Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su informe de 2022, da cuenta que en África y América Latina personas menores de 35 años representan el mayor segmento relacionado con el consumo de drogas, porque la tendencia a producir droga se ha incrementado en la última década.
El informe estima que, a nivel global, 11,2 millones de personas se inyectan drogas y reciben tratamientos por los trastornos físicos y psiquiátricos que afectan a su salud. Alrededor de la mitad de esta población viven con hepatitis C, 1,4 millones con VIH y 1,2 millones con ambas patologías.
El organismo mundial destaca que hay que mejorar los conocimientos sobre los efectos y relación de las sustancias ilícitas que destruyen vidas humanas con otros retos urgentes como los conflictos y la degradación del medio ambiente por incendios de bosques.
Señala, también, la importancia de emplear recursos para combatir la criminalidad en todos los sectores de la cadena productiva y comercialización y movilizar a la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y contrapartes para que establezcan medidas urgentes de protección, entre ellas reforzar la prevención y el tratamiento del consumo de drogas y afrontar la oferta de drogas (cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, entre otras).
Entre el periodo 2019 a 2020 la producción alcanzó un récord histórico de 3.406 toneladas de cocaína y el 90% de la cocaína incautada a nivel global en 2021 fue traficada en contenedores y/ o por mar. Los mercados del paraíso de la droga se extienden desde América del Sur, Central y Norte, con niveles sorprendente del crecimiento del tráfico hacia los continentes de África y Asia, en cuyas estructuras sociales duele la criminalidad.
El informe resalta que las economías de drogas ilícitas pueden prosperar en situaciones de conflicto y donde el Estado de Derecho es débil, y a su vez pueden prolongar o exacerbar los conflictos.
Entre los impactos ambientales de las drogas, se incluye la considerable deforestación asociada al cultivo ilícito de la coca, vertidos de residuos que pueden afectar el suelo, el agua y el aire puro e indirectamente a los organismos, animales, aves y a toda la cadena productiva alimentaria.
De acuerdo al informe de UNODC 2023, se estima que a escala mundial más de 296 millones de personas consumieron droga en 2021 y que el número de personas que padecen trastornos por consumo de droga ascendió al 39,5% , lo que supone un aumento de consumo de 45% en los últimos diez años, siendo la población juvenil la más vulnerable; en este orden, el derecho a la salud no está garantizado para muchas personas que consumen droga.
Una cuestión a subrayar es que se revela que las economías ligadas a las drogas ilícitas aceleran los conflictos, incrementan los abusos de los derechos humanos, la impunidad y la devastación medioambiental. Supone que la sociedad en general y los pueblos indígenas están sufriendo, además de sus tierras productivas, la contaminación con mercurio de sus ríos, el despojo de sus tierras colectivas, y para los pequeños, medianos y grandes empresas la proscripción de sus derechos a la propiedad privada.
En Bolivia duele que algunos políticos y quienes dirigen instituciones se desentiendan de su propio país, vaciando la democracia y hasta en ocasiones enlodando con el narcotráfico a las generaciones juveniles que son las más vulnerables.
Resultaría fácil creer que sea la dirigencia que administra el Estado con ignorancia y torpeza los que confundan a los corruptos, criminales y despiadados con el país que sufre la corrupción y el crimen organizado.
Es bueno que recordemos que quien ha fallado “no es Bolivia”, “no es Santa Cruz”, sino el sistema de dirigentes entornillados y ciegos por el poder provisional, corruptos y fraudulento como terminó siendo Evo Morales, que encubó a su sucesor en apariencia enemigo, convertido en el héroe de la descomposición institucional y la destrucción del medio ambiente en su más alto grado incendiario.
Las quemas e incendios forestales de más de 2.669,459 millones de hectáreas en lo que va de 2023, es alarmante. En Santa Cruz se registra más de 49.836 hectáreas en Áreas protegidas, parques nacionales y territorios indígenas, duele si por leyes se promueve la devastación forestal.
