ERICK R. TORRICO VILLANUEVA
¿Qué posibilidades concretas tienen los candidatos opositores de alzarse con una victoria en el simulacro electoral convocado por el gobierno para octubre próximo?
Intentar responder a esta pregunta es fundamental no sólo para los postulantes a la presidencia ajenos al oficialismo sino para el conjunto de la ciudadanía, pues de los resultados de esa votación dependerá lo que le suceda en el futuro inmediato a lo que queda de la democracia en el país.
Pero para reflexionar respecto al escenario electoral que se avecina, es necesario tomar como punto de partida estos cuatro hechos básicos:
1. Las elecciones presidenciales programadas para el 20 de octubre de este año son ilegales porque vulneran la prohibición constitucional de la reelección continua y son ilegítimas porque ignoran la voluntad popular mayoritaria expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016 que justamente rechazó el levantamiento de ese veto.
2. La forzada candidatura oficialista está, por eso, viciada de nulidad.
3. Los órganos de poder del Estado y sus operadores son todos cómplices de este atentado que deja al régimen democrático en estado de suspensión, pues la norma madre, la Constitución, está en los hechos fuera de vigencia.
4. Las organizaciones políticas opositoras se han dejado arrastrar a participar, divididas e improvisadas, en esas elecciones que –sin embargo y paradójicamente– se les aparecen como la única salida “legal” a la crisis general de la institucionalidad en el país.
Sentados estos elementos, es indispensable relacionar las posibilidades de que pudiera darse un triunfo opositor en las urnas con las condiciones requeridas para ello.
En lo fundamental, lo que haría falta para que la derrota oficialista se convierta en realidad implica cuando menos lo siguiente:
- La construcción de un liderazgo democrático nacional colectivo, integrador y propositivo animado por un proyecto de país intercultural, con equidad de género y conciencia ecológica.
- La formulación precisa de una agenda nacional unificadora y movilizadora, a semejanza de lo acontecido entre 2003 y 2005. Ese temario de defensa democrática, fundamentalmente político, debería incluir metas urgentes como el respeto de la ley, la recomposición de las instituciones, la separación efectiva de los poderes, la transformación de la justicia y la recuperación de la integridad moral. El programa puede venir después.
- Una abierta e intensa polarización de la ciudadanía en torno a esa agenda en confrontación con el presente y el futuro de constante ilegalidad que entraña la violación gubernamental de la Constitución.
- La concentración del voto ciudadano en una candidatura opositora que promueva esa agenda y sea reconocida como la que sintetice de mejor modo la defensa de la soberanía popular y una propuesta de cambio político consistente y fiable.
- Un caudal significativo de información pluralista, analítica y de profundidad sobre política, economía y sociedad que provenga tanto de medios periodísticos profesionales como de centros de pensamiento académicos y no gubernamentales.
- La masiva e informada concurrencia de los electores a las urnas con la decisión de no desperdiciar el voto y de ejercitar un estricto control de los escrutinios.
Hay, además, otra condición muy importante para la victoria sobre la arbitrariedad antidemocrática, pero que en este momento escapa a la responsabilidad ciudadana: la existencia de un árbitro electoral confiable. Las otras, al contrario, dependen en gran medida de lo que estén en capacidad (y voluntad) de hacer las organizaciones políticas opositoras y los ciudadanos.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político.
