El veintidós de enero, con la ratificación de Argentina y México, se cerró uno de los acuerdos más ambiciosos en materia de medio ambiente para la región latinoamericana. Tras la ratificación del onceavo país, está previsto que, en un plazo de noventa días, entre en vigor el Acuerdo de Escazú. Este Acuerdo es un convenio marco que fue promocionado y trabajado durante varios años, desde 1992, bajo el liderazgo de Chile y Costa Rica. El 2018, fue presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas y pretende ser un símil al Convenio de Aarhus en Europa. Irónicamente, Chile, quien fue uno de los mayores impulsores de este acuerdo es uno de los países que no ratificará este Acuerdo. Desde la Moneda y desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha dado varias explicaciones del porque Chile se ha alejado del Acuerdo de Escazú y uno de los principales argumentos vertidos ha sido las ambigüedades del Acuerdo y las incompatibilidades de este con su legislación interna. Así, para Chile esto podría generarle demandas internacionales y mermar su soberanía.
Uno de los argumentos que se ha esgrimido, desde la administración de Piñera, ha sido que Bolivia podría llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si es que surgiese alguna controversia con Chile en el marco del Acuerdo. Una mala interpretación y un análisis infundado en palabras del ex canciller Heraldo Muñoz. Si bien, el Acuerdo de Escazú como medio de resolución de controversias establece que los países pueden utilizar la competencia de la CIJ no señala su obligatoriedad. La controversia es aún mayor cuando en el artículo once, se hace una mención a los países en desarrollo sin litoral, en el que se estipula que las partes deberán prestar especial consideración en materia de cooperación.
Es cierto, que el Acuerdo de Escazú no permite la inclusión de reservas, pero Chile al igual que otros países pudo haber realizado una interpretación declarativa del Acuerdo. Lo cierto es que este país a pesar de haber suscrito todos los acuerdos ambientales de relevancia internacional y tener una estructura medioambiental desarrollada, no será parte de los países fundantes del Acuerdo.
La primera administración de Piñera lideró su avance y públicamente apoyo este mecanismo de cooperación ambiental, junto con Costa Rica, Chile tuvo la copresidencia del Acuerdo de Escazú. No obstante, las once ratificaciones fueron lideradas por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, lo que los establece como los países fundadores del Acuerdo y mediante los cuales el veintidós de abril entrará en vigor Escazú.
El Acuerdo de Escazú es bastante ambicioso e innovador en relación a los medios que estipula para lograr el acceso a la información, la participación pública y el acceso a justicia ambiental. En el marco de este acuerdo la información debe ser totalmente pública para los/as ciudadanas/os, es más, el acuerdo estipula plazos en los que las autoridades deben brindar información. También, establece que los países deben presentar informes sobre sus legislaciones, avances y proyectos en materia ambiental. Así, en el marco del principio de máxima publicidad, divulgación y transparencia los países deberán hacer conocer a su problación sus avances y retrocesos.
Los defensores ambientales también están protegidos, no podemos olvidar que latinoamérica es una de las regiones con más asesinatos de activistas ambientales, según Global Witness solo el año 2019 se han asesinados a más de 200 defensores del medio ambiente. El Acuerdo también hace una especial consideración a aquellos pueblos indígenas que se vean afectados por megaproyectos. El artículo ocho establece que de haber poblaciones vulnerables las partes deben brindar asistencia jurídica gratuita a los afectados/as. Así como, en caso de haberse ocasionado un daño se establece que debe existir una compensación o reparación sobre el perjuicio ocasionado. Los avances que se darán a través de Escazú son muy prometedores para el cuidado del medio ambiente. Por eso, aún sorprende el alejamiento por parte de Chile, aún quedan interrogantes si Bolivia está siendo esa piedra en el zapato, por la mención que se hace a los países sin litoral y por la hipótesis de que Bolivia tendría más herramientas para demandar a Chile. No obstante, la no ratificación de Chile al Acuerdo de Escazú demuestra una falta de compromiso con la región y con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Lorena Wendy Choque Flores es politóloga, socióloga y egresada de la Academia Diplomática Plurinacional
Twitter: @LorenaWendyCh
