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Opinión

Elecciones contra la incertidumbre

3 de Febrero, 2025
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A la fase de transición política iniciada tras el fraude electoral de octubre de 2019, misma que continúa abierta, se ha sumado la creciente incertidumbre derivada de la debacle económica e institucional en que los gobiernos del llamado Movimiento al Socialismo (MAS) han sumido al país. Las elecciones presidenciales de agosto próximo, en tal sentido, representan una oportunidad singular para quizás superar esta compleja circunstancia.

Como ya aconteció en momentos anteriores de la historia nacional, el actual se caracteriza por una situación que básicamente combina tres factores: una crisis múltiple, la ilegitimidad del grupo que administra el poder y un estado de fractura y de desasosiego social que va en aumento. 

Un cuadro semejante es el que de alguna manera precedió a los cambios políticos que, con procesos electorales de por medio, sobrevinieron por ejemplo en 1951-1952, 1978-1980, 1984-85 y 2000-2005. En todos estos casos, en los comicios efectuados, las correspondientes fuerzas opositoras consiguieron triunfar, aunque no apenas debido a las condiciones reinantes.

Si se hace un rápido repaso de los resultados de las votaciones efectuadas en las últimas siete décadas en Bolivia, se advierte algunos rasgos que vale la pena tener en cuenta para examinar mejor el presente.

Así, los porcentajes más altos de respaldo de los electores a una agrupación política, como sucedió con el Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1951 (42,9%), 1956 (84,4%) y 1960 (76,1%), y con el MAS en 2005 (53,7%), 2009 (64,2%) y 2014 (61,3%), sentaron las bases de un cierto predominio monopartidista temporal que, al final se quebró, entre otras razones, por un fenómeno de fragmentación interna.

Un parcial multipartidismo se extendió entre 1978 y 1993, para dar paso después a una especie de tripartidismo que, de todos modos, entre 2005 y 2014 otorgó el privilegio de la mayoría a una sola sigla, la del MAS.

Luego de la recuperación de la democracia en octubre de 1982, y hasta 2002, las fuerzas ganadoras consiguieron entre el 22,4 y el 35,5 por ciento de los sufragios solamente, lo que dio lugar a sucesivos acuerdos poselectorales en un tiempo conocido como el de la “democracia pactada”. Esto varió en 2005, cuando la organización victoriosa dejó de necesitar alianzas para conformar gobierno porque alcanzó una mayoría suficiente, pero esta figura volvió a modificarse en las frustradas elecciones de 2019, en que ese predominio fue desafiado por una segunda fuerza. En 2020 hubo de nuevo una mayoría suficiente (55,1%), mas el escenario de hoy sugiere que ello no se podrá repetir en 2025.

La participación ciudadana en los comicios fue normalmente significativa, pues fue mayor al 60% en las 16 elecciones registradas, y en particular desde el decenio de 1990, lapso durante el cual se llegó en distintas ocasiones a más del 80 por ciento.

En lo que va del siglo veintiuno, la población habilitada para votar –que en 1951 era apenas de 204 mil personas– fue incrementándose con regularidad, salvo en 2005, vez en que más bien disminuyó respecto de la votación anterior (4,1 millones en 2002). Las cifras fueron las siguientes: 3,1 millones para 2005; 4,8 millones para 2009; 5,4 millones para 2014; 6,4 millones para 2019 y 2020. El padrón para 2025 comprende a 7,3 millones de votantes.

El fraude fue el recurso al que apelaron los gobernantes que se sabían perdidosos, como el dictador Hugo Banzer que en 1978 forzó una victoria inverosímil de su delfín Juan Pereda, o como el ahora exjefe masista que en 2019 fugó tras anular las elecciones cuyas cifras oficiales, luego de una interrupción del conteo público por 24 horas, terminaron favoreciéndole con el porcentaje exacto requerido.

A partir de los datos precedentes, lo que parece posible anticipar es que, a pesar de la existencia de condiciones para una victoria opositora (de los factores mencionados más arriba), puede darse el caso de que ninguno de los contendientes consiga los porcentajes necesarios para declararse vencedor, ya que el oficialismo se encuentra dividido y todavía no resulta visible –o viable– la unificación de los opositores.

La vigente Ley del Régimen Electoral establece que será declarada ganadora de los comicios aquella fórmula que obtenga más del 50% de los votos emitidos o un mínimo del 40% de los mismos, pero con una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales respecto de la segunda candidatura más votada (Art. 52). En caso contrario, dispone que se lleve a cabo una segunda vuelta con las dos fuerzas más votadas, la que dará el triunfo a la “que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos” (Art. 53). Esta última se avizora en este lapso como la opción más probable después de agosto.

De todos modos, las elecciones de este 2025 podrán responder a la incertidumbre reinante si sus actores son capaces de concretar la transición que empezó hace poco más de cinco años, hecho que implica una comprensión estratégica de la coyuntura por la que atraviesa el país, una propuesta programática seria y sostenible en el largo plazo (un proyecto nacional), un liderazgo interregional sólido y una apertura responsable a los compromisos pre y poselectorales. 

El autor es especialista en comunicación y análisis político