El déficit fiscal y la pandemia del COVID-19

¿LA VIDA O LA ECONOMIA? 

El Mundo enfrento la disyuntiva entre decidir por la vida o la economía ante la pandemia del COVID-19 y los países decidieron por la vida. El costo de oportunidad para proteger a los ciudadanos que no contraigan y sean vehículos transmisores del virus letal, además de que enfermen o fallezcan, significa cumplir las recomendaciones de la  OMS/OPS que pide a los países que sus ciudadanos permanezcan en cuarentena domiciliaria, porque no hay vacuna ni medicamentos para su tratamiento.   

El aislamiento social provoca la suspensión del trabajo presencial en sus fuentes de trabajo y la aprobación de políticas económicas no convencionales por todos los países que no se encuentran en los manuales de economía, y en Bolivia se determinó lo siguiente: los que estaban trabajando continuaría percibiendo su remuneración y no puede ser despedido  de la institución donde presta sus servicios personales ya sea del sector público y privado, que las empresas paralizan sus actividades y como esta medida afecta la generación de ingresos para cubrir sus gastos, aprueban medidas económicas en busca de atenuar el costo de oportunidad, postergando particularmente el pago del Impuesto a las Utilidades a las Empresas (IUE), otros impuestos y de los créditos bancarios, apoyo al pago de salarios mediante préstamos blandos y fácil con condiciones favorables por parte de los bancos para dos meses, con plazo de 18 meses y 6 meses de gracia, siendo el único requisito presentar la planilla de salarios, Plan Empleo para las Micro, Mediana y Pequeña empresa que contaran con un fondo inicial de Bs1.500 millones para sus operaciones y funcionamiento a 5 años plazo y 1 año de gracia, descuentos en la facturación y postergación en el pago de los servicios básicos según rangos de consumo, para los Hogares: bono familia Bs500 para estudiantes desde nivel pre-básico hasta nivel secundaria pública y privada, bono canasta familiar Bs400 para las personas reciben renta dignidad y no perciben una renta, los discapacitados y el Bono Universal de Bs500 para las personas que no reciben ninguno de los dos anteriores bonos.   

El COVID-19, tiene presencia y riesgo a nivel mundial, así como en Bolivia amenaza la vida de los 11 millones de habitantes y la realización de sus actividades diarias en todas las áreas sin excepción en diferentes magnitudes en la producción de bienes y servicios en el sector formal e informal, que conducirían hacia una recesión económica, sin embargo, el bien mayor es la vida de los bolivianos, luego está la economía, por ello la política económica no convencional se orienta prioritariamente al fortalecimiento del sector salud y luego la economía boliviana. 

Un país al enfrentar una catástrofe natural, una crisis económica, una guerra o una pandemia del COVID-19 como el que actualmente vive todo el mundo, el agente económico “Gobierno” es el que asume la responsabilidad en el diseño y ejecución de la política económica para resolver el problema que afecta a sus ciudadanos. 

Ante la amenaza del virus mortal a la supervivencia de la humanidad y de la economía no vale la pena dedicar mucho tiempo al debate entre la ortodoxia versus heterodoxia económica, sino de basar las políticas públicas en la realidad, más aún en el siglo XXI surgieron nuevos paradigmas como por ejemplo: tasas de interés negativas, prestamos de los bancos centrales al sector público (1), no independencia del Banco Central, comercio internacional mediante tratados bilaterales, barreras arancelarias, déficit fiscal y déficit de balanza comercial como política económica deliberada, redistribución del ingreso mediante la confiscación de ingresos a los sectores económicos generadores de elevados beneficios económicos por parte del gobierno, para destinar a financiar empresas públicas, gasto social, caída del precio del petróleo y otros (2).  En este contexto en que se hallan los países el pretender utilizar modelos económicos reducidos, para aplicar a realidades complejas como la que vivimos ahora, no es su momento, por lo tanto, se tiene que diseñar e implementar una política económica no convencional a resolver lo urgente, como es la pandemia del COVID-19. 

