¿Debemos endeudarnos para el Covid19?

Un país al enfrentar una catástrofe natural, una crisis económica, una guerra o una pandemia del “Corona Virus-COVID19 como el que actualmente vive todo el mundo, el agente económico “Gobierno” es el que asume la responsabilidad en el diseño y ejecución de la política económica para resolver el problema que afecta a sus ciudadanos.

El COVID19 ocasiono una crisis sistémica de economía de guerra, porque impacta a la demanda, a la oferta y a la cadena de valor de los países, entendiendo por tal hecho que afecta a los agentes económicos:  empresa, consumidor, gobierno y resto del mundo, en sus transacciones financieras y reales, y la toma de decisiones económicas en el presente y que continuaran en el futuro. En un contexto económico de Fin del Mundo o Diluvio Universal no tiene sentido que los agentes económicos continúen con sus transacciones financieras y reales normales: los empresarios inviertan, los contribuyentes hagan fila para pagar impuestos, los bancos exijan el pago de los créditos a sus clientes, etc., mientras que en un sistema la clave está, precisamente, en que las transacciones económicas que se hacen hoy posibiliten el mecanismo que también las haga factibles en el futuro.

En las finanzas públicas el Gobierno, para utilizar ingresos, asignar gastos y contratar deuda pública requiere el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas y demás normas conexas, que es una importante distinción que hace la diferencia con relación al agente económico Empresa Privada, que únicamente requiere la aprobación de los Estados Financieros de una gestión por parte de los accionistas, incentivados por los futuros elevados dividendos a percibir.

En el desenvolvimiento de la economía, el “Gobierno” actúa como agente económico y puede influir en la economía mediante: impuestos, gasto público, deuda pública y regulación. Cuando los ingresos son menores a los gastos resultan en un déficit fiscal, se recurre a la deuda pública como de financiamiento.  La deuda pública es una obligación de pago generada por la contratación de préstamos que pueden ser adquiridos por un Estado de fuentes internas o el exterior.

La deuda pública externa es la acumulación de préstamos efectuados por el gobierno boliviano con organismos internacionales, países o privados. La deuda interna se compone de: títulos valores emitidos por el TGN de corto plazo (Letras del Tesoro) o de Largo Plazo (Bonos del Tesoro) y créditos directos del BCB. También el BCB emite títulos valores con similares características que las del TGN, para precautelar el poder adquisitivo del boliviano. 

Mediante regulación en los mercados particularmente de monopolios naturales, el Gobierno dispone el marco normativo, procedimental, operativo y otros sobre su funcionamiento.

Mediante la política económica se asume decisiones difíciles, con poca información, el tiempo en contra y una población descontenta exigiendo soluciones inmediatas, como vivimos actualmente en nuestro país con la pandemia del COVID19. No se pueden dar el lujo de ignorar lo urgente que afecta la vida de las personas. La cuestión es cómo lo enfrentan, que recursos tienen, como lograran que llegue oportunamente la solución a sus ciudadanos, que pasara después (Día después). La política económica, depende del escenario en el cual la población está siendo afectada por problemas sobre la cual se aplica.  Es difícil encontrar una medida de política económica que mejore la situación de todos, o al menos que mejore la de algunos sin comprometer la de otros, aspecto que fue advertido por la Sra. Joan Robinson que señalo: “En el análisis económico se distinguen a los que construyen las herramientas económicas y los otros las que la utilizan. Al economista analítico como una caja de herramientas” , y reiterado por Juan Carlos de Pablo: ““Los instrumentos de política económica son herramientas específicas. Devaluar, congelar, prohibir, desregular, etc., son buenos ejemplos de instrumentos. Mientras que eficientizar, concientizar, etc., no lo son.” 

Para enfrentar la pandemia del COVID19, la disyuntiva de ortodoxia versus heterodoxia, es sustituida por basar la política económica en la realidad económica, social, política, cultural y psicológica utilizando el cajón de herramientas económicas.

La herencia fiscal dejada por el ex presidente Morales (2006-2019): 8 años (2006-2013) superávit fiscal acumulado de 14,5 % respecto al PIB, 6 años (2014-2019) déficit fiscal acumulado de 46,8 % al PIB y neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 % respecto al PIB. 

