PEDRO GARECA PERALES
Por el año 2000 un alto funcionario de la Industria del Azúcar me relató que el sistema de gobierno de Fidel Castro no aceptaba que un dirigente o ministro le interpelara sobre programas y proyectos que desarrollaba el régimen.
Dos referencias me conmovieron. Cuando el ministro del Azúcar le hizo llegar un informe al presidente de Cuba Fidel Castro haciéndole conocer que al haber sido retirada la subvención de Rusia a la industria cañera y dejaba de comprar el producto, le subrayó que seguir produciendo azúcar ya no era competitivo y las pérdidas económicas ensanchaban cada vez más el déficit. Por ese entonces, México abarrotó los mercados internacionales.
Poco más de un año de aquel informe que ni siquiera fue leído en el gabinete de ministros, desde el ministerio de salud se emprendió una investigación para saber por qué las madres acudían con mucha frecuencia a los centros de salud de barrios o zonas, el resultado fue que los niños cubanos que acudían a los círculos estaban desnutridos, y que las causas de las afecciones que padecían era por el cuadro de desnutrición hasta en grados severos.
El ministro de salud cumpliendo su responsabilidad informó al presidente Fidel Castro sobre los elevados índices de desnutrición que presentaban los niños cubanos, el informe tampoco fue leído y menos considerado en gabinete. ¿Qué consecuencias tuvieron esos informes? En primer término, se ocultó la información porque seguramente debilitaba al sistema de la revolución de 1959 y de otro lado, Fidel Castro cambió inmediatamente a los ministros del área aplicando medidas de trabajo y hasta de control de sus familias; entendiendo que en el sistema cubano el derecho a la verdad estaba cancelado.
El método de aquella política parece estar impregnada hasta las raíces en Bolivia y notoriamente con el proceso de cambio y la falsa narrativa del “vivir bien”, cero corrupción y eliminación del narcotráfico.
Recordarán que cuando el Secretario General de la OEA Luís Almagro le hizo conocer a Evo Morales los resultados de la auditoría de las elecciones de 20 de octubre de 2019, que mostraban actas manifiestamente manipuladas y que el organismo regional no podía avalar esas elecciones, “fraude electoral”, Evo Morales le exigió a Luís Almagro que no se publicara la auditoría, pero que finalmente la comunidad internacional criticó al presidente Morales Ayma quien tuvo que huir del país presentando su renuncia. Este es un hecho emblemático de ocultar la verdad, confrontando al pueblo boliviano e inventando vergonzosamente que hubo golpe I y II con fiscales y jueces que siembran “dolor” en las familias de más de 270 presos políticos.
Ahora, conmociona al país que el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, en tiempo meteórico haya decidido cerrar el caso del supuesto suicidio del exinterventor del Banco Fassil Carlos Alberto Colodro, ejerciendo las funciones de juez popular extralegal, con el sello seco de investigación reservada, sin ningún derecho de participación a la familia.
El episodio, sospecha el Dr. Jorge Valda abogado de la Familia que varios indicios que no fueron considerados en el escenario del piso 15 del Edificio Ambassador de la zona Equipetrol, apuntan que Colodro hubiera sido sometido a tortura y asesinato.
Además de la inconsistencia de la carta atribuida a Carlos Alberto Colodro, que encierra una inquietante paradoja al ser comparada su rúbrica con la firma y letra de una libreta privada que veda la privacidad, solo desde una cándida ingenuidad se puede pensar que el gobierno no haya rastreado el celular y el computador de Colodro donde seguramente tenía almacenados datos personales y de Fassil que fueron anunciados para una conferencia de prensa para el 29 de mayo. Se quiera o no reconocer, la privacidad es un derecho que debe ser preservado en todo momento y el Estado no puede eludir esa obligación ni estar en una posición de privilegio.
Por ello, ante la misteriosa muerte de un funcionario público de alto rango del BCB y la falta de credibilidad en la justicia de Bolivia, urge el seguimiento y participación de Human Rights Watch y la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la amenaza de muerte de la que ha sido objeto cobardemente el Dr. Jorge Valda defensor de los detenidos políticos y consecuente luchador por la justicia.
El Estado está obligado a garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. En el caso planteado, ninguno de los derechos y previsiones han sido asegurado por los órganos del Estado (Arts. 3 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y 25 de la CPE), y es un dolor permanente.
Por último, quien resquebraja la verdad está condenado a equivocarse siempre, sin asumir un daño imprevisible que afecta a la familia y a la sociedad como señala Del Molino, Sergio.
Pedro Gareca Perales es defensor de DDHH
