En una conversación sostenida hace mucho tiempo con mi padre sobre política y economía, el iniciaba diciendo: “hijo depende con el cristal que mires”, en este sentido, previamente a realizar una narrativa respecto al estado económico de nuestro país y sus perspectivas el 2024 se requiere identificar básicamente el modelo y política económica vigente durante 17 años continuos[1], para mirar con el cristal que utiliza el gobierno y luego con otro cristal de leyes y principios económicos. En este sentido, cuando la asignación de los recursos a la economía es mediante un plan, en donde el principal protagonista es el Estado se denomina Economía Populista[2], y cuando prevalece los mecanismos del mercado y un Estado con el rol de regular las actividades, protegiendo a los grupos más vulnerables y redistribuyendo los ingresos mediante programas sociales, se conoce como una Economía Mixta.
¿Cuál es el tipo de modelo y política económica de Bolivia?
Desde el 2006 funciona una estructura organizativa administrativa y política de transición hacia el socialismo y la economía con el nombre de economía plural[3] constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
Una narrativa sobre el “modelo de economía plural” es que se basa en una concepción de la sociedad y la economía que pretende mostrar a las acciones estatales como fruto de decisiones colectivas pactadas libremente, sin respetar la libertad individual de las personas y suponiendo que los ingresos transitorios y permanentes fiscales se mantendrían indefinidamente que asegurarían la expansión del gasto fiscal (mirando con los cristales del gobierno), pero con costos elevados de pérdida de la productividad y competitividad económica del país, asimismo, por su lógica y el rol del Estado, según la teoría de economía política permite señalar que es un Modelo de Economía Populista de transición hacia el socialismo[4], que fue experimentado en diversas oportunidades en el país y finalizaron con resultados nefastos que para resolverlos se aprobaron políticas de ajuste y reformas estructurales, con elevados costos económicos, sociales y políticos que afectaron el bienestar de la sociedad (mirando con los cristales de leyes y principios económicos).
¿Cuál es el estado económico al 2023?
Bolivia ya experimento desde su creación varios procesos similares al que está vigente (2006-2023) beneficiado por creciente y elevada restricción presupuestaria proveniente de una bonanza económica de 8 años y la siembra económica durante 20 años anteriores, que permitió financiar la expansión del gasto público de 2 dígitos, para que el Estado realizará casi todas las funciones imaginables en la economía y dirigir la misma hacia una economía socialista a costa de la productividad, competitividad económica del país y la libertad individual, priorizando la acción del Estado mediante políticas selectivas y preferenciales a la economía comunitaria[5] y el resto de las organizaciones económicas de la economía plural a cumplirlas.
La mirada con cristales del gobierno con su modelo y política económica tiene orientación de: frenos (controles); apreciación de la moneda el boliviano favorecido por el elevado incremento del flujo y stock de dólar que facilito la desdolarización o bolivianización de las transacciones económicas y financieras; incremento de los depósitos bancarias; aumento de las recaudaciones tributarias y coparticipación tributarias; cuotas de exportación; control de precios y subsidio de algunos productos; subsidio de los combustibles; transferencias condicionadas; redistribución del ingreso; congelamiento del tipo de cambio nominal desde noviembre del 2011; asistencialismo, clientelismo; des institucionalismo; subvención del diésel, gasolina, GLP[6], harina, azúcar; elevación de la deuda pública; aumento de la deuda flotante, etc.. características que no tuvieron problemas de financiamiento hasta el 2013, hasta que posteriormente y hasta la actualidad continuo la expansión del gasto público a pesar de la declinación de los ingresos públicos y retornando a los déficit fiscales, disminución del flujo y stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia que no es garantía de continuar con un tipo de cambio fijo oficial por la escasez de dólares y la aparición del mercado paralelo de la divisa a una cotización superior que encarece el precio de los productos nacionales e importados que vienen soportando los empresarios y consumidores, a pesar de la oferta de divisas a la cotización oficial por internet, establecimiento de un mercado cambiario preferencial para los exportadores, utilización de las barras de oro para cancelar el servicio de la deuda externa, elevado déficit fiscal, déficit de balanza comercial, baja tasa de crecimiento económico, costo de vida baja pero mantenerlo tiene un costo creciente de subvención, que significa que tenemos una “Inflación Reprimida”, y tasa de desempleo baja, pero en un entorno de aproximadamente de 80% de sector informal y 20% de sector formal, es decir son empleos precarios que explican dicho resultado. Por otra parte, las calificadoras de riesgo emitieron informas sobre la economía boliviana no favorables colocándola como de elevado riesgo país que desalentaría a la inversión privada nacional y extranjera. En este contexto, las autoridades gubernamentales intensificaron en continuar con la creación de empresas públicas para ir a la industrialización con sustitución de importaciones.