Los instrumentos económicos no convencionales a utilizar, depende del escenario en el cual la población está siendo afectada por problemas sobre la cual se aplica.  Es difícil encontrar una medida de política económica que mejore la situación de todos, o al menos que mejore la de algunos sin comprometer la de otros, aspecto que fue advertido por la Sra. Joan Robinson que señalo: “En el análisis económico se distinguen a los que construyen las herramientas económicas y los otros las que la utilizan. Al economista analítico como una caja de herramientas” (3), y reiterado por Juan Carlos de Pablo: ““Los instrumentos de política económica son herramientas específicas. Devaluar, congelar, prohibir, desregular, etc., son buenos ejemplos de instrumentos. Mientras que eficientizar, concientizar, etc., no lo son.” (4)  

La pandemia del COVID-19 y la recesión económica mundial son dos amenazas simultaneas que azotan a los más de 7.500 millones de habitantes del mundo.  El primero arrasará con elevados porcentajes de adultos mayores, inmunodeprimidos y diabéticos. El segundo arrasará con los ingresos y empleos de los sectores más vulnerables, vinculados con servicios intensivos en mano de obra y con las empresas más expuestas al choque de oferta y demanda en proceso. 

En Bolivia las medidas de política económica no convencional a adoptar, debe ser para 11 millones de habitantes (5), que agrupados como agentes económicos son: 

1.Hogares (familias, consumidores). 

2.Empresas 

3.Gobierno 

4.Resto del Mundo (Exportaciones e Importaciones 

Los sectores más vulnerables, innegablemente son los Hogares que a su vez si desagregamos: los que tienen empleo, los desempleados, los de cuenta propia, vivanderos, comerciantes, lustrabotas, recicladores de basura, mendigos y pordioseros, etc., y por región las poblaciones periurbanas, campesinas y las comunidades indígenas dispersas en todo el territorio nacional, deben ser protegidos y beneficiados por las políticas económicas para conseguir que la cuarentena sea cumplida. 

La Empresa Pública y Privada es importante en el funcionamiento de la economía que necesita el apoyo del Gobierno, para que continué funcionando y no proceda al despido del personal. 

El Gobierno, es el principal protagonista en la economía ante la crisis sistémica y economía de guerra contra el virus, utilizando los instrumentos económicos, para dar soluciones inmediatas a los bolivianos que tienen varios problemas.  En el actual contexto interno y externo que vivimos el Tesoro General de la Nación tiene que contar con liquidez inmediata mediante el acceso del crédito interno del BCB y crédito externo de los Organismos Internacionales que tienen líneas de crédito destinados al sector salud y apoyo presupuestario de los países. 

Las exportaciones que genera las divisas para aumentar las reservas internacionales netas y las importaciones para comprar los insumos, medicamentos, suministros y equipo médico prioritario destinado a la protección de los bolivianos amenazados por la pandemia, se tiene que continuar en facilitar en los trámites administrativos y de los aranceles. 

En las finanzas públicas el Gobierno, para utilizar ingresos, asignar gastos y contratar deuda pública requiere el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas y demás normas conexas, que es una importante distinción que hace la diferencia con relación al agente económico Empresa Privada, que únicamente requiere la aprobación de los Estados Financieros de una gestión por parte de los accionistas, incentivados por los futuros elevados dividendos a percibir. 

En el desenvolvimiento de la economía, el “Gobierno” actúa como agente económico y puede influir en la economía mediante: impuestos, gasto público, deuda pública y regulación. Los dos primeros tienen una gran interrelación ya que se requieren ingresos para poder realizar gastos por parte del gobierno, y la fuente genuina de financiamiento son los impuestos que se cobra mediante el sistema tributario. Cuando los ingresos son menores a los gastos resultan en un déficit fiscal, se recurre a la deuda pública como fuente de financiamiento.  La deuda pública es una obligación de pago generada por la contratación de préstamos que pueden ser adquiridos por un Estado de fuentes internas o el exterior. 

