El “Crony Capitalism” o capitalismo clientelista es un término que el Liberalismo utiliza para diferenciar el “Mercantilismo” de una “economía libre”, ya que el “Mercantilismo” se contrapone al Capitalismo o al libre mercado al ser una coalición redistributiva que va formando carteles buscando sus intereses particulares, en lugar de propiciar el desarrollo de toda la industria. Crony capitalism –entonces– es un capitalismo entre amigos, es una forma negativa de explicar la “colusión” entre agentes del mercado como los empresarios y el gobierno. Es negativo porque los empresarios podrían formar parte de un grupo privilegiado gracias a un favoritismo –otorgado por el gobierno– en la distribución de permisos legales, subvenciones y sistemas impositivos especiales que, a diferencia de otros empresarios del Sector privado –al no ser amigos del gobierno– no contarán con estos privilegios. En el caso de Bolivia, el gobierno estaría condicionando a los empresarios con estos afanes de naturaleza política.
Inicialmente, es difícil creer que un gobierno que se autodenomina socialista como el del presidente Luis Arce Catacora, quiera obtener beneficios de políticas económicas liberales; pero a la vez, no es extraño que caiga en el Capitalismo clientelista o el –mal Capitalismo– que criticamos tanto los liberales. En este afán de negociaciones e imposiciones, se puede advertir algunos rasgos del crony capitalism.
Se evidencia un capitalismo clientelista cuando el gobierno pretende imponer a los empresarios el reconocimiento de la importancia del financiamiento externo para inyectar divisas en la economía, y así lograr la aprobación de los créditos pendientes en la Asamblea –que es uno de los enunciados establecidos en el acuerdo de los 17 puntos–, y a cambio de algunas concesiones. Si bien es cierto que los créditos externos pueden inyectar divisas en la economía, depende mucho de las condiciones del crédito, del estado de la economía, de la estabilidad macroeconómica y de la credibilidad que tenemos como país frente a los acreedores, cuyo antecedente al momento es malo, ya que tenemos el segundo riesgo crediticio más grande en la región. Por otro lado, la aprobación de créditos pendientes implica que los créditos ya están siendo negociados y solo faltaría la aprobación, o es posible que haya negociaciones en curso y que los créditos no sean la mejor opción, por la premura. Detrás de la intención de financiar los Proyectos de Inversión Pública –en palabras del presidente– y de querer hacer carreteras e infraestructura o la compra de diésel, podría haber la posibilidad de que los recursos sean desviados o mal empleados, dado el momento excepcional de crisis creciente que estamos viviendo. Por tanto, se necesitaría una gestión adecuada de las divisas, –algo muy difícil de lograr en un momento electoral previo– y de crisis; lo racional, más bien, sería reducir el Gasto fiscal.
Del mismo modo, "Gestionar nuevos financiamientos externos ante organismos internacionales para seguir robusteciendo las finanzas", otro de los enunciados del acuerdo, es una forma un tanto irreal de creer que la economía podría mejorar solo con financiamiento externo. Para ello, se debería responder: ¿cuáles son los objetivos concretos de la gestión de financiamiento? ¿Se busca aumentar la liquidez, financiar proyectos específicos o reducir la deuda? Los organismos internacionales tienen requisitos, y es impreciso pensar que somos una economía libre de riesgo a la que no se le pidan ciertas metas y condiciones para el financiamiento.
Otro de los puntos del acuerdo que pretende "Impulsar las exportaciones con valor agregado, asegurando el abastecimiento interno y aumentando las ventas al exterior", estaría condicionando a los empresarios a vender al mercado interno, y a la vez que resulte un reto exportar, para lograr un equilibrio entre ambos. Esto resultaría en una imposición, ya que las empresas deben tomar decisiones basadas en la búsqueda de la máxima rentabilidad, sin importar si esto implica vender en el mercado interno o externo. Y en este contexto, lograr un equilibrio entre el abastecimiento interno y las exportaciones es complejo, porque las empresas deben considerar los costos de producción, los precios del mercado interno y externo, la escasez de dólares y las regulaciones de ambos mercados.
Sobre el acuerdo de “Crear agencias de promoción de inversiones y exportaciones”, en un país con alta corrupción y mala gestión económica conlleva muchos riesgos. La corrupción obstaculiza la inversión extranjera y, cuando es endémica, las agencias resultan ser ineficaces. Además, políticas fiscales y monetarias inestables desincentivan la inversión y afectan la competitividad de las empresas nacionales. Y una vez más, ¿se favorecerá a empresas no competitivas, que son no competitivas por malas políticas del gobierno, pero podrían tener un trato preferencial a diferencia de otras empresas competitivas –que lo son aún a pesar– de las barreras del gobierno?
Por último, respecto a otra de las propuestas, la referida a “Trabajar en una comisión técnica para analizar la reducción selectiva y de carácter temporal de los aranceles para fomentar la industria y producción nacional con valor agregado”. La reducción "selectiva" de aranceles implica que la reducción no se aplicará de manera generalizada, sino que se escogerán ciertos sectores o empresas, lo que requiere un proceso de selección que podría ser no transparente o susceptible a competencia desleal para otros sectores o empresas que no se beneficiarían de la medida. Pudiendo algunos de estos puntos afectar negativamente a la innovación y la eficiencia del mercado.
Este análisis solo menciona algunos puntos del acuerdo, pudiendo existir más relaciones que determinen el Crony capitalism.
La autora es Economista, Politóloga y profesora universitaria.