La tendencia del déficit fiscal global es creciente y la tasa de crecimiento económico real del PIB es decreciente, registrando el 2019 la tasa más baja de 2,2 %. Mientras que en 2014 se requerían 60 centavos por cada boliviano que aumentó el PIB en términos reales, en 2019 se necesitaron 3,3 bolivianos. Para la gestión 2020 la tendencia del nivel del déficit fiscal esperado sería creciente por la amenaza del COVID-19 y la paralización de la actividad económica por la declaratoria de la cuarentena de toda la población que rige desde el 22 de marzo hasta el 30 de abril, que son 40 días de paralización obligatoria de las actividades económicas afectando desfavorablemente el crecimiento económico del país . En este contexto, consideramos una estimación de 10% de déficit fiscal global respecto del PIB y un decrecimiento económico real de 5,0 % para el 2020 , que significa que la deuda pública (déficit fiscal)  continuaría creciendo más rápido y decrecería  el PIB real, de donde resulta que las finanzas públicas del país está cada vez bajo rendimientos decrecientes porque es más costoso financiar la expansión fiscal y menor es el impacto de éste en el crecimiento económico real (ver cuadro 1).

Los aspectos destacados de la deuda pública externa 2014-2019 fueron que van de un mínimo en términos de monto de $US 6.035,7 millones que representó un 18,21 % del PIB en 2014, a un máximo en términos de monto de $US 11.276,4 millones que significó un 27,1% del PIB en 2019.

La CAN recomienda un ratio Deuda Externa/PIB máximo de 50% y el país cuenta con margen de continuar incrementando su deuda, para financiar el sector salud y proteger la vida de 11 millones de bolivianos.

Una proyección de un déficit fiscal de 10 % respecto al PIB en 2020 incrementaría la deuda externa $US 1.126,8 millones y el ratio de deuda aumentaría 2,7 puntos porcentuales respecto al PIB respecto al 2019 (ver cuadro 2).

Con déficit fiscal acumulado de 32,3 % respecto al PIB , iliquidez del TGN y que no logra satisfacer el incremento de la demanda por bienes y servicios públicos de salud y nuestro país se enfrenta en el corto plazo a una disyuntiva entre contratar crédito o asumir una disciplina fiscal. En este contexto la decisión es ser un demandante de fondos prestables en el mercado internacional, complementando con políticas: crediticias, cambiaria, comercio exterior, fiscales y monetarias adecuadas a nuestra realidad económica, política y social de forma sincronizada inyectando liquidez a la economía particularmente al TGN.

Las medidas económicas aprobadas durante el primer cuatrimestre 2020 para enfrentar la emergencia sanitaria son iniciativas destinadas a otorgar efectivo y descuentos (subsidios) directos a la población, con la finalidad de mantener la cadena de pagos en el flujo circular de la economía y continué realizándose las transacciones económicas internas y externas, buscando suavizar la paralización de las actividades económicas a través de impulsos fiscales la demanda (ver cuadro 3)

De acuerdo a declaraciones de autoridades gubernamentales  para cancelar los bonos y subsidios se utilizará el dinero que proviene, del ahorro y readecuación de proyectos de inversión pública.  Otras dos medidas económicas fundamentales están la inyección de 3.476 millones de bolivianos a la economía con la compra de bonos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el préstamo de “emergencia sanitaria” de mil millones de dólares (siete mil millones en bolivianos) que emitió el Banco Central de Bolivia a finales de marzo de 2020.  El principal objetivo de la política económica no convencional es inyectar recursos al mercado interno con la dotación de bonos a los sectores sociales más vulnerables, además de garantizar la liquidez del sistema financiero.

Una vez que pase la emergencia sanitaria del COVID-19, es importante mejorar la calidad del gasto fiscal e implementar reformas fiscales para reactivar la inversión privada, crear empleos formales de calidad, y proteger de manera sostenible a los segmentos vulnerables de la población.

Países desarrollados, emergentes y en desarrollo descubren la debilidad de sus sistemas sanitarios, para enfrentar el COVID.

Los organismos financiadores internacionales en marzo 2020 determinaron poner a disposición de los países, líneas de crédito para el COVID19, que incrementa    la oferta de crédito.

