la Red Liberal de América Latina sobre el Índice de Calidad Institucional, Bolivia se ubicó en el puesto 40, pero en el contexto global, específicamente en 1996, se encontró en la posición 149 de 180 países. Además, en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Bolivia se sitúa en la posición 126 de 180 países. No les interesa que el país se siga hundiendo institucionalmente.
Para finalizar, es necesario que quede en la mente de “ex autoridades judiciales”, de muchos políticos, funcionarios en el poder, así como en la ciudadanía, que se debe materializar en alguna reforma constitucional reponer elementos importantes de la primera Constitución de Bolivia de 1826, que en su artículo 2 dice: "Bolivia es, y será para siempre, independiente de toda dominación extranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona, ni familia". Parece que muchas autoridades y políticos piensan que el estado es de su patrimonio y pueden hacer lo que les da la gana, incluso pasando por encima de la actual Constitución Política del Estado.
El autor es analista socioeconómico