La deuda pública externa es la acumulación de préstamos efectuados por el gobierno boliviano con organismos internacionales, países o privados. La deuda interna se compone de: títulos valores emitidos por el TGN de corto plazo (Letras del Tesoro) o de Largo Plazo (Bonos del Tesoro) y créditos directos del BCB. También el BCB emite títulos valores con similares características que las del TGN, para precautelar el poder adquisitivo del boliviano. 

Mediante regulación en los mercados particularmente de monopolios naturales, el Gobierno dispone el marco normativo, procedimental, operativo y otros sobre su funcionamiento. 

Existen tres formas directas de financiar el déficit fiscal del Sector Público: la primera mediante endeudamiento privado tanto nacional como extranjero, la segunda con reducción de las reservas y la tercera con emisión monetaria.  En todos los casos señalados se hallan determinados riesgos. Un excesivo endeudamiento traerá consigo recurrir a las reservas internacionales netas que son limitados ya que estas son finitas; el tipo de cambio será afectado dependiendo del nivel de las reservas internacionales netas y de si es un régimen de tipo de cambio fijo o flotante, y el financiamiento con emisión monetaria tiende a afectar al nivel de precios de la economía. 

Ante la amenaza del “Corona Virus COVID19”, nueve años continuos de déficit fiscal en Bolivia, y un desplazamiento de la oferta de fondos prestables internacional (crédito externo) por parte de los organismos internacionales destinados a los países para enfrentar la pandemia, ¿nuestro país se enfrenta en el corto plazo a una disyuntiva entre contratar nuevos créditos externo o asumir una disciplina fiscal? Si escogemos contratar nuevos créditos interno y externo aumentará el saldo de la deuda pública, pero se atenderá las necesidades que ocasiona el COVID19, y si vamos por la disciplina fiscal sería un caos. 

En la coyuntura actual el déficit fiscal respecto al PIB 2020 aumentara utilizado como instrumento económico no convencional justificado por los gastos no programados para el sector salud en el Presupuesto General del Estado de la gestión financiado con crédito interno del BCB, aprobado por la declaratoria de emergencia nacional por la amenaza del COVID-19, y también con crédito externo de los Organismos Multilaterales. 

La herencia fiscal dejada por el ex presidente Morales (2006-2019) fueron: 8 años (20062013) superávit fiscal acumulado de 14,5 por ciento respecto al PIB, 7 años (2014-2019) déficit fiscal acumulado de 46,8 por ciento respecto al PIB y neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 por ciento respecto al PIB. 

La tendencia del déficit fiscal global es creciente, excepto el 2019 y la tasa de crecimiento económico real del PIB es decreciente, registrando el 2019 la tasa más baja de 2,22 por ciento. La deuda pública (déficit fiscal) (6) está creciendo más rápido que el PIB real. Es más costoso financiar la expansión fiscal y menor es el impacto de éste en el crecimiento económico real, sin embargo, el propósito de proteger la vida de los ciudadanos lo justifica y se tiene que continuar recurriendo al crédito externos, para la supervivencia del País ante las dos amenazas de la pandemia y la recesión económica. 

Es urgente que se atienda las necesidades del sector salud y las medidas económicas que están siendo aprobadas destinadas a proteger a los 11 millones de bolivianos del virus y de la recesión económica utilizando el gasto público como herramienta económica no convencional y otorgando liquidez a la economía, particularmente al Tesoro General de la Nación. 

¿Debemos endeudarnos para proteger la vida de los bolivianos y la supervivencia de la economía boliviana?  

 

Si porque enfrentamos una crisis sistémica de economía de guerra que el Gobierno aprueba medidas de política económica no convencional de expansión del gasto, para financiar el sector salud y proteger la vida de 11 millones de bolivianos y del funcionamiento economía. 

La pandemia del COVID-19 se propaga a nivel mundial, afectando a la población y a la economía mundial. Todos los países desde los más desarrollados hasta los menos desarrollados se hallaban ante un excedente de la demanda por la prestación de servicios de salud que determino asumir inmediatamente medidas económicas no convencionales para cubrir los faltantes de medicamentos, suministros y equipo médicos, y otras medidas destinadas a todos los actores económicos orientadas a mantener un país en liquidez. 

