Desde Bruselas el jueves 9 de noviembre Santos Cerdán legislador socialista e importante miembro de la dirección del partido (PSOE), anunció tras sellar el pacto con el partido encabezado por Carles Puigdemont (Juntos), que “es un acuerdo político y de la ley de amnistía”
Recordemos que Carles Puigdemont huyó a Bélgica tras liderar el fracasado proceso independentista catalán de 2017, y contra sus acciones de secesión de España, desde la justicia se libró orden de captura que fue suspendida la ejecución tan pronto se conocieron los resultados de las elecciones generales (23-07-2023).
El acuerdo con los independistas catalanes para conceder amnistía no solo beneficiará al líder de la fracción socialista Carles Puigdemont, sino a miles de personas implicadas en el fallido intento de secesión de la región del noreste del país. La media del pacto supone las posibilidades de que Pedro Sánchez forme una nueva coalición izquierdista para gobernar en minoría, pero para alcanzar ese objetivo el actual presidente que juega tiempo de descuento necesita el respaldo de un pequeño partido vasco.
La expectativa sabor a miel a favor de Pedro Sánchez vienen de los 7 legisladores de Junts per Catalunya y los 7 de Esguerra Republicana de Catalunya, ambos partidos al sumarse al proyecto pueden permitirle a Sánchez superar el umbral de los 176 votos para una sesión de investidura prevista para las siguientes semanas. Por tanto, si no se puede formar gobierno antes del 27 de noviembre, se disolvería el parlamento y se llamaría a elecciones para la segunda quincena de enero de 2024.
La medida de la amnistía desde la perspectiva de los partidos de oposición las manifestaciones y críticas al presidente Pedro Sánchez han sido feroces. Consideran que conceder amnistía por sus delitos separatistas, no hacen que saltarse de la ley sin otro objetivo que el perpetuarse en el poder, y es no respetar las decisiones judiciales. Esta figura también permea al orden jurídico boliviano mediante Decreto Supremo 27234 de 31 de octubre de 2003 (Por razones de seguridad en los hechos de octubre negro) y el Decreto Supremo 4461 de 18 de febrero de 2021 (Amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos).
Para el Partido Popular representado por Alberto Nuñez-Feijóo califica que “estos acuerdos de la vergüenza no solucionan ningún problema, sino que agravan”. Adiciona que “todos estamos hablando de ceder al chantaje”.
El líder del partido de VOX Santiago Abascal dice: “Se ha puesto en marcha hoy definitivamente, el golpe de Estado contra la nación, contra la democracia y contra la ley”, y comienza por tanto una etapa negra en la historia de España. Más probable es que antes del 27 de noviembre sabremos que habrá intento de investidura, lo que no podemos asegurar en política es si Pedro Sánchez alcanzará la mayoría absoluta (176 votos).
En el análisis del segundo tema referido a Bolivia, en Washington el viernes 10 de noviembre se llevó a cabo el 188 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (Comisión IDH), presidida por la vicepresidenta Roberta Clarke con la agenda inicial de dos temas centrales: Acceso a la justicia e independencia judicial. Sin embargo, la postura maquillada del embajador boliviano ante la OEA Héctor Arce Zaconeta y del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Paul Franco, que al momento de exponer en representación del Estado de Bolivia afirmaron que en el país se respetan los derechos humanos, que la justicia es independiente y que el Tribunal Constitucional asume decisiones sin presión del gobierno y que no hay presos políticos, la réplica no se dejó espera por las cuatro organizaciones de la sociedad civil.
La participación de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, el Centro de Documentación e Información en Bolivia (CEDIB), la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción-Red de Desarrollo y Derechos Humanos (UNITAS), la Oficina Jurídica de la Mujer (OJM) y Human Rigghts Watch Fundation. En sus informes denunciaron la politización de la justicia (más de 288 detenidos), el bloqueo de las elecciones judiciales, la sumisión del Tribunal Constitucional Plurinacional a los poderes políticos, el frecuente rechazo que realiza el TCP a las acciones de inconstitucionalidad abstracta (AIA) dejando en indefensión a los DDHH frente a las leyes que los vulneran.
Las mentiras piadosas de los representantes del Estado y del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de que hay independencia en la justicia y que no hay perseguidos políticos, fueron puestas en evidencia por las organizaciones civiles al explicar y documentar que: “entre el 2012 y 2014, siete acciones de (12%) fueron rechazadas, de agosto de 2014 a noviembre de 2023, 169 (60,51%) de las AIA fueron rechazadas en etapa de admisibilidad “es decir que la proporción se invierte drásticamente. Además, que el 15,52% fue desestimado y tenido por no presentado”. Asimismo, hicieron notar ante la Comisión IDH ser muy notoria la injerencia política en el TCP y la justicia, que las resoluciones son controvertidas, la corrupción de algunos de sus integrantes, y además de “su lamentable participación” en la prórroga del mandato de Evo Morales y su habilitación como candidato a 2019. Roberta Clarke, luego de escuchar a ambas partes (sociedad civil y representantes del Estado) dijo: “Tenemos que ser vigilantes para que exista independencia judicial y no se socaven los derechos humanos”.
A primera vista y ante la gravedad de los temas que fueron informados por las organizaciones de la sociedad civil se pueden extraer los siguientes elementos: a) Que no hay colaboración entre los órganos judiciales para fortalecer la independencia, sino que esa cooperación sumisa desdice la responsabilidad y mística de trabajo. Hay que defender a capa y espada la independencia del TCP para que este pudiera ejercer un verdadero control de constitucionalidad para de ese modo hacer prevalecer el estado de derecho y la fidelidad a la Constitución; b) Desde que fue presidente del Tribunal Constitucional Pablo Dermizaky (1998-2002 +), y los magistrados Hugo de la Rocha (+) Wilman R, Durán Ribera (+), Elizabeth Iñiguez, René Baldivieso Guzmán (+), José Antonio Rivera Santibáñez, Felipe Tridinnick (+), Rolando Roca Aguilera (+), Martha Rojas, Silvia Salame Farjat, ninguno fue notificado a prestar informes ante el Congreso y tampoco ante la Comisión IDH, porque en cada decisión hicieron respetar la independencia del TC y pusieron sello de responsabilidad profesional, ética y vocación de Constitución; c) Los efectos vinculantes del 21 f el TCP no hizo cumplir, remataron con la SCP 0084/2017 y ahora con la retardación en la AIA del proyecto de ley 144/2023 de 30 de agosto de preselección y elección de candidatos a magistrados para los órganos judiciales; d) La realidad es inocultable porque más de 180 son los presos políticos y más de 2.000 exiliados bolivianos en el sistema de cambio (2006-2023), y e) Las 5.000 causas no resueltas según sostuvo el ministro de justicia en meses pasados ¿no es retardación de justicia? Este estado de crisis no se resuelve con datos y entrega de expedientes ante la Comisión IDH, sino con mayor trabajo independiente, honesto, responsable, y obviamente con menos viajes irrelevantes.
En forma muy ponderada los profesores Santa Cruz Lima, R. y Luna Pichardo, S. dicen que: “La función de un juez en un Tribunal Constitucional es ayudar a respetar los derechos fundamentales y lograr una correcta forma de garantizarlos”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