La publicación de cifras oficiales de las principales variables macroeconómicas al 2023 son: tasa de crecimiento económico al 2do. Trimestre de 2,21% y estiman que cerrará en 2,7%[7]; tasa de inflación a noviembre de 1,48%; tasa de desempleo nacional de 3,6%; a septiembre las exportaciones $US8.340 millones y las importaciones a septiembre $US8.280 millones con saldo positivo de $US60 millones y la deuda externa respecto al producto (PIB) a octubre de 29,8% y sobre el déficit fiscal respecto al PIB se contaría con dicha cifra después de concluir el cierre de ejecución presupuestaria y contable 2023.
La evaluación de los resultados de los indicadores económicos respecto a los programados permite identificar los siguientes desvíos: tasa de crecimiento económico de 2,16 puntos porcentuales menor al estimado y tasa de inflación de 2,12 puntos porcentuales menor al estimado, es decir, no se lograron alcanzar las cifras utilizadas en la formulación del Presupuesto General del Estado 2023. Por otra parte, la cifra del desempleo efectivamente es la más baja que se registró, pero con un sector informal de la economía de aproximadamente 80% y 20% del sector formal que significa que son puestos de trabajo precarios. Respecto al balance comercial a septiembre es positivo, sin embargo, durante el último trimestre podría revertirse dicho resultado por la estacionalidad del período. Con relación al indicador de la deuda pública respecto al PIB únicamente es la deuda externa, omitiendo la deuda interna que corresponde agregarla, para tener la deuda pública total de las obligaciones del sector público que al 2022 registro 80% y a octubre 2023 sería mayor, y a futuro con posibilidad de riesgo de ingresar a un default.
¿Cuál es la perspectiva económica del 2024?
La economía boliviana es pequeña y abierta respecto al total de la economía mundial, vulnerable a los shocks externos, tomadora de los precios internacionales, y a nivel interno con un sector formal de al menos un cuarto del total de la economía de participación con frenos (controles) y con tendencia declinante por la alta presión tributaria y otros sectores económicos generadores de elevados ingresos y utilidades favorecidos con nula o bajísima presión tributaria que continuarían el 2024, en este futuro escenario continuaría el actual modelo y política económica, subestimando los signos de elevada vulnerabilidad en cuanto a la sostenibilidad del crecimiento económico, generación y acumulación del stock de divisas, ingresos fiscales, elevación del servicio de la deuda externa, aumento del déficit fiscal, desempleo y expectativas inflacionarias.
Un registro de cifras de ingresos y gastos fiscales de cada institución pública nacional, departamental y municipal, agregado y consolidado de todo el sector público boliviano de la próxima gestión 2024 asignado para la ejecución de políticas públicas programadas se tienen en el Presupuesto General del Estado (PGE) que es un instrumento de política económica, que en su elaboración considero lo siguiente: tasa de crecimiento económico de 3,71% menor en 1.15 pp; tasa de inflación similar a la esperada al 2023; un déficit fiscal superior en 0,31 pp al esperado al 2023 y se mantendría el tipo de cambio en una banda cambiaria de (+) y (-) 10. Otro dato económico es el precio del barril de petróleo que se utilizo es $US71,0.
El presupuesto agregado 2024 es Bs 340.317.970.486 y el presupuesto consolidado de Bs 265.558.034.072, que significa un incremento de 7,3% y 8,9% respectivamente con relación a la gestión fiscal 2023. También registra un monto de Bs 10.000.000 para la subvención de alimentos e hidrocarburos. Respecto a la
inversión pública son $US 4.274 millones. En el resto de ingresos y gastos fiscales se mantiene la línea iniciada desde el 2006 y el plan de desarrollo económico social (PDES) 2021-2025. También incorpora la emisión de los bonos soberanos por $US2.000 millones y que el Ministerio de Planificación del Desarrollo suscriba un contrato de crédito externo por $US700 millones, asimismo, un aumento del capital al Banco Unión con recursos del TGN, así como se realice las alianzas estratégicas de las empresas públicas del nivel central para la colocación de las inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país.
Un título de Disposiciones Adicionales con tres componentes que corresponden ser tratadas en otras leyes específicas y un título de Disposiciones Finales con dos componentes con incisos de comienzan desde la a) hasta la x) que fueron aprobadas en gestiones anteriores y señalan que se mantienen vigentes el 2024.
El instrumento de política económica aprobada en la Cámara de Diputados con observaciones fue enviada a la Cámara de Senadores donde también la aprobaron con observaciones y remitida nuevamente a la de Diputados y sea presentada al plenario de la Asamblea Legislativa, sin embargo, antes de su tratamiento legislativo declararon receso.
Para la gestión fiscal 2024 mantiene las mismas características de anteriores años: incremento del PGE agregado y consolidado; tipo de cambio fijo; expansión del gasto público (corriente y de capital); elevado déficit fiscal, desahorro público, deuda flotante, crédito externo, crédito interno y continuar con una política económica de redistribución del ingreso, creación de empresas públicas y sustitución de importaciones en un marco de capitalismo de Estado modelo de transición hacia un sistema económico socialista, que debería revisarse esta política económica, porque no es sostenible por el elevado nivel del gasto público.
