ERICK R. TORRICO VILLANUEVA
La democracia en Bolivia está suspendida. Esto es, ha dejado de tener vigencia y se encuentra en serio riesgo de ser desmontada por completo.
Dos hechos muy graves corroboran esta situación: el desconocimiento oficialista de las disposiciones constitucionales y la suplantación de la soberanía popular.
En el primer caso, no se trata apenas de que el actual presidente se haya declarado candidato por cuarta vez consecutiva pese a la expresa prohibición existente al respecto, sino de que para dar visos de legalidad a tal arbitrariedad la Carta Fundamental fue forzada por el grupo gobernante mediante una maniobra del órgano que –paradójicamente– estaba encargado de asegurar su aplicación.
De esa forma, la norma constitucional resultó antojadizamente “interpretada” y, en los hechos, modificada. En eso consiste, de inicio, la violación de la Constitución, es decir, el quebrantamiento de la ley que sostiene el pacto social sobre el que se levanta la nación.
Esa funesta acción, orientada simplemente a posibilitar la reproducción del poder y a garantizar la impunidad de quienes administran ahora el Estado, sienta un trágico precedente para el futuro del régimen de libertades en que se funda la convivencia democrática boliviana. Por eso, alarman la inconciencia histórica y el oportunismo político-económico que sacan a relucir cada vez con mayor soberbia los operadores de este desastre que, sin duda, va a dañar con severidad la vida de generaciones.
La insostenible pretensión de convertir en legal lo ilegal que acompaña todas las afirmaciones del oficialismo acerca de este tema, y que espera alcanzar su clímax en el simulacro electoral anunciado para octubre de este año, representa nada más la prosecución –aunque a nivel superlativo– de la ya habitual práctica abogadil chicanera que es una de las marcas de fábrica de la actual gestión gubernamental.
En el otro caso, que implica también una profunda vulneración constitucional, el voto de la gente, traductor y medidor de la voluntad popular, ha sido descartado y considerado simplemente inservible. Con ello, el voto como institución de la democracia resultó abolido, al tiempo que la del referendo quedó inutilizada.
Por un avieso mecanismo, que anuló los resultados de la consulta del 21 de febrero de 2016 en que la ciudadanía rechazó por mayoría la habilitación de una nueva candidatura continua del gobernante, el aparato gubernamental usurpó al pueblo la titularidad del poder que el sistema democrático le confiere y está señalada por el artículo 7 de la Constitución. Así, la soberanía popular, como fuente de la autoridad legítima, pereció el 28 de noviembre de 2018 a manos del “Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Entonces, ¿es todavía posible hablar de democracia si la Constitución ha dejado de regir la vida política del país y si el soberano ha sido reemplazado por una tiranía en proceso?
Con la violación de la ley suprema como trasfondo, candidatos oficialistas apócrifos, árbitro electoral bajo sospecha, antecedentes gubernamentales de manipulación y engaño, doble discurso presidencial, desprecio oficial por la ciudadanía y una ilusa pero utilizable oposición fragmentada, las recién convocadas elecciones abren con su ilegitimidad el camino no sólo para “legalizar” el atropello histórico que sufre el pueblo boliviano sino para llevar a “feliz término” la des-democratización en curso.
La situación es dramática. Justo cuando cabía celebrar el 37 aniversario del restablecimiento de los derechos y libertades en el país, octubre de 2019 se anuncia más bien como el momento de su probable clausura.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político
Twitter: @etorricov
