Disyuntiva: incremento salarial o puestos de trabajo

Durante tres períodos presidenciales continuos del ex presidente Morales (2006-2019) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) quince proyectos del Presupuesto General del Estado (PGE) anuales, de los cuales los primeros ocho años (2006-2013) fueron de un superávit fiscal acumulado de 14,5 por ciento respecto al PIB, y los siguientes siete años (2014-2019) un déficit fiscal acumulado de 46,8 por ciento respecto al PIB, es decir en siete años desahorramos todo los acumulado en ocho años y adicionalmente gastamos más acumuladamente un 32,3 por ciento respecto al PIB.

La anterior gestión gubernamental (22 de enero 2006 - 10 noviembre 2019) priorizo el gasto fiscal presente utilizando los ingresos fiscales ordinarios, extraordinarios, desahorro público y deuda pública, colocando al país en situación de riesgo de solvencia y sostenibilidad de las finanzas públicas, por la tendencia de declinación de los ingresos fiscales afectados por la baja de los precios y cantidades físicas de los productos destinados al mercado externo.

La actual administración gubernamental transitoria presidida por la Sra. Jeanine Añez (12 de noviembre 2019 hasta la actualidad) decidió que el PGE 2020 elaborado por la anterior administración que presento a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento de revisión y aprobación en sus dos cámaras legislativas, siga su curso legal. Sin embargo, luego de su promulgación por la actual mandataria Sra. Añez, tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2020 en su ejecución presupuestaria, y recién podrán realizar modificaciones presupuestarias para actividades no previstas en el documento presupuestario, como por ejemplo los gastos asignados para realizar las nuevas elecciones nacionales (ver anexo 1).

En el PGE 2020, el presupuesto agregado de Bs. 282.273 millones que significa una reducción del 1,4 por ciento respecto al 2019, mientras que el presupuesto consolidado alcanza a Bs. 210.910 millones cifra menor en 1,8 por ciento respecto al 2019. Ambos presupuestos aumentan menos del uno por ciento, sin embargo, continúa elevado el déficit fiscal de 6,79 por ciento, porque se utilizará recursos provenientes de crédito interno y externo, para cubrir los gastos que no es posible de hacerlo con los ingresos corrientes esperados que se generen durante el año 2020, debido al contexto externo de incertidumbre en los mercados donde se venden nuestros productos de exportación.

La actual administración gubernamental transitoria presidida por la Sra. Jeanine Añez decidió que el PGE 2020 elaborado por la anterior administración que presento a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento de revisión y aprobación en sus dos cámaras legislativas, siga su curso legal. Sin embargo, luego de su promulgación por la actual mandataria Sra. Añez, tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2020 en su ejecución presupuestaria, y recién podrán realizar modificaciones presupuestarias para actividades no previstas en el documento presupuestario, como por ejemplo los gastos asignados para realizar las nuevas elecciones nacionales (ver anexo 1).

En el PGE 2020, el presupuesto agregado de Bs. 282.273 millones que significa una reducción del 1,4 por ciento respecto al 2019, mientras que el presupuesto consolidado alcanza a Bs. 210.910 millones cifra menor en 1,8 por ciento respecto al 2019. Ambos presupuestos aumentan menos del uno por ciento, sin embargo, continúa elevado el déficit fiscal de 6,79 por ciento, porque se utilizará recursos provenientes de crédito interno y externo, para cubrir los gastos que no es posible de hacerlo con los ingresos corrientes esperados que se generen durante el año 2020, debido al contexto externo de incertidumbre en los mercados donde se venden nuestros productos de exportación.

Un contexto externo adverso sombrío y de incertidumbre (Brexit, guerra comercial China-EEUU, desaceleración de la economía mundial, sobreendeudamiento de varios países de la Unión Europea que llega al 200 por ciento la deuda respecto al PIB, movimientos ciudadanos en varios países desarrollados y emergentes que protestan contra la política económica de sus gobiernos porque no resuelven los problemas del desempleo y la desigualdad y recientemente el Coronavirus), y un contexto interno acompañado por la declinación de los yacimientos hidrocarburiferos y mineros de nuestro país influyen en la disminuciones de los precios internacionales y volúmenes de nuestros productos de exportación, así como también el incendio de la Chiquitania, el movimiento ciudadano de protesta pacífica de 21 días contra el fraude electoral, el no respeto del voto del ciudadano del referéndum y de las elecciones nacionales, recuperación de las libertades y democracia han tenido un costo que impactaran negativamente en los ingresos de exportación y, en consecuencia, en la balanza comercial, en las reservas internacionales netas, liquidez del Tesoro General de la Nación, ingresos fiscales nacionales y a nivel sub nacional, los depósitos bancarios y en la actividad económica del país.

