La obsesión del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), por recuperar su truncado proyecto (en octubre del 2019) totalitario delincuencial, le lleva a atrincherarse en una mentira, en la que seguramente ni ellos mismos creen y según la cual millones de bolivianos habrían protagonizado un supuesto golpe de estado, el 2019. Esa mentira, piensan, debe servirles para ocultar el megafraude electoral, del exdictador Evo Morales y así, de paso, recuperar el proyecto totalitario. Para poner en marcha esta idea, al gobierno de Luis Arce no se le ha ocurrido nada mejor que ordenar el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y convertirlo en uno más de los presos políticos, bajo el absurdo de haber participado en el (inexistente) golpe, el 2019.
La imposición de la mentira también busca beneficiar a la mafia sindical, aliada del partido de gobierno, para que continúe viviendo de la corrupción y la prebenda, a cambio de respaldo político. Para que esta lógica delincuencial, en el manejo del Estado pueda facilitarse, el gobernante MAS ha destruido hace tiempo la institucionalidad estatal, principalmente en el sistema de justicia y en la policía.
Así las cosas, la pugna entre el gobierno y la ciudadanía democrática expresa, sin medias tintas, la confrontación entre totalitarismo delincuencial y democracia. Esta dicotomía resume la profunda división de la sociedad boliviana; división que afecta a las principales instituciones del Estado porque, efectivamente, lo que ocurre en la sociedad (entendida como el “alter” del Estado) repercute en las instituciones.
La noción “ciudadanía democrática” se refiere a un considerable segmento de la sociedad, con características sociopolíticas afines a los principios que rigen la vida política, en sociedades democráticas. En tal sentido, diremos que uno de los orígenes ideológicos de la ciudadanía democrática se encuentra en las doctrinas liberales de la democracia. En torno a este punto de origen se complementan otras consideraciones.
Mencionemos, por ejemplo, las de los orígenes socio-culturales. Grosso modo, se trata de mestizos y blancoides, pertenecientes a las clases medias y a los sectores de la actividad económica privada, de toda escala. Esta caracterización ya nos presenta algunos criterios para la delimitación. Hablamos de actores económicos ligados a la iniciativa privada, antes que a la empleomanía del Estado.
En contrapartida, el gobierno del MAS, con su intención de reflotar el proyecto totalitario delincuencia, se manifiesta como una representación política múltiple que, con todo, expresa una parcialidad de la formación social boliviana; parcialidad en pugna con la parcialidad democrática boliviana. El proyecto masista se asienta principalmente en la desinstitucionalización estatal y en una orientación política antidemocrática.
La desinstitucionalización es tan evidente que nadie puede poner en duda, honestamente, la dependencia del “sistema de justicia” y de la fiscalía de la nación, al MAS. A tal punto es ello cierto, que la persecución a opositores o el manto de impunidad a masistas corruptos, son ordenadas desde las oficinas del partido. Ante ello, los “jueces” y fiscales, como meros empleados, se limitan a cumplir esos deseos. El manejo partidario de las instituciones también abarca a la policía “boliviana”; institución internacionalmente conocida por su vinculación al narcotráfico, al robo de vehículos, sin nombrar ya delitos menores. El manejo que el MAS hace de las instituciones del Estado incluso alcanza a las Fuerzas Armadas, a cuyo comandante se le ocurrió, como a cualquier militante del partido de gobierno, satanizar alguna propuesta de la ciudadanía democrática, referida a la posibilidad del federalismo.
En lo político el MAS es la expresión del autoritarismo, en lo ideológico la de una hibridez populista y en lo social, de campesinos, colonizadores, empleados públicos y trabajadores mineros. Se trata, en lo principal, de sectores cuyos estamentos dirigenciales representan su carácter emergente. Lo hacen, apoyados en formas extraeconómicas de acumulación, basadas en la economía ilegal, particularmente el narcotráfico y el contrabando de metales preciosos.
La representación política autoritaria se manifiesta tanto en la persecución y la detención de opositores, como en la cobertura a grupos delincuenciales de choque del gobierno. A ello se suma el uso excesivo de la fuerza, por parte de la policía, a las protestas democráticas de la ciudadanía; lo cual es como decir, el uso de esa institución como mero grupo de choque del MAS. Todo ello, con la ilusión de doblegar la resistencia democrática de la ciudadanía. Para ese despropósito, el partido de gobierno no solamente arremete contra Santa Cruz, sino que instrumentaliza grupos de choque, en las cercanías de la cárcel de Chonchocoro, donde se encuentra detenido Camacho, para agredir, bajo el denominativo de “ponchos rojos”, a activistas demócratas.
El secuestro y la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha despertado la indignación de la ciudadanía, a nivel nacional. Por ello, esta protesta, es la respuesta a la ofrenda a la democracia en el país. En este sentido, la repulsa social no tiende a mermar, ni a intimidarse ante la violencia estatal, desatada por el gobierno, sino todo lo contrario.
Tenemos, por tanto, una absurda provocación del gobierno a la ciudadanía. Más allá de la menuda disputa interna en el MAS (motivo principal, para el secuestro de Camacho), el conflicto entre totalitarismo delincuencial y ciudadanía democrática tiende, a la vez, a repercutir en otras áreas, como la economía, el comercio y los alimentos, principalmente. Así, gracias a la irresponsabilidad del gobierno, por imponer su proyecto a través de la violencia, la perspectiva del conflicto muestra una tendencia al incremento.
Dada la profunda división de la sociedad boliviana, en torno al totalitarismo delincuencial del MAS o la convivencia democrática, la espiral de violencia provocada por el gobierno no parece frenarse en su desarrollo. Salvo, claro, que el gobernante MAS rectifique su error al tomar la decisión política de detener a Camacho y, con una nueva decisión política, ordene a sus operadores en el “sistema judicial”, su liberación.
Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor
