La primera economía y la primera sociedad climáticamente neutras transita hacia su objetivo de 2050 “cero emisiones y contaminación ambiental”. Es ambición audaz de la Unión Europea.
Este tema tan fundamental, se despeja en el marco del Acuerdo de París, donde los gobiernos ponen en valor la importancia de adaptarse a los objetivos adversos del cambio climático, para eso demandan como objetivo mundial cualitativo: aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad, de forma que los países pueden afrontar mejor el impacto de daños asociados.
Como retos se han trazado mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, redoblar esfuerzos para no superar la cota de 1,5 grados y finalmente alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Los países de la Unión Europea y otros cooperantes para lograr los objetivos, han acordado movilizar un paquete financiero de 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a implementar los acuerdos a los países menos desarrollados entre los que se encuentran Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú, Colombia, Bolivia entre otros. De los cuales, los tres primeros países no han firmado el Acuerdo. Bolivia ha ratificado el Acuerdo de París a través de la Ley 835 de 17 de septiembre de 2016, mediante la cual asume el compromiso ante los pueblos del mundo “de preservar la integridad de la madre tierra”. ¿Qué informe presentará en la cumbre prevista en septiembre de 2023 en Nueva York? Que sigue cultivando más coca o impulsando avasallamientos, me temo que puede tener serios problemas si se desliza por uno de ellos.
Mientras países del viejo continente se obligan con políticas y programas a revertir la contaminación y no sólo en convertirse en referente normativo a escala mundial, sino en animar a los países en vías de desarrollo a contribuir desde sus espacios geográficos a tomar la senda de la ambición, por una sociedad saludable que disfrute de sus parques, áreas protegidas, fauna y flora; nuestras autoridades toman la agenda contraria, devastando bosques y legalizando a invasores de tierras con pericia muchos de ellos en secuestro y actividades de plantaciones de coca, materia prima para la fabricación de cocaína y clorhidrato.
Ahora bien, que hermoso es saber que en el departamento de Santa Cruz el más progresista en Bolivia, sin ayuda del nivel central, hay 7 parques nacionales y 27 áreas protegidas, estas últimas se encuentran en las provincias de Chiquitos con 17.080 hectáreas; Andrés Ibáñez 12.578 hectáreas; Chiquitos Valle de Tucabaca con 262.718 hectáreas y Ñuflo de Chávez con 1.400.000 hectáreas de superficie.
En estas provincias se encuentra asentado “el pueblo indígena Chiquitano” y una diversidad étnica identificadas por su cultura lingüística como los arawak, chapacura, chiquito, otuqui, tupi-guaraní, zamuco y otros, que viven de los recursos que les ofrece la naturaleza.
Durante la vigencia de la expansión de la frontera agrícola que en el fondo trasluce fomentar, promover y consolidar la invasión de colonos del trópico de Cochabamba, paralelamente a esta política de avasallamiento con uso de la fuerza y con violencia, se han registrado incendios, unas veces fortuitos y provocados los más frecuentes por los colonos.
Según el programa satelital Copérnico el 2019 se quemaron (5,9 hectáreas); el 2020 (4,5 ha); el 2021 (4,2 ha) y el 2022 (854.724 ha). Esta extensión representa el 4% de todo el territorio nacional y cerca del 11% de las tierras bajas del país (Santa Cruz, Beni, Pando). Los incendios fuera de contaminar el medio ambiente, han calcinado a más de cinco millones de animales y la amenaza de extinción puede extenderse a 34 especies, sobre todo de la paraba frente roja, el jaguar, el oso bandera, el armadillo gigante y otros (Fuente Fundación Amigos de la Naturaleza FAN).
Los pobladores de San Miguel de Velasco, San Juan de Lomerío y Atlántico Norte el día domingo 2 de julio por la noche, se vieron sorprendidos con el avasallamiento de aproximadamente 300 familias que se establecieron en unas 15.000 hectáreas, según denunció José Serrate, presidente de los Comités Cívicos Provinciales, quien sostuvo además que la gente va a defenderse y que esas tierras deberían distribuirse entre las familias chiquitanas. Ciertamente, si en el entorno viven comunidades Chiquitanas que ya han sufrido la devastación de los bosques que reducen sus posibilidades de siembra, caza y pesca, el “dolor de los comunarios” es una realidad, que el ministerio de tierras y el INRA son los responsables de estas tomas injustificadas e ilegales.
La secuencia desmesurada no queda ahí, al ser distorsionadas las Autonomías Indígenas en sus estructuras y funciones ancestrales, al anular el historial de propiedades dotadas en épocas del viejo Estado Republicano neoliberal y bajo ese justificativo exigir el pago de un monto importante por hectáreas a familias que no forman parte de la Comunidad, vulnerando el derecho a la propiedad privada (Parágrafos I, II y III del artículo 56 CPE).
Es tiempo de reflexionar, que el poder político no arrasa a la conciencia colectiva, sino es esta la que reconduce al agresor. Como dice Häberle Peter: “hay que buscar despertar el “interés” del ser humano por la Constitución, lograr su simpatía, si desean elaborar historia y proyectar futuro a las generaciones…”.
Pedro Gareca Perales