El virus y sus efectos económicos están afectando de manera diferenciada a los 11 millones de habitantes y a los diversos sectores y subsectores económicos simultáneamente. El bien mayor es preservar la vida de las personas y luego la economía que también tiene que prestarse atención para precautelar la permanencia de las empresas públicas, privadas y las fuentes de trabajo. 

Después que pase la pandemia los próximos años serán mejores para la economía. Es decir, esta crisis sistémica es transitorio. Por ello, el principio general es el de financiar inmediatamente este violento y profundo choque de oferta y demanda. Este financiamiento solo lo puede hacer el Tesoro General de la Nación (TGN), con cargo a recuperar parte del mismo en el futuro cercano.   

Los organismos internacionales: FMI, BM, BID, CAF y FONPLATA dispusieron una línea de crédito específica a todos los países miembros que soliciten, para enfrentar la pandemia del COVID-19, a los cuales se tiene que recurrir inmediatamente, para conseguir los préstamos en condiciones favorables y de libre disponibilidad que reforzaría la liquidez del TGN. 

El bien mayor es la vida de los bolivianos, luego está la economía, por ello la política económica no convencional se orienta prioritariamente al fortalecimiento del sector salud y la economía boliviana. 

Aprobar mediante Ley otorgar liquidez inmediata al Tesoro General de la Nación (TGN) por parte del BCB, organismos internacionales, cooperación de países y otras fuentes. 

La actual administración gubernamental para enfrentar la pandemia del COVID-19 que pone en riesgo la vida de los ciudadanos aprobó medidas económicas, como: los que estaban trabajando continuaría percibiendo su remuneración y no puede ser despedido  de la institución donde presta sus servicios personales ya sea del sector público y privado, que las empresas paralizan sus actividades y como esta medida afecta la generación de ingresos para cubrir sus gastos, aprueban medidas económicas en busca de atenuar el costo de oportunidad, postergando particularmente el pago del Impuesto a las Utilidades a las Empresas (IUE), otros impuestos y de los créditos bancarios, apoyo al pago de salarios mediante préstamos blandos y fácil con condiciones favorables por parte de los bancos para dos meses, con plazo de 18 meses y 6 meses de gracia, siendo el único requisito presentar la planilla de salarios, Plan Empleo para las Micro, Mediana y Pequeña empresa que contaran con un fondo inicial de Bs1.500 millones para sus operaciones y funcionamiento a 5 años plazo y 1 año de gracia, descuentos en la facturación y postergación en el pago de los servicios básicos según rangos de consumo, para los Hogares: bono familia Bs500 para estudiantes desde nivel pre-básico hasta nivel secundaria pública y privada, bono canasta familiar Bs400 para las personas reciben renta dignidad y no perciben una renta, los discapacitados y el Bono Universal de Bs500 para las personas que no reciben ninguno de los dos anteriores bonos. 

El COVID-19 y la recesión económica son los dos fantasmas que afecta el mundo, El primero afecta principalmente a los adultos mayores, personas con deficiencia inmunológica por alguna enfermedad irreversible y diabéticos. El segundo arrasará con los ingresos y empleos de los sectores más vulnerables, vinculados con servicios intensivos en mano de obra y con las empresas públicas y privadas más expuestas al choque de oferta y demanda. 

El panorama económico de mediano y largo plazo muestra signos de elevada vulnerabilidad en cuanto a la sostenibilidad del crecimiento, generación de divisas, ingresos fiscales, empleo y expectativas inflacionarias. También debe tomarse en cuenta que se prevé una disminución en los términos de intercambio, que incide en el resultado de la balanza de pagos y en la acumulación de las reservas internacionales como está sucediendo en la actualidad en Bolivia. 

Constituir un Consejo Económico, Social y Político para la recuperación económica. 

Es urgente construir una agenda de política económica de corto y mediano plazo acordado entre el sector privado, estatal (nacional, sub nacional y local) y sociedad civil (alianza pública-privada).   

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