Se estima que el número de mamíferos muertos por incendios en 2023 ascienden a 5.914.527la extensión, duele por el proceso de extinción acelerado y nuestros niños y jóvenes perderán la vivencia de conocer en la jungla de la Amazonía la riqueza animal. Las aves por millones han sido arrasadas por la intensidad de la humareda y los incendios, duele si no hubieron rutas para salvar sus vidas y solo el infierno del fuego pagado.
Realmente duele, que se siga mintiendo al país que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ha batido récords al incautar 12 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Chapare y el Tipnis en 2023, destruyendo 7 megalaboratorios de droga, pero sin aprehender a los peces gordos del narcotráfico. Si el método que se aplica es el de alerta temprana, es natural pensar que los 5.848 operativos deriven en un fracaso convencional, obviamente con réditos para los productores de la cocaína y de la coca suministrada ilegalmente, éstos últimos perdonados por ley con sanciones económicas ínfimas y los primeros privilegiados con el “derecho a la fuga”. Sería bueno que, en lugar de hablar de récords, se tome la decisión política de “reducir las plantaciones de coca” de 26.000 a 12.000 hectáreas, y que el gobierno haga conocer cuál es la cantidad de coca que se necesita para el acullico y ritos ancestrales; sino se aplica una política pública en esta dirección y con un objetivo de preservar la salud pública, seguiremos en el pantano del crimen organizado salpicando con la blanca hasta las ventanas y puertas de la Casa Grande del Pueblo.
Relacionado con lo anterior, el caso de la entrevista sostenida entre la periodista Patricia Martín del Programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay con Sebastián Enrique Marset difundido el domingo 26 de noviembre por la noche, prófugo de la justicia internacional por narcotráfico, quien huyó de su residencia en Santa Cruz luego de un año de gozar de todas las garantías y derechos, a pesar de ser buscado por un centenar de países y aterrizar en una mansión en la selva de Paraguay de nombre desconocido, aunque el ministro del interior paraguayo Enrique Riera niega que está en su país, admitió que en Bolivia le ayudaron, refiriéndose a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), y al afirmar que no hubo ningún secuestro en el operativo para aprehenderlo, hace alusión al ministro de gobierno Eduardo del Castillo, en el montaje de esa versión que lo contamina directamente a la autoridad y a la organización que depende directamente de su despacho, sin que hasta la fecha los argumentos previos y posteriores del ministro aludido hayan despejado en algo por lo menos su honorabilidad y responsabilidad con el país.
El poder que muestra Marset con la prensa de su país, es para presentarse como “un ángel” que ama a su familia, con un desprendimiento de negociación con autoridades de su país, a sabiendas que ya se cargó al excanciller Francisco Bustillo (02-11-23), que tuvo que renunciar a su cargo por supuesto audio en que parece que pide a una exfuncionaria que no entregue pruebas sobre un pasaporte emitido a un acusado de narcotráfico. Si por esta causa ha renunciado el excanciller Bustillo, es para mostrar al mundo que es respetuoso de la ley y que está dispuesto a someterse a cualquier investigación despojándose de la coraza del poder. Esperar una actitud similar del ministro de gobierno Del Castillo con la marea alta del narcotráfico, sería como condecorar con el “Cóndor de los Andes” al prófugo Marset, algo que no va a suceder, salvo que Evo Morales en su estilo pernicioso quiera dar el jaque mate a su contendor circunstancial, aunque ambos son de la misma estirpe, conspiradores en serie hasta la médula, al extremo que pugnan por el control de los Órganos Judiciales.