El FMI  oferta diferentes facilidades de préstamo y desembolso rápido de crédito de emergencia, que podría ascender a $US50 mil millones para mercados emergentes y de bajos ingresos. De estos, $US10 mil millones están disponibles a una tasa de interés cero por ciento, para los miembros más pobres.

El Banco Mundial y Junta de Directores de la Corporación Financiera Internacional (IFC)  aprobaron un aumento  a USD 14 000 millones el paquete de financiamiento de desembolso acelerado para ayudar a las empresas y los países en sus esfuerzos por prevenir, detectar y atacar la rápida propagación de la COVID-19. Con este paquete se reforzarán los sistemas nacionales de preparación en la salud pública, en particular en lo que respecta a la contención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

La CAF  pone a disposición una Línea de Crédito de Emergencia de rápido desembolso hasta por USD 2.500 millones, que le permitirá a las autoridades ofrecer una respuesta rápida y oportuna para mitigar los efectos de la expansión del COVID-19, aportar a la continuidad de las operaciones de las empresas y  recuperación del crecimiento económico.

El BID  anuncio que ante el COVID19 su financiamiento enfoca a 4 áreas: salud, seguridad para poblaciones vulnerables, productividad y empleo, políticas fiscales para aliviar impactos económicos. La cartera actual de salud podrá reprogramarse y los países dispondrán hasta $US12.000 millones para la crisis sanitaria y sus consecuencias.

El FONPLATA  puso a disposición de sus países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) la modalidad de una línea especial de préstamo destinada a atender la emergencia del COVID-19 a través de procedimientos abreviados especiales para la aprobación y desembolsos en forma expedita.  También creó un fondo especial de cooperación técnica no reembolsable cuyos recursos serán destinados entre los cinco países para atender las acciones que se implementen a fin de mitigar los efectos de la pandemia. Adicionalmente se ha acordado la reasignación de recursos de préstamos aprobados a los efectos de fortalecer la capacidad de respuesta para enfrentar la pandemia en forma más eficaz.

Es una oportunidad para los países y en especial para Bolivia solicitar de forma inmediata los recursos para fortalecer el sector salud.

Todos los organismos financiadores internacionales delinearon sus políticas de financiamiento de fácil acceso y desembolso rápido destinado al sector salud que soliciten los países (ver cuadro 3).

El Gobierno remitió notas a: FMI, BM, BID, CAF y FONPLATA, para solicitar créditos que ayuden a enfrentar la pandemia del COVID-19.  Con el FMI cada país puede acceder hasta el monto de su cuota suscrita sin condicionamiento por la emergencia. 

En un comunicado del organismo financiero internacional señala que: “El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia, por 320 millones de dólares, en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para ayudar al país a enfrentar las necesidades de balanza de pagos derivada de la COVID-19, respaldar los gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger el bienestar de la población”.

El crédito aprobado de 320 millones de dólares, corresponde a la cuota que tiene Bolivia en el Fondo Monetario Internacional, que es el 100% del valor, para apoyo presupuestario y todo lo que se refiere a la atención del coronavirus que no tiene ninguna condición previa.

La CAF en un comunicado de prensa, informó que otorgó un crédito por $us 50 millones, financiamiento que tiene como fin el fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país, frente al COVID-19, principalmente serán para la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, la contratación de médicos especialistas y enfermeras para la atención a los pacientes, la capacitación al personal en el manejo de la pandemia y la compra de insumos y equipamiento para los diferentes niveles de atención.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley de un crédito externo de € 21.598.495 ($US 23.542.360) de la República de Italia, destinado al sector sanitario.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, mediante un boletín institucional hecho público informo que aprobó un préstamo por un total de $us 254 millones, en favor del Estado boliviano para el financiamiento de al menos tres bonos sociales.

Con relación a donaciones recibidas, en marzo de la presente gestión, la CAF otorgó 400.000 dólares de donación, mediante recursos de cooperación técnica no reembolsable, dirigidos a apoyar el plan nacional de contingencia de preparación y respuesta para la prevención de este virus. También FONPLATA efectuó un donativo de 200.000 dólares para la compra de equipos e insumos médicos. En total la donación externa que ha recibido nuestro país asciende 1.425.012 dólares proveniente de organismos internacionales y países amigos. 

El total de crédito y donación externa que el país logro para financiar la lucha contra la pandemia del COVID-19 asciende a $US 648.949.372 (ver cuadro 5).

