El estatismo se refiere a la posición política que defiende una extensa participación del Estado en la economía. En el caso de Bolivia, el estatismo se ha manifestado en la nacionalización de varias industrias, en regulaciones de precios y la creación de numerosas empresas estatales.
En Bolivia, a partir de 2006 y con la ruptura del anterior modelo económico, el rol de las empresas estatales orientadas a la innovación, agregación de valor y a las cadenas productivas, describía cómo el Estado debía desempeñar un papel más central en la definición e implementación de la política económica, especialmente en relación con los recursos naturales.
En este nuevo enfoque, se tenía como objetivo avanzar en la industrialización del país a través de la inversión pública. La nueva Constitución de 2009 establecía la necesidad de avanzar en la industrialización y se identificaban sectores estratégicos para el Estado, como los hidrocarburos, la minería, el agua y la energía, en los cuales el Estado tendría un papel activo. Para lograr esto, se promovió la creación de empresas estatales. Como resultado, Bolivia implementó un sistema normativo integrado entre las actividades extractivas y aquellas de tipo productivo, y creó y fortaleció empresas estatales en diferentes sectores de la economía. En 2017, había 63 empresas públicas, en comparación con 18 en 2007.
A partir de esto, la inversión en empresas públicas ha sido un tema de interés; debido a que muchas de estas empresas han sido deficitarias, lo que significaba que gastaban más de lo que ingresaban y, por lo tanto, requerían subsidios y ayuda estatal del gobierno para seguir operando. Esto pudo ser el resultado de varios factores, incluyendo ineficiencias operativas, falta de competencia, mala gestión y corrupción.
La relación entre el estatismo y el déficit de las empresas públicas en Bolivia puede ser vista como una tensión entre el deseo de promover el interés público y la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera. A medida que el gobierno asumía el control de más industrias y creaba más empresas públicas, aumentaba la probabilidad de que algunas de ellas se vuelvan deficitarias, lo que tuvo un impacto negativo en las finanzas públicas y la economía en general.
En general, la inversión en empresas públicas en Bolivia ha sido deficitaria en términos de rentabilidad y eficiencia, y tuvo que enfrentar muchos desafíos financieros y de gestión. Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en 2022, el déficit de las empresas públicas alcanzaba los 3.844 millones de bolivianos, en aumento comparado con las anteriores gestiones, lo que ponía de manifiesto que la situación financiera de estas empresas, era cada vez más precaria. Sin embargo, también algunas empresas públicas reportaron resultados positivos, por ejemplo, YPFB, que reportaba ganancias en algunos años, pero bajo un contexto de altos precios del gas natural, equilibrando de alguna manera la situación de déficit de todas las demás empresas.
El déficit de las empresas públicas se debe a varios factores, incluyendo las malas políticas de financiamiento, la corrupción y la mala gestión; es decir, la presencia de mucho Estado o demasiado estatismo. En términos teóricos, desde la perspectiva económica, bastantes autores abordan el tema de la ineficiencia en la inversión pública y en la gestión de los recursos. Citaré a algunos de ellos a continuación:
Milton Friedman hace una crítica a la intervención del Estado en la economía y argumenta que la inversión pública es ineficiente debido a la falta de incentivos para la eficiencia y la eficacia.
Friedrich Hayek, en su obra "Camino de Servidumbre", sostiene que la planificación centralizada y la intervención del Estado en la economía, llevan a la ineficiencia y mala gestión de los recursos públicos.
Ronald Coase, en su artículo "El problema del Costo Social", argumenta que la intervención del Estado en la economía puede llevar a la ineficiencia debido a la falta de información y la rigidez de los procesos burocráticos.
William Niskanen, en su obra "Burocracia y Gobierno Representativo", sostiene que la burocracia pública es ineficiente debido a la falta de incentivos y la tendencia a maximizar el presupuesto.
Y finalmente, uno de los más destacados teóricos de la economía y el Estado, James Buchanan, argumenta que la toma de decisiones en la esfera pública es ineficiente debido a la falta de información y la influencia de los grupos de interés.
Al margen de estos autores, que no se concentran –exclusivamente– en la ineficiencia de la inversión pública, estarían también otros como: Dani Rodrik, que estudió la relación entre la gestión pública y el crecimiento económico y Paul Romer, que manifestaba la importancia de la innovación y la eficiencia en la gestión pública para mejorar el crecimiento económico. Todos, aportes necesarios para comprender el problema.
La autora es Economista, Politóloga y profesora universitaria.