La elaboración del PGE 2020 consideró un precio base del petróleo de US$ 51,37/barril, nivel superior en US$ 1,12 respecto al utilizado en el PGE 2019 que fue US$ 50,25/barril.

Respecto a los precios esperados 2020 de venta del gas natural a la República Argentina y al Brasil, así como también con los volúmenes de producción de gas destinado a la exportación, y también del resto de productos de exportación no se contó con dicha información.

Un contexto externo adverso y de incertidumbre (Brexit, guerra comercial China-EEUU, desaceleración de la economía mundial, sobreendeudamiento de varios países de la Unión Europea que llega al 200 por ciento la deuda respecto al PIB, movimientos ciudadanos en varios países desarrollados y emergentes que protestan contra la política económica de sus gobiernos porque no resuelven los problemas del desempleo y la desigualdad), y un contexto interno acompañado por la declinación de los yacimientos hidrocarburiferos y mineros de nuestro país influyen en la disminuciones de los precios internacionales y volúmenes de nuestros productos de exportación, así como también el incendio de la Chiquitania, el movimiento ciudadano de protesta pacífica de 21 días contra el fraude electoral, el no respeto del voto del ciudadano del referéndum y de las elecciones nacionales, recuperación de las libertades y democracia han tenido un costo que impactaran negativamente en los ingresos de exportación y, en consecuencia, en la balanza comercial, en las reservas internacionales netas, ingresos fiscales nacionales y a nivel sub nacional, los depósitos bancarios y en la actividad económica del país.

Las variables macroeconómicas estimadas para el 2020 y utilizadas en el PGE fueron: PIB: 4,24 por ciento de crecimiento; tasa de inflación; 3,98 por ciento; Déficit Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF): 6,79 por ciento respecto al PIB (ver gráfico 1) y presupuesto consolidado del gasto del Sector Público (SP) Bs 210.910 millones. Todas las variables están por debajo del promedio registrado durante el período 2006-2017, excepto las variables de déficit fiscal que es casi siete veces mayor y gasto consolidado que están por encima. (Ver cuadro 1).

La economía boliviana transitó de una gestión de abundancia de recursos públicos ingresamos a una gestión de escases de recursos públicos que paulatinamente se viene ajustando afectando a todos los sectores económicos sin excepción en diversas magnitudes que varían según el grado de vinculación (acoplamiento) de las empresas privadas con el Estado. En estas circunstancias tienen que continuar ajustando sus costos (atenuar la elevación de las planillas de sueldos y salarios por excesivos incrementos), mejoren su productividad y ser creativos, para mejorar la competitividad y ventaja respecto a las empresas extranjeras.

En general el incremento salarial para el 2020 se recomienda que varié entre un rango de 0 por ciento hasta 1,47 por ciento (tasa de inflación registrada de 2019 de 1,47 por ciento). Cada institución del sector público y sector privado tiene que evaluar sus costos y determinar la tasa porcentual de incremento salarial dentro del rango recomendado siempre y cuando tengan la capacidad y solvencia de ingresos para pagar el incremento salarial (ver cuadro 2).

En el caso de las pequeñas y medianas empresas tienen que contar con una flexibilidad en la política de incremento salarial que apruebe el gobierno para la gestión 2020, cuidando la estabilidad y permanencia de dichas empresas que no tendrían suficientes ingresos para cubrir elevados incrementos salariales que aumentarían sus costos promedios variables que superarían a los precios vigentes a pagar por los consumidores, originando el cierre de empresas y despido del personal. Para atenuar los problemas económicos adversos a la estabilidad económica del país que podría ocasionar el incremento salarial 2020 se recomienda que la tasa de incremento salarial varíe entre un rango de "0 por ciento hasta 1,47 por ciento”.

Con relación al Salario Mínimo Nacional (SMN), es aconsejable que no se incremente porque afecta directamente los costos de producción de las empresas públicas, privadas y por otra parte, a pesar de elevados aumentos por encima de la tasa de inflación no logro los efectos favorables que se manifestó como argumento para su aprobación, al contrario fue un desincentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo a (ver gráficos 2, 3 y 4) 

Es fundamental que participe el sector privado en la negociación salarial tal como estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y analicen conjuntamente entre los tres agentes económicos: Gobierno, Trabajadores y empresarios sobre el estado actual de la economía y el reciente pliego petitorio de los trabajadores planteado en su último ampliado realizado en la ciudad de Oruro en marzo 2020 (ver recuadro 1).