Los ingresos públicos por la exportación de gas serían menores respecto a gestiones anteriores, que significará menor ingreso de divisas y depósitos en las cuentas fiscales, baja recaudación tributaria, coparticipación tributaria y regalías.
Los gastos fiscales corrientes serían cubiertos con los ingresos fiscales corrientes y los ingresos de capital no serían suficientes para financiar la inversión pública, brecha fiscal que serían financiados con crédito público porque ya no se cuenta con un espacio fiscal[8], sin embargo, el PGE para el 2024 continúa elevado y tendría que racionalizarse cuidadosamente.
La ratio PGE/PIB para el 2022 y 2023 fue 79% y 80% respectivamente y para la gestión 2024 sigue la tendencia creciente, de igual manera, los gastos del Tesoro General de la Nación (TGN) se elevan porque son recurrentes e inflexibles a la baja, como son el pago de salarios, renta vitalicia, servicio de la deuda pública, los programas sociales y transferencias condicionadas y no condicionadas, así como las subvenciones a los hidrocarburos, alimentos y servicios básicos, sin embargo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es posible lograr la racionalización del gasto público, achicando el tamaño del Estado central porque a nivel subnacional rigen las autonomías y descentralización.
En conclusión, continuaría el modelo, política económica y programación de las variables económicas optimistas de crecimiento económico, baja inflación reprimida déficit fiscal con la finalidad de mantener el nivel, tendencia y crecimiento del gasto fiscal iniciado desde el 2006 a pesar de ser nulo los ingresos transitorios (bonanza económica) y los ingresos permanentes insuficientes que resultaran en un elevado déficit fiscal porque la apuesta a la generación de nuevos ingresos de operación por parte, del inicio de actividades de las empresas públicas Siderúrgica del Mutún, Yacimientos de Litio de Bolivia y otras están demoradas y entonces proseguirán recurrir al crédito público interno y externo afectando a la generación presente y futuro de los bolivianos al asumir el compromiso de utilizar los ingresos públicos, para amortizar el capital y el pago de intereses. en la próxima gestión fiscal sabiendo que se tiene una severa restricción de la declinante tendencia a la baja del flujo de divisas y el stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia y también el nivel, tendencia de la deuda interna alcanzo un elevado monto que de continuar con la tendencia creciente, se pondría en riesgo la estabilidad económica[9].
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[1] Excepto el período noviembre 2019-noviembre 2020.
[2] También se llama capitalismo de estado, economía de transición hacia el socialismo, economía de transición hacia el capitalismo y en Bolivia economía plural con énfasis la economía social comunitaria productiva (MESCP).
[3] Constitución Política del Estado, Título I Organización Económica del Estado, Capítulo I Disposiciones Generales, artículo 306, numerales I-V.
[4] “Una y otra vez, en un país como en otro, los gobernantes han aplicado programas económicos que recurren en gran medida al uso de las políticas fiscales y crediticias expansivas y a la sobrevaluación de la moneda para acelerar el crecimiento y redistribuir el ingreso. Al aplicar estas políticas, por lo general no ha habido preocupación por la existencia de restricciones fiscales y cambiarias. Después de un breve período de crecimiento y recuperación económica, surgen cuellos de botella que provocan presiones macroeconómicas insostenibles y que finalmente conducen al derrumbe de los salarios reales y a graves dificultades de balanza de pagos.” Dornbusch y Edwards (1992).
[5] Son los procesos productivos impulsados por: organizaciones sociales, comunitarias y micro y pequeños empresarios, artesanos, Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) Organizaciones Productivas, Comunidades y Asociaciones urbanas y rurales, basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad. (PND)
[6] La última semana de diciembre 2010, el 26 se aprueba suprimir los subsidios de los carburantes y luego transcurridos 5 días, el 31 de diciembre abroga la medida de suprimir los subsidios de los carburantes
[7] Ahora EL PUEBLO, lunes 25 de diciembre de 2023.
[8] El espacio fiscal es la disponibilidad de recursos para financiar un incremento en el gasto público sin comprometer la sustentabilidad de la posición financiera del gobierno o la estabilidad de la economía (Heller 2005).
[9] Según Dornbusch y Edwards (1992) distinguen cuatro fases comunes a la gran mayoría de experiencias de economías populistas. La primera crece la producción, los salarios reales y empleo, y las políticas macroeconómicas tienen gran éxito. La segunda se crea cuellos de botella en la economía debido en parte a una fuerte expansión de la demanda de bienes nacionales y en parte a una creciente falta de divisas. La tercera es la escases generalizada, aceleración de la inflación, deficiencia de divisas, fuga de capitales y desmonetización de la economía, déficit presupuestario, disminución de ingresos fiscales y aumento del costo de los subsidios. Finalmente, viene una estabilización ortodoxa de la economía.
El autor es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
