
Nos referimos, desde luego, a la sentencia 0084/2017 (noviembre) mediante la cual ese tribunal (TCP), ya casi “en fuga”, a pocas semanas de dejar su cargo, aplicó una norma internacional redactada para garantizar derechos ciudadanos favoreciendo una interpretación sesgada para habilitar que los máximos representantes del Estado boliviano puedan ser reelectos contra lo dispuesto en la propia constitución boliviana (CPE) vigente en su Art. 168.
Contra lo que suele guiar mis intervenciones escritas, uso la expresión “en fuga” porque los seis miembros que firmaron esa sentencia, no me inspiran ningún respeto, ese que –nos recuerda Arendt- caracteriza inequívocamente la condición de autoridad, un cierto halo de reconocimiento moral de que ese puesto está ocupado por alguien con merecimientos públicos para ello. Por el contrario, ya como cuerpo colegiado habilitaron contra la disposición transitoria primera de la CPE para el actual periodo de Morales A. y García L., pese a la proclama pública del primero de dizque “renunciamiento” generoso en los días conflictivos de 2008 para salvar la nueva CPE que votamos, para hacerla vigente en 2009 y consignada en Disposición Transitoria. Allí afirmaron en sus razonamientos que la reelección continua era vulneradora de los derechos de los ciudadanos, mientras que en la actual ni siquiera mencionan la votación ciudadana del 21F, porque es un escollo insalvable para las pretensiones prorroguistas. Por si fuera poco, estos días el constitucionalista Carlos Alarcón detectó graves irregularidades en tal sentencia que menciona otras todavía no vigentes, lo que habla del apresuramiento y desaliño, por no decir lo que denuncian los abogados: fraude procesal.
Entre los especialistas en Derecho constitucional del país, está claro el uso arbitrario del Pacto de San José. Sin grandes detalles jurídicos, la gente percibe que los votos de los millones que participaron en el referéndum (el 21 de febrero de 2016), con una diferencia a favor del rechazo de más de 136 mil votos es, desde luego, más valiosa que la disposición de los cuestionados dizque tribunos, cada cual con sus respectivos procesos, que muy difícilmente dan la imagen de probidad y apego a “la única servidumbre que no mancha” (Tamayo dixit). Uno solo de ellos tuvo el decoro para no ser parte del dictamen, Efren Choque, y al menos allí fue coherente con su trayectoria de autoridad tradicional andina y formación como miembro en la democracia comunitaria, que sabe del muyu o rotación (alternancia) como uno de los rasgos de esa experiencia.
Por eso, cuando los voceros oficialistas ensayan gesto adusto y repiten admonitorios que los fallos del TCP deben acatarse sin más, además de irritantes, no tiene ningún eco porque los resultados del 21F son anteriores y de una limpieza que aun si fuesen mayores en un dígito de votos tienen una carga valorativa de índole moral que no puede desconocerse. Detrás de ello está la consideración de que cada ciudadano/a vale por igual ante los asuntos públicos; esto es, una ética democrática y no ilusorios sentidos de predestinación alentados por acólitos.
El régimen creyó poder asegurarse rápidamente otro periodo en 2016 y desplegó todos sus medios, con recursos públicos (financieros y organizativos) usados como si fueran privados, pero una ciudadanía -resultado de su propia formación como tal desde los 80s- le dijo “No” con admirable entereza. Este hito explica su reciente protagonismo y lo persistente de la actual movilización ciudadana.
Mientras el oficialismo, cada vez más circunscrito a sus beneficiarios, en pleno momento cúlmen del reciente Dakar, en gesto que le enaltece por valor civil del corredor Leonardo Martínez les recordó a los mandatarios allí presentes que en una lisa de honor uno ingresa a la competencia con determinadas reglas de juego y se obliga a cumplirlas igual que el resto y no las cambia según la situación. Si eso es así en un deporte, cuanto más cuando se trata de la Constitución Política del Estado ratificada en dos oportunidades por el pueblo mayoritario, oficialmente convocado.
No tiene ya el encanto de la novedad y la esperanza la insistencia masista con la dupla gobernante que concitó hace 12 años. Cualquier proyecto y liderazgo tiene desgastes en función gubernamental y con mayor razón cuando son tan evidentes las discordancias entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se predica y lo que se vive. Por ello la persistencia ya es tozudez y no augura un feliz desenlace.