En el marco de la deuda pública estatal, es esencial resaltar un aspecto que a menudo escapa a la atención de la mayoría de la ciudadanía: el crecimiento sostenido de la deuda nacional. Para muchos, este aumento no resulta completamente comprensible y los posibles efectos sobre cada individuo no son del todo claros. Hasta agosto de 2023, la deuda del país alcanza una cifra considerable: 34.665.700.000 dólares.
No obstante, al examinar los datos a nivel individual, la situación adopta una perspectiva diferente. Se observa la existencia de una deuda pública per cápita que aumenta constantemente, sin requerir la aprobación de los bolivianos, independientemente de que los ciudadanos hayan solicitado préstamos de forma personal. En Bolivia, la deuda pública por persona se ubicaba en 665 dólares el año 2006, pero para el año 2023 ha alcanzado los 2.865 dólares, representando un aumento de 2200 dólares en 17 años, con un promedio de incremento de 11 dólares mensuales.
Este fenómeno suscita cuestionamientos significativos en la mente de los individuos. Se plantea la interrogante fundamental: ¿Por qué se adquiere deuda en su nombre sin su consulta? ¿En qué se utilizan esos recursos y cómo se gestiona adecuadamente esa deuda? ¿En qué se gastaron exactamente los 35 mil millones de dólares? Estas preguntas se tornan cruciales para comprender la implicación personal de la deuda pública, impulsando así la necesidad de abogar por una mayor transparencia en la administración de dichos compromisos financieros.
La deuda pública, en su esencia, surge del desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado. Cuando las instituciones públicas o el gobierno central gastan más de lo que ingresan, surge la necesidad de recurrir a la deuda pública para cubrir esta brecha. De esta manera, los ciudadanos se ven afectados indirectamente por este endeudamiento, sin necesariamente tener conocimiento de su existencia y siendo endeudados sin su consentimiento.
La persistencia del endeudamiento en Bolivia durante los últimos nueve años revela una gestión financiera deficiente por parte de las autoridades. La aprobación de préstamos en el parlamento nacional, asambleas departamentales y concejos municipales sin un debate sustancial sobre la necesidad o las implicaciones económicas contribuye a un ciclo prolongado de endeudamiento, generando preocupaciones sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas.
El crecimiento incontrolado de la deuda pública se convierte en una carga insostenible para los ciudadanos, ya que la deuda no es un regalo o donación, sino una obligación que conlleva la devolución del dinero con intereses. Este hecho subraya la importancia de una gestión prudente y responsable de las finanzas públicas.
Las inversiones públicas financiadas mediante préstamos, aunque teóricamente capaces de impulsar la economía, a menudo se ven obstaculizadas por la ejecución defectuosa de proyectos. Un ejemplo palpable es la carretera Cochabamba - Santa Cruz, conocida como la "carretera de la Estafa", la cual ha experimentado problemas en dos ocasiones. En primer lugar, en 1995, la empresa brasileña Andrade Gutiérrez llevó a cabo la construcción con retrasos y errores, incurriendo en un costo de 110 millones de dólares mediante un préstamo. Más recientemente, la empresa china Sinohydro asumió el proyecto con un préstamo de 362,3 millones de dólares, implementó mejoras y expansiones, pero la carretera ya presenta problemas antes de su inauguración.
En conclusión, es importante controlar la deuda a tiempo, ya que la falta de gestión conduce a la aplicación de medidas de ajuste durísimas, lo que significa que los más pobres serán los que tengan que pagar las consecuencias. Se debe proporcionar información a través de estadísticas periódicas en medios nacionales sobre la deuda nacional, y es crucial que la deuda de los gobiernos subnacionales también se publique. En este sentido, una ciudadanía mejor informada podrá exigir mejor a sus autoridades mayor prudencia y un mayor control de los recursos de deuda.
El autor es analista socioeconómico