El agente económico “Gobierno” es el que asume la responsabilidad en el diseño y ejecución de la política económica para resolver el problema que afecta a sus ciudadanos.

La pandemia del COVID19 ocasiono una crisis sistémica inmersa en una economía de guerra. 

La ortodoxia y heterodoxia, es sustituida por el cajón de herramientas económicas.

Si debemos endeudarnos para financiar el sector salud y proteger la vida de los 11 millones de bolivianos porque tenemos margen para contratar deuda pública.

Fueron aprobadas varias medidas económicas durante el primer cuatrimestre 2020 para enfrentar la emergencia sanitaria son iniciativas destinadas a otorgar efectivo y descuentos (subsidios) directos a la población, con la finalidad de mantener la cadena de pagos en el flujo circular de la economía.

El principal objetivo de la política económica no convencional es inyectar recursos al mercado interno con la dotación de bonos a los sectores sociales más vulnerables, además de garantizar la liquidez del sistema financiero.

Una vez que pase la emergencia sanitaria del COVID-19, es importante mejorar la calidad del gasto fiscal e implementar reformas fiscales para reactivar la inversión privada, crear empleos formales de calidad, y proteger de manera sostenible a los segmentos vulnerables de la población.

Si para el 2020 proyectamos un déficit fiscal de 10 por ciento respecto al PIB, se incrementaría la deuda externa $US 1.126,8 millones y el ratio de deuda aumentaría 2,7 puntos porcentuales respecto al PIB respecto al 2019.

Políticas fiscales y monetarias sincronizadas con el resto de instrumentos adecuadas a nuestra realidad económica, política y social para inyectar liquidez a la economía particularmente al TGN.   

Es una oportunidad para los países y en especial para Bolivia solicitar de forma inmediata los recursos externos que los organismos financiadores internacionales ofertan de fácil acceso y desembolso rápido destinado al sector salud para encarar la lucha contra la pandemia del COVID19.

El Gobierno remitió notas a: FMI, BM, BID, CAF y FONPLATA, para solicitar créditos que ayuden a enfrentar la pandemia del COVID-19. 

De 5 organismos internacionales y bilaterales a los que se solicitó crédito fueron tres instituciones que aceptaron: el primero del FMI un crédito aprobado de 320 millones de dólares que  corresponde, a la cuota que tiene Bolivia en el Fondo Monetario Internacional, que es el 100% del valor, para apoyo presupuestario y todo lo que se refiere a la atención del coronavirus que no tiene ninguna condición previa, el segundo de la CAF un crédito por 50 millones de dólares, financiamiento que tiene como fin el fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país, frente al COVID-19, el tercero del Banco Mundial un crédito de 254 millones de dólares para financiar el pago de los bonos sociales; uno bilateral de la República de Italia un crédito concesional de 23,5 millones de dólares para el sector sanitario.

El total de deuda externa de Organismos Internacionales y Bilaterales destinado a enfrentar la pandemia del COVID-19 asciende 647.524.360 dólares americanos.

La donación externa que ha recibido nuestro país asciende 1.425.012 dólares proveniente de organismos internacionales y países amigos. 

El total de crédito y donación externa que el país logro durante los primeros cinco meses de 2020 asciende a $US 648.949.372 dólares americanos.

Una vez que pase la emergencia sanitaria del COVID-19, es importante mejorar la calidad del gasto fiscal e implementar reformas fiscales para reactivar la inversión privada, crear empleos formales de calidad, y proteger de manera sostenible a los segmentos vulnerables de la población.

En un contexto de una grave contracción económica, como efecto del COVID-19, el  actual Gobierno, no solo tienen que quedarse atendiendo la emergencia sanitaria, sino que de manera urgente convocar a un diálogo nacional con todos los sectores económicos, académicos y sociales para tomar decisiones inmediatas y oportunas a través de tres vías de salvataje para evitar caer en recesión y camino a una grave crisis económica. 

Las tres opciones son: primero, desde el Estado dotarles de un capital de trabajo a cada empresa del país; segundo, constituir un fondo de recuperación económica; y tercero, poner en operación, hoy más que nunca, instituciones conocidas como el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Rural), el FIS (Fondo de Inversión Social), el BDP (Banco de Desarrollo Productivo), entre otros.