Se anuncia que el próximo domingo 3 de diciembre se difundirá una segunda entrevista con la periodista Patricia Martín y Marset, allí es probable que se cumpla el mismo esquema de la primera, pero con contenidos que podrían comprometer aún más la situación del ministro de gobierno que nunca fue eficaz en la captura de narcotraficantes, sino de estadísticas sobre incautaciones de avionetas, laboratorios pequeños y megas, pistas clandestinas, sin que el pueblo boliviano conozca los procesos y las sentencias dictadas contra los carteles de narcotráfico, y menos se agilicen los procedimientos de extradición de exjefes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
Muchos pensarán que la renuncia del ministro de gobierno Eduardo del Castillo va a solucionar el problema en cuestión, se trata de la imagen del Estado boliviano que está desprestigiado, por la doble moral que aplica, generando escenario de violación de derechos humanos, sin control de autoridad allí donde se produce la droga y el cinismo de decir que en Bolivia no hay carteles, y que en el país se respeta y garantiza el “derecho a la Pachamama”; esta retórica no tiene eco, ni en sus movimientos sociales, menos en las comunidades indígenas del oriente boliviano, por quemar su espacio territorial, su alma, vida y horizonte del “vivir bien”.
En otro ámbito de la temática, existe el peligro que el gobierno, el legislativo y el TCP actúen arbitrariamente referente a la “justicia independiente e idónea”; el mensaje del presidente del Senado Andrónico Rodríguez el martes 28, de proponer la próxima semana una ley corta para designar a magistrados interinos, no es viable, deseable, ni constitucional, como no lo es la estrategia de demora del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en prorrogar su mandato más allá del 31 de diciembre, como magistrados de facto (Artículo 158.I. numeral 5 CPE), Lo veremos en todo caso, en los días venideros, en que queda esta crisis desenfocada de la realidad democrática; entendiendo que, no es lo mismo, debatir políticamente cada uno desde su posición partidaria, que el debatir con el objetivo de alcanzar una mayoría de 2/3 para preseleccionar y seleccionar magistrados. Tampoco es lo mismo, que una decisión judicial del TCP referente a la Consulta Constitucional del Proyecto de Ley C.S. N° 144/2023 consigne una fecha anterior de registro en la Gaceta jurisprudencial, si en los hechos las partes no han tenido acceso al fallo desde aquel momento; esta práctica, genera mayor desconfianza de la sociedad hacia los Órganos Judiciales, al traducirse en un problema de desequilibrio judicial, desigualdad e inseguridad ciudadana.
En definitiva, cualquier modalidad que se aplique distorsionando el proceso de preselección y elección de magistrados cuyo origen constitucional y desarrollo tiene a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), respetando la transparencia, los criterios meritocráticos, competencia académica, idoneidad personal y social y robusta experiencia en la especialidad del derecho, bajo el rótulo de ley corta, ley excepcional y de urgencia, Decreto Supremo o jurisprudencia; no solo que estaría viciado de nulidad el interinato, la prórroga de los actuales magistrados, investir a los suplentes o la conversión de los vocales de Tribunales Departamentales de Justicia en magistrados, sino que se estaría “mutilando” la Constitución y el Estado de derecho; de modo que, la inconstitucionalidad de las leyes sería lo frecuente y la presunta constitucionalidad la excepción; naturalmente, imprimida por interés político partidario o choque de controles de fuerzas insaciables por el poder dominante que ejercen sobre la justicia servil de Altas Cortes, aunque habrá que reconocer con excepciones prominentes de jueces que se someten a la Constitución, incluso a riesgo de ser vilipendiados y hasta sometidos a procesos disciplinarios y penales.
A propósito, para situaciones decadentes, López Gonzales Luís nos recuerda un refrán que dice: “No te avergüence tu cuna, porque es ciega por fortuna”. Entonces, la sociedad boliviana, las organizaciones civiles, deben expulsar del poder en las próximas elecciones (2025) a los enemigos de la vida, la salud, la justicia, la biodiversidad y la democracia.
En el epílogo, el profesor Prieto Sanchís Luís dice: “Sin un mínimo de justicia, el orden normativo no es un verdadero orden jurídico, sino a lo sumo el (des) orden propio de una banda de malhechores”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
